Devuélvanlo limpio
A principios del mes de julio de 1998, cuando Kelvin Pérez Sánchez clavaba una estaca realizando labores de deforestación, le explotó una granada eliminándole un ojo y ocasionándole otras heridas. Pérez Sánchez ,un campesino pobre , hacía este trabajo para una empresa que sembraba árboles en los predios de la antigua base militar de Río Hato, a unos 80 Kms. de la capital, y que fue instalación militar de los EE.UU en los años treinta. En esta área se realizaron ejercicios de tiro y bombardeo, además de pruebas de armas químicas.
En los diez años que duró la construcción del canal (1904-1914), los Estados Unidos encabezó a través de su presencia civil y militar el saneamiento de la franja en la cual se asentaría la vía acuática, incluyendo las ciudades terminales de Panamá y Colón. Entre 1914- 1999 la presencia norteamericana fue contradictoria en el tema ambiental, por una parte en sus actividades civiles desarrollaron la conservación de la cuenca hidrográfica, y mantuvieron sus áreas de residencia como un ejemplo de convivencia con la naturaleza, y por otra en las áreas de entrenamiento militar, contaminaron parte de ellas con residuos y explosivos.
En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años, en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde residen la mitad de la población nacional y se desarrolla el 75% de actividades económicas. En la actualidad, un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria, por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones. Esto ha generado toda una actividad de educación y prevención con las comunidades afectadas (MINSA, 1999).
Tanto el presidente saliente Ernesto Pérez Balladares, como la entrante Mireya Moscoso, han afirmado que la aceptación de áreas revertidas bélicamente contaminadas no exime a Estados Unidos de sanear estos sitios después del 31 de diciembre de 1999, cuando abandonen Panamá, y a pagar las indemnizaciones correspondientes a los que resulten afectados.
El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice: "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
Panamá ha afirmado que "Estados Unidos hace una interpretación unilateral de este artículo para dar por terminada su responsabilidad en territorio panameño una vez cumpla con la limpieza de las bases hasta donde ellos consideren viable. No obstante, el gobierno panameño insiste en que el saneamiento debe abarcar varios metros de profundidad para garantizar que estas áreas puedan ser utilizadas para diferentes actividades económicas.
Mientras que el estadounidense, plantea que las municiones sin detonar están en áreas boscosas de difícil acceso y que su limpieza total implicaría la destrucción de amplias hectáreas de bosques vírgenes, por lo que recomienda que estos sitios se mantengan como reservas naturales, con letreros que adviertan a las personas que no deben ingresar a los mismos para evitar una tragedia". (Barroso, 1999).
El gobierno estadounidense ha asegurado en reiteradas ocasiones que ha hecho "lo posible" en lo que a limpieza de bases se refiere, pero el gobierno y pueblo panameño no deben aceptar esta versión y por el contrario, deben exigir a Estados Unidos que haga uso de su tecnología y recursos para cumplir con la obligación establecida en los tratados.
Según los tratados Torrijos Carter, los EE.UU. están obligados a entregar las áreas limpias y sin contaminación pero ello no está ocurriendo. Debería existir una negociación de un acuerdo (protocolo, memorándum) entre la República de Panamá y los Estados Unidos que establezca la responsabilidad de Estados Unidos para: actividades de descontaminación de los polígonos más allá de 1999, suficientes para limpiar toda la superficie afectada; poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados; un estudio in situ de los peligros presentes en las áreas de impacto y otras áreas excluidas del Plan de Transferencia del Canal; exigir a Estados Unidos la inclusión de municiones químicas en todo plan para la transferencia de los polígonos y para los acuerdos que rijan la descontaminación después de 1999.
Es importante que los Estados Unidos haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas tal como se hace en Fort Ord, California, para poder detectar y remover municiones parcela por parcela, después dejando que el bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la visión de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
En última instancia, los EE.UU deberían pagar a Panamá una indemnización que se calcula en 480 millones de dólares para la limpieza de las 3.175 hectáreas que permanecen contaminadas, y un millón de dólares adicional para el patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área.(FOR)
Fuentes: Cedeño, Francisco y Lozano, Lourdes. 1999. Salud poblacional y ambiental en la región del canal. Panamá: Ministerio de Salud.
(FOR) Fellowship of Reconciliation/Arnulfo Barroso. Agosto 1999. Servicio Informativo Iberoamericano, Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura.
En los diez años que duró la construcción del canal (1904-1914), los Estados Unidos encabezó a través de su presencia civil y militar el saneamiento de la franja en la cual se asentaría la vía acuática, incluyendo las ciudades terminales de Panamá y Colón. Entre 1914- 1999 la presencia norteamericana fue contradictoria en el tema ambiental, por una parte en sus actividades civiles desarrollaron la conservación de la cuenca hidrográfica, y mantuvieron sus áreas de residencia como un ejemplo de convivencia con la naturaleza, y por otra en las áreas de entrenamiento militar, contaminaron parte de ellas con residuos y explosivos.
En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años, en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde residen la mitad de la población nacional y se desarrolla el 75% de actividades económicas. En la actualidad, un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria, por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones. Esto ha generado toda una actividad de educación y prevención con las comunidades afectadas (MINSA, 1999).
Tanto el presidente saliente Ernesto Pérez Balladares, como la entrante Mireya Moscoso, han afirmado que la aceptación de áreas revertidas bélicamente contaminadas no exime a Estados Unidos de sanear estos sitios después del 31 de diciembre de 1999, cuando abandonen Panamá, y a pagar las indemnizaciones correspondientes a los que resulten afectados.
El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice: "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
Panamá ha afirmado que "Estados Unidos hace una interpretación unilateral de este artículo para dar por terminada su responsabilidad en territorio panameño una vez cumpla con la limpieza de las bases hasta donde ellos consideren viable. No obstante, el gobierno panameño insiste en que el saneamiento debe abarcar varios metros de profundidad para garantizar que estas áreas puedan ser utilizadas para diferentes actividades económicas.
Mientras que el estadounidense, plantea que las municiones sin detonar están en áreas boscosas de difícil acceso y que su limpieza total implicaría la destrucción de amplias hectáreas de bosques vírgenes, por lo que recomienda que estos sitios se mantengan como reservas naturales, con letreros que adviertan a las personas que no deben ingresar a los mismos para evitar una tragedia". (Barroso, 1999).
El gobierno estadounidense ha asegurado en reiteradas ocasiones que ha hecho "lo posible" en lo que a limpieza de bases se refiere, pero el gobierno y pueblo panameño no deben aceptar esta versión y por el contrario, deben exigir a Estados Unidos que haga uso de su tecnología y recursos para cumplir con la obligación establecida en los tratados.
Según los tratados Torrijos Carter, los EE.UU. están obligados a entregar las áreas limpias y sin contaminación pero ello no está ocurriendo. Debería existir una negociación de un acuerdo (protocolo, memorándum) entre la República de Panamá y los Estados Unidos que establezca la responsabilidad de Estados Unidos para: actividades de descontaminación de los polígonos más allá de 1999, suficientes para limpiar toda la superficie afectada; poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados; un estudio in situ de los peligros presentes en las áreas de impacto y otras áreas excluidas del Plan de Transferencia del Canal; exigir a Estados Unidos la inclusión de municiones químicas en todo plan para la transferencia de los polígonos y para los acuerdos que rijan la descontaminación después de 1999.
Es importante que los Estados Unidos haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas tal como se hace en Fort Ord, California, para poder detectar y remover municiones parcela por parcela, después dejando que el bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la visión de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
En última instancia, los EE.UU deberían pagar a Panamá una indemnización que se calcula en 480 millones de dólares para la limpieza de las 3.175 hectáreas que permanecen contaminadas, y un millón de dólares adicional para el patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área.(FOR)
Fuentes: Cedeño, Francisco y Lozano, Lourdes. 1999. Salud poblacional y ambiental en la región del canal. Panamá: Ministerio de Salud.
(FOR) Fellowship of Reconciliation/Arnulfo Barroso. Agosto 1999. Servicio Informativo Iberoamericano, Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura.
