Despolitizando la Constituyente
Tenemos una irresistible tendencia a juzgar las cosas a través de prismas personales. Los asuntos así evaluados valen si los apoya fulano de tal o no valen si el panegirista es perencejo nuestro adversario. Tal acontece con la Constituyente, aprobada o rechazada según las simpatías o antipatías que genera un conocido abogado del patio. Despolitizar la Constituyente, discutir su factibilidad en función de principios y no de personas, alejarla de vaivenes coyunturales, es la consigna de quienes anhelan la redacción de una nueva Carta Política, de cara a los retos del tercer milenio.
Ningún ciudadano en su sano juicio podría oponerse a la redacción integral de una nueva Constitución, debatida bajo un régimen democrático con la participación libre de la sociedad civil. Lo deseable sería que el Organo Ejecutivo nombre una comisión integrada por representantes de todos los sectores de la sociedad, incluyendo juristas de reconocido prestigio en materia constitucional, que plasme un anteproyecto que sería discutido con toda la amplitud posible por la ciudadanía. Para esto, no es necesario llamar a un referéndum, perturbar el orden constitucional o poner en ascuas la situación socio-económica nacional. El producto del trabajo de dicha comisión debe ser entonces sometido a consulta pública de acuerdo a los procedimientos de reforma que la Constitución vigente contempla.
Así nombrada dicha comisión, sus integrantes deberán abarcar temas como la recuperación de la soberanía nacional y la transferencia del Canal, hasta las conquistas más avanzadas del hombre contemporáneo en materia de derechos humanos, protección ecológica y, por supuesto, la modernización y descentralización de las instituciones fundamentales de la República.
Se trataría de una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de Panamá como Estado de derecho y miembro activo de la comunidad internacional. Una Constitución que nos ponga al día con las nuevas corrientes ideológicas, científicas y tecnológicas que han cambiado radicalmente la posición que teníamos hace veinte o más años de país dependiente de una potencia. Algo hemos asimilado de las nociones que revolucionaron el siglo XX, pero lo hemos hecho en forma parcial e inorgánica a través de convenios, tratados y modificaciones constitucionales intermitentes. En fin, nos merecemos una nueva Constitución que ratifique la madurez adquirida en la continuidad de tres gobiernos democráticos elegidos en comicios abiertos vigilados por una ciudadanía alerta y responsable. Debemos abandonar la minoría de edad jurídica y avanzar a la madurez que nos demanda el nuevo siglo.
Ningún ciudadano en su sano juicio podría oponerse a la redacción integral de una nueva Constitución, debatida bajo un régimen democrático con la participación libre de la sociedad civil. Lo deseable sería que el Organo Ejecutivo nombre una comisión integrada por representantes de todos los sectores de la sociedad, incluyendo juristas de reconocido prestigio en materia constitucional, que plasme un anteproyecto que sería discutido con toda la amplitud posible por la ciudadanía. Para esto, no es necesario llamar a un referéndum, perturbar el orden constitucional o poner en ascuas la situación socio-económica nacional. El producto del trabajo de dicha comisión debe ser entonces sometido a consulta pública de acuerdo a los procedimientos de reforma que la Constitución vigente contempla.
Así nombrada dicha comisión, sus integrantes deberán abarcar temas como la recuperación de la soberanía nacional y la transferencia del Canal, hasta las conquistas más avanzadas del hombre contemporáneo en materia de derechos humanos, protección ecológica y, por supuesto, la modernización y descentralización de las instituciones fundamentales de la República.
Se trataría de una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de Panamá como Estado de derecho y miembro activo de la comunidad internacional. Una Constitución que nos ponga al día con las nuevas corrientes ideológicas, científicas y tecnológicas que han cambiado radicalmente la posición que teníamos hace veinte o más años de país dependiente de una potencia. Algo hemos asimilado de las nociones que revolucionaron el siglo XX, pero lo hemos hecho en forma parcial e inorgánica a través de convenios, tratados y modificaciones constitucionales intermitentes. En fin, nos merecemos una nueva Constitución que ratifique la madurez adquirida en la continuidad de tres gobiernos democráticos elegidos en comicios abiertos vigilados por una ciudadanía alerta y responsable. Debemos abandonar la minoría de edad jurídica y avanzar a la madurez que nos demanda el nuevo siglo.
