Deuda pública, entre la falacia y el cinismo
No hace mucho, los panameños fuimos testigos de un altercado ridículo y, por sobre todo, irrespetuoso para con los(as) ciudadanos(as) decentes de este país. Me refiero al patético encontronazo que se dio entre el gobierno mireyista y el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, cuando ambos se atrevieron a tratar el tema de la deuda pública, como si Panamá estuviese habitado por 2.8 millones de bárbaros trogloditas.
El ex presidente, por su parte, señalaba que esta administración había elevado el nivel de la deuda de manera injustificable. Sumado a esto, acusó a Moscoso de desechar la construcción del puente Van Dam, mismo que durante sus tiempos de Ministro de Hacienda, formó parte de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de la República y el más grande de la época dictatorial. Millones de dólares se esfumaron y nadie, ni siquiera el ex mandatario, que de tanta responsabilidad se jacta, ha sido capaz de explicarle al país qué se hizo el dinero por el que ahora debemos pagar B/.25 millones más. Aunado a esto, Pérez Balladares asegura que durante su gobierno, la deuda pública se redujo en B/. 111 millones; pero las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejan un aumento de B/. 467 millones, de los cuales, B/. 433 millones se sumaron, increíblemente, entre los dos últimos meses de su gestión, período en el que se emitieron B/. 394 millones en bonos de reconocimiento de deuda que no habían sido registrados en operaciones financieras del Estado.
Por otra parte, están los defensores de la incapacidad, aquéllos que de inmediato salieron en defensa de la administración Moscoso, aduciendo que ésta ha sido lo suficientemente responsable en el manejo de las cuentas relativas a la deuda pública; sin embargo, estos defensores no han sido capaces de señalar en qué ha utilizado el gobierno los nuevos B/. 976 millones que ha sumado a la deuda pública entre el 1 de septiembre de 1999 y el 28 de febrero de 2003, que representan una diferencia de B/. 509 millones en tres años y medio de gestión, con relación a los cinco años del gobierno anterior. Increíble, los propios números del MEF dan crédito a las aseveraciones de Pérez Balladares, sólo con diferencias en el monto, ya que este último asegura que el aumento ha sido de B/. 1400 millones.
Ahora, el punto esencial aquí es que, en medio del "dime que te diré" montado por el ex presidente y los defensores de Moscoso, ninguno de los dos bandos ha tenido la ética suficiente para callar y dejar de balbucear tantos improperios. Ninguno ha tenido el coraje de aceptar sus malas actuaciones y reconocer su poca determinación a enfrentar el problema como la nación requiere que se enfrente. Allí tenemos el resultado, la discusión se acabó y nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el total de la deuda pública, qué se está haciendo para reducirla ni cuánto nos costarán las nuevas políticas crediticias de los acreedores, que, sin lugar a dudas, variarán de un momento a otro, como suele suceder cuando los países hacen uso incoherente de su capacidad de crédito.
Independientemente del nivel del monto actual de nuestra deuda pública -puede estar oscilando entre los B/. 8,727 millones y los B/. 9,151 millones-, la realidad es que se requiere de una estrategia que le permita al país manejar sus finanzas de una manera más eficiente. Nuestra cosa pública enfrenta problemas, pero este gobierno no ha sabido llevar adelante planes de reducción y eliminación del despilfarro, a fin de distribuir de manera cónsona nuestros recursos y evitar, en cierta forma, la obtención de créditos internos o externos; en cambio, es la administración que ha tomado las peores decisiones en materia económica en los últimos 14 años. Sumado a esto, es prudente que se abra una minuciosa investigación que nos permita saber bajo qué condiciones se llevaron adelante las negociaciones de préstamos por más de B/. 6,000 millones que se realizaron desde 1968 hasta las postrimerías de la dictadura, período en que la deuda pública aumentó de menos de mil millones a B/. 7,700 millones.
Así mismo, sería bueno investigar y determinar cuáles fueron las referencias tan excelentes que encontraron las instituciones crediticias internacionales, para seguir financiando las actividades de una administración militar tan corrupta y déspota, que siempre dejó en evidencia su total desinterés por la estabilidad financiera del país, a tal punto que no había préstamo interno o externo que no se convirtiera en meollo de algún escándalo de malversación.
La deuda pública de esta nación carga sobre sí el actuar inescrupuloso de personas con nombre y apellido que viven en la impunidad y que, desde allí, tienen la osadía y el cinismo de hablar del tema como si no hubiese un pasado que recordar o un presente que repudiar. Desde aquí invito al MEF a que publique el historial de la deuda pública desde el primer registro que se tenga disponible. Así podremos evaluar responsabilidades, internas y externas, y exigir políticas económicas coherentes que nos permitan disminuirla; o bien, lograr la condonación de los créditos irresponsables que se nos entregaron sin ninguna buena intención.
(augusto2312@hotmail.com)
El ex presidente, por su parte, señalaba que esta administración había elevado el nivel de la deuda de manera injustificable. Sumado a esto, acusó a Moscoso de desechar la construcción del puente Van Dam, mismo que durante sus tiempos de Ministro de Hacienda, formó parte de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de la República y el más grande de la época dictatorial. Millones de dólares se esfumaron y nadie, ni siquiera el ex mandatario, que de tanta responsabilidad se jacta, ha sido capaz de explicarle al país qué se hizo el dinero por el que ahora debemos pagar B/.25 millones más. Aunado a esto, Pérez Balladares asegura que durante su gobierno, la deuda pública se redujo en B/. 111 millones; pero las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejan un aumento de B/. 467 millones, de los cuales, B/. 433 millones se sumaron, increíblemente, entre los dos últimos meses de su gestión, período en el que se emitieron B/. 394 millones en bonos de reconocimiento de deuda que no habían sido registrados en operaciones financieras del Estado.
Por otra parte, están los defensores de la incapacidad, aquéllos que de inmediato salieron en defensa de la administración Moscoso, aduciendo que ésta ha sido lo suficientemente responsable en el manejo de las cuentas relativas a la deuda pública; sin embargo, estos defensores no han sido capaces de señalar en qué ha utilizado el gobierno los nuevos B/. 976 millones que ha sumado a la deuda pública entre el 1 de septiembre de 1999 y el 28 de febrero de 2003, que representan una diferencia de B/. 509 millones en tres años y medio de gestión, con relación a los cinco años del gobierno anterior. Increíble, los propios números del MEF dan crédito a las aseveraciones de Pérez Balladares, sólo con diferencias en el monto, ya que este último asegura que el aumento ha sido de B/. 1400 millones.
Ahora, el punto esencial aquí es que, en medio del "dime que te diré" montado por el ex presidente y los defensores de Moscoso, ninguno de los dos bandos ha tenido la ética suficiente para callar y dejar de balbucear tantos improperios. Ninguno ha tenido el coraje de aceptar sus malas actuaciones y reconocer su poca determinación a enfrentar el problema como la nación requiere que se enfrente. Allí tenemos el resultado, la discusión se acabó y nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el total de la deuda pública, qué se está haciendo para reducirla ni cuánto nos costarán las nuevas políticas crediticias de los acreedores, que, sin lugar a dudas, variarán de un momento a otro, como suele suceder cuando los países hacen uso incoherente de su capacidad de crédito.
Independientemente del nivel del monto actual de nuestra deuda pública -puede estar oscilando entre los B/. 8,727 millones y los B/. 9,151 millones-, la realidad es que se requiere de una estrategia que le permita al país manejar sus finanzas de una manera más eficiente. Nuestra cosa pública enfrenta problemas, pero este gobierno no ha sabido llevar adelante planes de reducción y eliminación del despilfarro, a fin de distribuir de manera cónsona nuestros recursos y evitar, en cierta forma, la obtención de créditos internos o externos; en cambio, es la administración que ha tomado las peores decisiones en materia económica en los últimos 14 años. Sumado a esto, es prudente que se abra una minuciosa investigación que nos permita saber bajo qué condiciones se llevaron adelante las negociaciones de préstamos por más de B/. 6,000 millones que se realizaron desde 1968 hasta las postrimerías de la dictadura, período en que la deuda pública aumentó de menos de mil millones a B/. 7,700 millones.
Así mismo, sería bueno investigar y determinar cuáles fueron las referencias tan excelentes que encontraron las instituciones crediticias internacionales, para seguir financiando las actividades de una administración militar tan corrupta y déspota, que siempre dejó en evidencia su total desinterés por la estabilidad financiera del país, a tal punto que no había préstamo interno o externo que no se convirtiera en meollo de algún escándalo de malversación.
La deuda pública de esta nación carga sobre sí el actuar inescrupuloso de personas con nombre y apellido que viven en la impunidad y que, desde allí, tienen la osadía y el cinismo de hablar del tema como si no hubiese un pasado que recordar o un presente que repudiar. Desde aquí invito al MEF a que publique el historial de la deuda pública desde el primer registro que se tenga disponible. Así podremos evaluar responsabilidades, internas y externas, y exigir políticas económicas coherentes que nos permitan disminuirla; o bien, lograr la condonación de los créditos irresponsables que se nos entregaron sin ninguna buena intención.
(augusto2312@hotmail.com)
