Deuda pública y crecimiento
Por ejemplo, el problema del endeudamiento del sector público ha sido un tema de importancia durante los últimos años ya que nuestros acreedores todavía se preguntan si Panamá puede cambiar su tendencia histórica hacia el endeudamiento. Para que la relación deuda/PIB no crezca más debemos lograr que el crecimiento del PIB alcance no menos de un seis por ciento, lo que equivale aproximadamente a la tasa de interés real que paga Panamá, y que es una variable fuera de nuestro control, por lo menos en el corto plazo. Pero resulta sumamente difícil intentar simultáneamente mejorar el resultado fiscal, por la vía de aumentar los impuestos y reactivar la economía para que alcance ese seis por ciento.
Adicionalmente tenemos el problema de la falta de competitividad de nuestra industria y de nuestro agro (sí, también el agro dejó de ser competitivo), y su solución requiere de una reducción de los aranceles y de las tarifas de los servicios públicos (ahora privatizados). Pero nuevamente, reducir impuestos deteriora la situación fiscal y pelearse con las empresas privatizadas puede ser duro para quien tiene que estar mimando permanentemente los mercados financieros internacionales. Y si introducimos el problema social, simplemente llegamos a un embrollo de política económica, ya que resulta necesario ocuparse de la salud y la educación, porque lo contrario sería condenar a las futuras generaciones a seguir en la marginalidad y la pobreza. Pero todo esto significa más gasto público, lo que condiciona las posibilidades de mejorar el resultado fiscal y salir del alto endeudamiento público.
El problema parece insoluble, porque se pretende simultáneamente mejorar la situación fiscal y reactivar la economía. En otros tiempos, se hubiera argumentado que era aconsejable darle prioridad a la solvencia fiscal, ya que ésta generaba credibilidad internacional con las IFIs y con la creencia que Panamá podría alcanzar incluso un "investment grade" si hace los deberes fiscales. Pero ya no es así. No podemos seguir ignorando que el Estado es un parásito que se nutre del sector privado productivo, y que si éste está debilitado no hay posibilidades de mejoramiento fiscal. Hoy hay que darle prioridad al crecimiento económico y a la recuperación de la capacidad competitiva, porque sólo así se conseguirá la solvencia fiscal y se podrá aumentar el gasto público en los sectores que más lo necesitan.
Para generar posibilidades de crecimiento económico el Gobierno debe animarse a bajar algunos impuestos y los costos laborales, asegurarse de que bajen las tarifas de los servicios públicos, procurar diseñar sin complejos una política industrial activa, y administrar la apertura comercial de manera de incentivar la exportación de bienes. No debemos permitir que el país se enfrasque ahora en el dilema de una reforma fiscal con la excusa de detener el deterioro del endeudamiento público. Tampoco podemos desconocer los riesgos que implica no hacer nada para impedir el agotamiento del sector productivo.
Adicionalmente tenemos el problema de la falta de competitividad de nuestra industria y de nuestro agro (sí, también el agro dejó de ser competitivo), y su solución requiere de una reducción de los aranceles y de las tarifas de los servicios públicos (ahora privatizados). Pero nuevamente, reducir impuestos deteriora la situación fiscal y pelearse con las empresas privatizadas puede ser duro para quien tiene que estar mimando permanentemente los mercados financieros internacionales. Y si introducimos el problema social, simplemente llegamos a un embrollo de política económica, ya que resulta necesario ocuparse de la salud y la educación, porque lo contrario sería condenar a las futuras generaciones a seguir en la marginalidad y la pobreza. Pero todo esto significa más gasto público, lo que condiciona las posibilidades de mejorar el resultado fiscal y salir del alto endeudamiento público.
El problema parece insoluble, porque se pretende simultáneamente mejorar la situación fiscal y reactivar la economía. En otros tiempos, se hubiera argumentado que era aconsejable darle prioridad a la solvencia fiscal, ya que ésta generaba credibilidad internacional con las IFIs y con la creencia que Panamá podría alcanzar incluso un "investment grade" si hace los deberes fiscales. Pero ya no es así. No podemos seguir ignorando que el Estado es un parásito que se nutre del sector privado productivo, y que si éste está debilitado no hay posibilidades de mejoramiento fiscal. Hoy hay que darle prioridad al crecimiento económico y a la recuperación de la capacidad competitiva, porque sólo así se conseguirá la solvencia fiscal y se podrá aumentar el gasto público en los sectores que más lo necesitan.
Para generar posibilidades de crecimiento económico el Gobierno debe animarse a bajar algunos impuestos y los costos laborales, asegurarse de que bajen las tarifas de los servicios públicos, procurar diseñar sin complejos una política industrial activa, y administrar la apertura comercial de manera de incentivar la exportación de bienes. No debemos permitir que el país se enfrasque ahora en el dilema de una reforma fiscal con la excusa de detener el deterioro del endeudamiento público. Tampoco podemos desconocer los riesgos que implica no hacer nada para impedir el agotamiento del sector productivo.
