Desventuras de un tratado
ERAN PREVISIBLES para el observador realista los escollos que han surgido en las negociaciones del TLC. El choque de los intereses de una superpotencia dominadora del mundo, con los intereses de un pequeño y frágil país dependiente iba a dar por resultado la imposición de las condiciones ya conocidas, y hay razones salidas de la historia para sospechar que otras causa de conflicto irán surgiendo a lo largo de la vigencia de este tratado, como sucedió con el de 1903.
Ya no se necesitan legiones ni armadas ni territorios conquistados para imponer los tributos. Ahora son FMI, TLC, OMC, etc.
La soberanía reside en el pueblo no en la letra muerta de las constituciones políticas, ni en las actividades mercantiles.
Mal podríamos defenderla ahora si no hemos sido capaces de darle vigencia a lo interno del país, donde el pueblo soberano es sometido a privaciones y cargas impositivas, y menos aún, cuando la soberanía popular pareciera vencida y resignada ante los abusos de las rapaces compañías proveedoras de la telefonía, la electricidad y la telefonía móvil.
Hay que ser candoroso para esperar que los Estados poderosos negocien en desventaja ante los débiles. Cuando las negociaciones de un tratado son conducidas por economistas y tecnócratas politizados, no pueden esperarse grandes beneficios, si se tiene en cuenta que la economía es la ciencia del caos y la política partidista el arte de descomponerlo todo.
Son múltiples los ingredientes y las complejidades que inciden en las negociaciones del TLC. Están presentes los intereses creados que lo ven como una máquina de producir dinero, y están los políticos del gobierno con sus propios objetivos.
Leyendo al sociólogo Joffree Dumazedier encontramos que "Todas las economías modernas, cualquiera que sea su inspiración, plantean el problema del desarrollo económico en términos sociales. A quién beneficia la prosperidad". Los tres millones de consumidores panameños involucrados directamente en este tratado no hemos sido informados con la amplitud necesaria, como corresponde en una democracia legítima.
Por lo que está ocurriendo se puede deducir que las desventuras del TLC provienen también de la desconfianza recíproca de las partes, y que algo tiene que ver en ello la corrupción general que agobia al mundo.
Recordemos el reciente estudio de Latinobarómetro que indica que los panameños consideran que el 67% de los empleados públicos es corrupto, pero que confían en el sistema. (La Prensa, 9 diciembre de 2005).
¿Quién puede garantizar a los norteamericanos que los controles fito y zoosanitarios de Panamá no serán alterados para desfavorecerlos?.
No está lejos el caso de las uvas chilenas que aparecieron con un veneno en un supermercado de EU y fueron retiradas de todos los supermercados, lo que motivó la suspensión de la importación de la fruta de Chile, y produjo pérdidas estimadas en 600 millones de dólares a ese país. No se debe olvidar el escándalo de la carne uruguaya que entró a Panamá vía Estados Unidos, siendo Uruguay en ese entonces un país señalado como de ganadería infectada.
¿Y quién garantiza a los panameños que no ocurrirán casos semejantes a los de las uvas chilenas y la carne uruguaya?
La carta que quieren imponer los norteamericanos parece un mecanismo de protección, sin ánimo de ofender; y el alegado intento de lesión a la soberanía es un argumento, aunque legítimo, de poco peso, ante las crudas realidades de cómo se hacen los negocios en estos tiempos.
Recordemos el Convenio Filos-Hines, de 1947, por el que se pretendía la continuación de 16 de las 136 bases norteamericanas en Panamá, cuando ya la II Guerra Mundial había terminado. ¿Y el Convenio Salsas-Baker? ¿Y la negativa de los zonians a izar las dos banderas en el territorio panameño que se llamaba Zona del Canal?
En los tratados los negocios de países débiles van a la mesa aprensivos y temerosos de proposiciones agresivas de la contraparte. Cuando surgen los conflictos es que empieza la verdadera negociación. Se negocia lo difícil, no lo fácil. Por el bien de Panamá, como país, que sea lo que convenga a los intereses nacionales.
Ya no se necesitan legiones ni armadas ni territorios conquistados para imponer los tributos. Ahora son FMI, TLC, OMC, etc.
La soberanía reside en el pueblo no en la letra muerta de las constituciones políticas, ni en las actividades mercantiles.
Mal podríamos defenderla ahora si no hemos sido capaces de darle vigencia a lo interno del país, donde el pueblo soberano es sometido a privaciones y cargas impositivas, y menos aún, cuando la soberanía popular pareciera vencida y resignada ante los abusos de las rapaces compañías proveedoras de la telefonía, la electricidad y la telefonía móvil.
Hay que ser candoroso para esperar que los Estados poderosos negocien en desventaja ante los débiles. Cuando las negociaciones de un tratado son conducidas por economistas y tecnócratas politizados, no pueden esperarse grandes beneficios, si se tiene en cuenta que la economía es la ciencia del caos y la política partidista el arte de descomponerlo todo.
Son múltiples los ingredientes y las complejidades que inciden en las negociaciones del TLC. Están presentes los intereses creados que lo ven como una máquina de producir dinero, y están los políticos del gobierno con sus propios objetivos.
Leyendo al sociólogo Joffree Dumazedier encontramos que "Todas las economías modernas, cualquiera que sea su inspiración, plantean el problema del desarrollo económico en términos sociales. A quién beneficia la prosperidad". Los tres millones de consumidores panameños involucrados directamente en este tratado no hemos sido informados con la amplitud necesaria, como corresponde en una democracia legítima.
Por lo que está ocurriendo se puede deducir que las desventuras del TLC provienen también de la desconfianza recíproca de las partes, y que algo tiene que ver en ello la corrupción general que agobia al mundo.
Recordemos el reciente estudio de Latinobarómetro que indica que los panameños consideran que el 67% de los empleados públicos es corrupto, pero que confían en el sistema. (La Prensa, 9 diciembre de 2005).
¿Quién puede garantizar a los norteamericanos que los controles fito y zoosanitarios de Panamá no serán alterados para desfavorecerlos?.
No está lejos el caso de las uvas chilenas que aparecieron con un veneno en un supermercado de EU y fueron retiradas de todos los supermercados, lo que motivó la suspensión de la importación de la fruta de Chile, y produjo pérdidas estimadas en 600 millones de dólares a ese país. No se debe olvidar el escándalo de la carne uruguaya que entró a Panamá vía Estados Unidos, siendo Uruguay en ese entonces un país señalado como de ganadería infectada.
¿Y quién garantiza a los panameños que no ocurrirán casos semejantes a los de las uvas chilenas y la carne uruguaya?
La carta que quieren imponer los norteamericanos parece un mecanismo de protección, sin ánimo de ofender; y el alegado intento de lesión a la soberanía es un argumento, aunque legítimo, de poco peso, ante las crudas realidades de cómo se hacen los negocios en estos tiempos.
Recordemos el Convenio Filos-Hines, de 1947, por el que se pretendía la continuación de 16 de las 136 bases norteamericanas en Panamá, cuando ya la II Guerra Mundial había terminado. ¿Y el Convenio Salsas-Baker? ¿Y la negativa de los zonians a izar las dos banderas en el territorio panameño que se llamaba Zona del Canal?
En los tratados los negocios de países débiles van a la mesa aprensivos y temerosos de proposiciones agresivas de la contraparte. Cuando surgen los conflictos es que empieza la verdadera negociación. Se negocia lo difícil, no lo fácil. Por el bien de Panamá, como país, que sea lo que convenga a los intereses nacionales.
