Día de lucha contra el trabajo infantil
Cada 12 de junio se celebra internacionalmente el día de lucha contra el trabajo infantil, y este año esta fecha tiene como tema el trabajo infantil doméstico en casa de terceros y sus graves efectos para la niñez y la adolescencia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como "toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años, sin importar el status ocupacional"; es decir, sin importar el tipo de labor que desarrolle ni las condiciones en que ésta se realice.
De igual forma, en el Convenio 182, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (ratificado por Panamá mediante Ley 18 de 15 de junio de 2000), establece en su artículo 3 que las peores formas de trabajo infantil están referidas a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que son víctimas de explotación por parte de personas adultas en actividades económicas.
El trabajo infantil doméstico es considerado por el Convenio 182 antes citado, dentro de las peores formas de trabajo infantil, ya que el mismo supone la utilización de las personas menores de edad en actividades de cuidado y vigilancia, sea de ancianos/as, enfermos, hermanos/as, otros niños/as o parientes, así como el cuidado de sitios y lugares que requieran protección.
Este tipo de labor es una de las expresiones más patentes de violación a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, entre ellos: a la educación, a la salud, a la familia, a la recreación y al trato digno, pero además los expone a graves riesgos como el abuso físico, sexual y emocional, accidentes automovilísticos, intoxicaciones con productos de limpieza, alergias respiratorias y de la piel, quemaduras, cortaduras, depresión y otros.
Según estimaciones de la OIT, en el mundo hay unos 250 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años que trabajan y cerca de 120 millones de ellos lo hacen a tiempo completo; en tanto que 180 millones son víctimas de las peores formas de trabajo infantil y el 70% trabajan en medio ambientes peligrosos.
En América Latina, 20 millones de esos niños y niñas trabajan, representando el 16% del total de los niños/as económicamente activos del mundo; es decir, uno de cada cinco niños/as latinoamericanos es económicamente activo.
De esa cifra, cerca de dos millones de niñas son explotadas en el trabajo doméstico en casa de terceros; muchas duermen en el suelo, comen sobras y son humilladas o violentadas sexualmente; un gran porcentaje trabaja de 12 a 16 horas y la mayoría abandona la escuela.
Panamá no escapa de esta realidad, ya que estudios e investigaciones señalan que entre las peores formas de trabajo infantil están en el sector agrícola, en la recolección de café, en los cañaverales, en labores domésticas (más de 9,300) y en la explotación sexual comercial.
Esa situación es intolerable porque el trabajo infantil violenta derechos humanos fundamentales de la niñez, como son su derecho a la vida, a ser considerados como niños o niñas, su derecho a crecer y desarrollarse en familia, su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y sexual, a ser protegidos contra los malos tratos y las drogas, su derecho a la educación y a la formación.
Panamá ha firmado y ratificado los diversos convenios, tratados y protocolos relacionados con la protección de la niñez y la adolescencia, entre ellos, la Convención de los derechos de la niñez, los convenios 138, 182 y 190 de la OIT, lo que lo obliga a honrar los compromisos en la lucha por eliminar el trabajo infantil. Para ello debe contar con una política nacional homogénea para erradicar el trabajo infantil, lo que implica establecer medidas estructurales de largo plazo, entre ellas, aumentar de manera sostenida la inversión en educación pública de calidad; ampliar la cobertura de la protección social y mejorar las políticas que aseguren el trabajo decente para las personas adultas.
A corto y mediano plazo el gobierno panameño debe establecer un programa de duración determinada, que se traduzcan en acciones concretas al menos en áreas estratégicas, a través de una Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con una política nacional que incluya la estadística, la legislación, la creación de sistemas de monitoreo e inspección, el fortalecimiento de agentes sociales, la focalización de programas de acción directa y creación de observatorios nacionales para medir la reducción del trabajo infantil y los avances de las políticas nacionales.
Para lograr la erradicación del trabajo infantil, el Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos; para ello cuenta con el apoyo técnico permanente de OIT/IPEC. En esta tarea deben sumarse las organizaciones no gubernamentales, empleadores y trabajadores/as. Es cuestión de voluntad política.
Porque los niños y las niñas son el futuro de Panamá, luchemos por dignificar su presente, y como dice la OIT/IPEC: "No dejemos que barran sus sueños. Detengamos la explotación de niñas, niños y adolescentes en trabajo doméstico fuera de sus hogares".
De igual forma, en el Convenio 182, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (ratificado por Panamá mediante Ley 18 de 15 de junio de 2000), establece en su artículo 3 que las peores formas de trabajo infantil están referidas a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que son víctimas de explotación por parte de personas adultas en actividades económicas.
El trabajo infantil doméstico es considerado por el Convenio 182 antes citado, dentro de las peores formas de trabajo infantil, ya que el mismo supone la utilización de las personas menores de edad en actividades de cuidado y vigilancia, sea de ancianos/as, enfermos, hermanos/as, otros niños/as o parientes, así como el cuidado de sitios y lugares que requieran protección.
Este tipo de labor es una de las expresiones más patentes de violación a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, entre ellos: a la educación, a la salud, a la familia, a la recreación y al trato digno, pero además los expone a graves riesgos como el abuso físico, sexual y emocional, accidentes automovilísticos, intoxicaciones con productos de limpieza, alergias respiratorias y de la piel, quemaduras, cortaduras, depresión y otros.
Según estimaciones de la OIT, en el mundo hay unos 250 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años que trabajan y cerca de 120 millones de ellos lo hacen a tiempo completo; en tanto que 180 millones son víctimas de las peores formas de trabajo infantil y el 70% trabajan en medio ambientes peligrosos.
En América Latina, 20 millones de esos niños y niñas trabajan, representando el 16% del total de los niños/as económicamente activos del mundo; es decir, uno de cada cinco niños/as latinoamericanos es económicamente activo.
De esa cifra, cerca de dos millones de niñas son explotadas en el trabajo doméstico en casa de terceros; muchas duermen en el suelo, comen sobras y son humilladas o violentadas sexualmente; un gran porcentaje trabaja de 12 a 16 horas y la mayoría abandona la escuela.
Panamá no escapa de esta realidad, ya que estudios e investigaciones señalan que entre las peores formas de trabajo infantil están en el sector agrícola, en la recolección de café, en los cañaverales, en labores domésticas (más de 9,300) y en la explotación sexual comercial.
Esa situación es intolerable porque el trabajo infantil violenta derechos humanos fundamentales de la niñez, como son su derecho a la vida, a ser considerados como niños o niñas, su derecho a crecer y desarrollarse en familia, su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y sexual, a ser protegidos contra los malos tratos y las drogas, su derecho a la educación y a la formación.
Panamá ha firmado y ratificado los diversos convenios, tratados y protocolos relacionados con la protección de la niñez y la adolescencia, entre ellos, la Convención de los derechos de la niñez, los convenios 138, 182 y 190 de la OIT, lo que lo obliga a honrar los compromisos en la lucha por eliminar el trabajo infantil. Para ello debe contar con una política nacional homogénea para erradicar el trabajo infantil, lo que implica establecer medidas estructurales de largo plazo, entre ellas, aumentar de manera sostenida la inversión en educación pública de calidad; ampliar la cobertura de la protección social y mejorar las políticas que aseguren el trabajo decente para las personas adultas.
A corto y mediano plazo el gobierno panameño debe establecer un programa de duración determinada, que se traduzcan en acciones concretas al menos en áreas estratégicas, a través de una Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con una política nacional que incluya la estadística, la legislación, la creación de sistemas de monitoreo e inspección, el fortalecimiento de agentes sociales, la focalización de programas de acción directa y creación de observatorios nacionales para medir la reducción del trabajo infantil y los avances de las políticas nacionales.
Para lograr la erradicación del trabajo infantil, el Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos; para ello cuenta con el apoyo técnico permanente de OIT/IPEC. En esta tarea deben sumarse las organizaciones no gubernamentales, empleadores y trabajadores/as. Es cuestión de voluntad política.
Porque los niños y las niñas son el futuro de Panamá, luchemos por dignificar su presente, y como dice la OIT/IPEC: "No dejemos que barran sus sueños. Detengamos la explotación de niñas, niños y adolescentes en trabajo doméstico fuera de sus hogares".
