Día de Acción por la Salud de la Mujer
El calendario de celebraciones de Naciones Unidas establece el 28 de mayo como "Día de Acción por la Salud de la Mujer"; ocasión oportuna para reflexionar acerca de la necesidad de efectuar reformas integrales de salud que tengan como eje conductor la equidad y la justicia social, para que las personas puedan disfrutar de una vida plena y saludable, lo que incluye el bienestar físico, emocional, social y cultural. Para garantizar servicios integrales de salud, el Estado, a través de las instituciones de salud, debe promover una agenda de prioridades, como son entre otras, las siguientes:
Impulsar, promover y fortalecer programas de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos a todos los niveles, enfatizando la perspectiva de género y la adopción de medidas que reduzcan los índices de mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, la problemática del aborto provocado, la violencia contra las mujeres y las consecuencias del VIH/SIDA (de las 4,506 personas infectadas en Panamá, 1,100 son mujeres) y que tales aspectos sean abordados como problemas prioritarios de salud pública.
Establecer políticas públicas orientadas en base a las necesidades de las personas y no en los mercados, que fortalezcan y reorienten los servicios de salud que permitan dar acceso universal con calidad a servicios de salud integral a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres en general. Estas políticas deben ser coherentes con la legislación internacional y los compromisos asumidos respecto de los Derechos Humanos, con la firma y ratificación entre otros convenios, de la Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Programa de El Cairo, la Convención De Belem Do Para, la Plataforma de Beijing, el Protocolo Facultativo a la CEDAW, entre otros no menos importantes.
Recomendar a la Asamblea Legislativa, promover normativas legales que garanticen la atención y la protección de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas en materia de salud sexual y reproductiva y salud integral, con una perspectiva de género que garantice la equidad en todos los temas relacionados con la salud, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Específicamente, una de las políticas que debe incluir las reformas al sistema de salud, debe consistir en la expedición de una Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que entre otras cosas contemple los siguientes aspectos:
Erradicar la discriminación contra la mujer en los servicios de salud, salud sexual y reproductiva.
Garantizar de manera expresa la planificación familiar, durante todas las etapas de la vida sexual y reproductiva de las personas, incluyendo programas de capacitación en salud sexual y reproductiva.
Garantizar en forma explícita la atención integral de las víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, en especial contra mujeres, niñas/os y adolescentes, asegurando la anticoncepción de emergencia en casos de violación sexual.
Incluir como enfermedades profesionales: los trastornos de salud mental, los daños por tóxicos presentes en el ambiente laboral y las enfermedades músculo-esqueléticas como artrosis, lumbago, tendonitis y consecuencias en la salud reproductiva, como son: el aborto, la esterilidad, el parto prematuro y/o malformaciones congénitas.
Garantizar la inclusión de mujeres en las instancias de toma de decisión en el sector salud, así como mayor calidad de atención en los servicios de salud a la población usuaria.
Las anteriores son apenas unas líneas de acción para lograr la equidad en salud, a través de una reforma que debe enfatizarse en las mujeres, entre otras razones porque: aportamos más que los hombres al cuidado de la salud en los hogares y en la sociedad; porque en términos generales vivimos más tiempo, pero con más enfermedades crónicas; porque tenemos un rol específico en la reproducción que nos obliga a demandar más servicios de salud.
Por otra parte, las estadísticas de salud, deben incluir los costos invisibles de la salud que son asumidos por las mujeres en los hogares, a través de los cuidados que brindan a hijos/as y familiares enfermos, discapacitados/as, y adultos/as mayores. Sólo cuando se haga realidad un sistema de salud que tome en cuenta la inversión en equidad y en una nueva ética social, podremos asegurar que las mujeres disfrutamos de una ciudadanía plena.
