Después de los compromisos con la OCDE
Luego de cuatro años de esfuerzos concentrados en una política basada en amenazas y en “nombrar y avergonzar”, en días pasados la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos miembros son principalmente los países desarrollados, publicó nuevamente la lista de países que considera que mantienen políticas fiscales nocivas y desleales. De las 38 naciones así identificadas, 31 fueron excluidas ya que suscribieron compromisos en términos aceptables a la OCDE. Sólo quedaron en esta lista Andorra, Liechtenstein, Liberia, Monaco, las Islas Marshall, Nauru y Vanuatu. El último en firmar su compromiso fue Samoa (nación en el Pacífico Sur con 160,000 habitantes); el penúltimo fue Panamá.
Los compromisos suscritos por Panamá y por los demás países en la lista, para gozar de la denominación “jurisdicciones cooperadoras” y evitar sanciones morales adicionales y medidas defensivas de los países miembros, guardan relación con el logro de mayor transparencia y el intercambio de información fiscal. En particular, debemos adoptar mecanismos a fin de que la información sobre los propietarios efectivos de sociedades y sobre las cuentas en instituciones bancarias y financieras esté disponible a las autoridades tributarias nacionales, así como extranjeras a través de tratados de intercambio de información fiscal.
Todos nos comprometimos a adoptar medidas al respecto antes del 31 de diciembre de 2005. De acuerdo al procedimiento establecido por la OCDE, ahora contamos con un período de seis meses para negociar y convenir con el Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE la manera como cumpliremos con estos compromisos, el calendario para ejecutar lo que corresponda y los hitos para medir nuestro progreso. Específicamente, la OCDE espera que durante el primer año se adopten medidas concretas y significativas dirigidas a cumplir con los compromisos adquiridos. Además, durante todo este período no podemos admitir medida alguna para reforzar los regímenes que la OCDE considera nocivos.
Por supuesto que, además, estaremos sometidos a un proceso de revisión constante y anual por parte de dicho Foro para evaluar el progreso de cada uno para poder continuar estando entre los “cooperadores”. En cualquier momento en que el Foro considere que no estamos cumpliendo con nuestros compromisos originales o con la adopción de las medidas concretas convenidas posteriormente, o que el Foro llegue a la conclusión de que no estamos actuando de buena fe, podrán declararnos otra vez una “jurisdicción no cooperadora”, lo cual nos expondría nuevamente a las sanciones y medidas defensivas que la OCDE implementará contra éstos. En breve, la firma del compromiso es tan sólo el comienzo de una compleja negociación cuyo único resultado puede ser la capitulación del más débil.
Los compromisos suscritos por Panamá y por los demás países en la lista, para gozar de la denominación “jurisdicciones cooperadoras” y evitar sanciones morales adicionales y medidas defensivas de los países miembros, guardan relación con el logro de mayor transparencia y el intercambio de información fiscal. En particular, debemos adoptar mecanismos a fin de que la información sobre los propietarios efectivos de sociedades y sobre las cuentas en instituciones bancarias y financieras esté disponible a las autoridades tributarias nacionales, así como extranjeras a través de tratados de intercambio de información fiscal.
Todos nos comprometimos a adoptar medidas al respecto antes del 31 de diciembre de 2005. De acuerdo al procedimiento establecido por la OCDE, ahora contamos con un período de seis meses para negociar y convenir con el Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE la manera como cumpliremos con estos compromisos, el calendario para ejecutar lo que corresponda y los hitos para medir nuestro progreso. Específicamente, la OCDE espera que durante el primer año se adopten medidas concretas y significativas dirigidas a cumplir con los compromisos adquiridos. Además, durante todo este período no podemos admitir medida alguna para reforzar los regímenes que la OCDE considera nocivos.
Por supuesto que, además, estaremos sometidos a un proceso de revisión constante y anual por parte de dicho Foro para evaluar el progreso de cada uno para poder continuar estando entre los “cooperadores”. En cualquier momento en que el Foro considere que no estamos cumpliendo con nuestros compromisos originales o con la adopción de las medidas concretas convenidas posteriormente, o que el Foro llegue a la conclusión de que no estamos actuando de buena fe, podrán declararnos otra vez una “jurisdicción no cooperadora”, lo cual nos expondría nuevamente a las sanciones y medidas defensivas que la OCDE implementará contra éstos. En breve, la firma del compromiso es tan sólo el comienzo de una compleja negociación cuyo único resultado puede ser la capitulación del más débil.
