Diálogo para maximizar la convivencia pacífica
EN SUS REFLEXIONES sobre la violencia, el francés George Sorel teorizó hace casi un siglo sobre la estrategia que los movimientos de masas emplean como método para desestabilizar los sistemas políticos. Quienes los dirigen, según Sorel, creen que si un número suficiente de activistas promueve en forma sistemática bloqueos de carreteras y paros labores, acompañados de actos de subversión del orden, se producirá una explosión política y social que dará como resultado el cambio de gobierno. Pero para que esa perspectiva teórica sea viable, debe contar con dos condiciones: que exista una crisis política generalizada y que el Estado haya renunciado a imponer la ley. Ese, no es el caso de Panamá.
Un juicio objetivo no puede desconocer los progresos políticos, económicos y sociales alcanzados en Panamá en 15 años de vida democrática. Hay fallas en el sistema, porque todo el conjunto de derechos democráticos que sustentan la vida colectiva no se articulan automáticamente como una unidad coherente. Requieren de complejos arbitrajes, de instituciones que tardan en ponerse en marcha. En esas circunstancias, los defectos son más visibles que las virtudes.
Nadie niega que Panamá puede definirse como una sociedad de desigualdades, con extensos bolsones de pobreza y marginalidad. Corregir esa situación, ha sido una prioridad del Gobierno Nacional desde el primer día de su mandato.
Existe una clara comprensión de que el actual modelo económico está agotado. No rinde para las necesidades del país, no genera suficiente crecimiento, ni se corresponde con la situación mundial. No existe relación entre el crecimiento y la distribución, entre el bienestar para unos y la pobreza para otros.
Para los activistas de tiempo completo y los extorsionadores políticos, ha sido fácil tratar de explotar las desigualdades sociales que generan descontento.
En las últimas semanas han buscado capitalizar la decisión del gobierno, luego de consultas con todos los sectores, de reformar el sistema de seguridad social mediante una ley impopular, sensitiva, que ha exacerbado los ánimos de la población. A través de medidas de presión han pretendido generar una crisis institucional y empujar al país hacia la ingobernabilidad. Para tratar de socavar al sistema no tienen que alzarse en armas ni enmontañarse. Operan agazapados desde los espacios que les provee la democracia bajo la consigna de que nadie manda y que nadie obedezca. Mientras peor, mejor. Pretenden cercar al gobierno nacional y tornar más compleja una situación coyuntural hasta convertirla en crisis sistémica.
Para salvaguardar los valores de tranquilidad y orden público con los que se cimienta la sociedad panameña, el presidente Martín Torrijos convocó a un diálogo nacional, sin exclusiones, en donde los distintos sectores puedan presentar sus puntos de vista acerca de la implementación de la legislación que reformó la ley orgánica de Caja de Seguro Social (CSS).
Si antes la población se encontraban como en una inmensa platea mirando desde lejos la situación de la seguridad social, ahora los sectores organizados tienen la oportunidad de involucrarse en el debate y aportar sus puntos de vista. Al mismo tiempo, el diálogo nacional pondrá en evidencia, en forma clara, las verdaderas intenciones de los grupos radicales que buscan por la vía de la confrontación tratar de imponer lo que no son capaces de debatir en la mesa de negociación.
El compromiso es que si de ese amplio foro surgiera una propuesta consensuada para modificar aspectos puntuales de la ley, el Gobierno la presentará ante la Asamblea Nacional de Diputados. El objetivo es mejorar, por medio del diálogo, el futuro de la seguridad social panameña. Ya se dio el primer paso con la convocatoria al diálogo nacional, pueden darse otros más.
El escenario del diálogo es el ambiente adecuado para propiciar las coincidencias. Es allí donde pueden alcanzarse consensos básicos para la implementación de una legislación que garantiza el carácter solidario de la CSS, su estabilidad financiera y su no privatización.
Al abrir la puerta para el diálogo, el Gobierno Nacional abona al clima de libertad y estimula a los sectores interesados en salvar la seguridad social a sumarse para modificar los aspectos que pueden mejorarse.
La reforma a la Caja de Seguro Social, por su carácter equilibrado y gradual, garantiza la viabilidad económica y financiera de la institución, a la vez que maximiza y aporta un haber invaluable a la convivencia pacífica entre todos los panameños.
Un juicio objetivo no puede desconocer los progresos políticos, económicos y sociales alcanzados en Panamá en 15 años de vida democrática. Hay fallas en el sistema, porque todo el conjunto de derechos democráticos que sustentan la vida colectiva no se articulan automáticamente como una unidad coherente. Requieren de complejos arbitrajes, de instituciones que tardan en ponerse en marcha. En esas circunstancias, los defectos son más visibles que las virtudes.
Nadie niega que Panamá puede definirse como una sociedad de desigualdades, con extensos bolsones de pobreza y marginalidad. Corregir esa situación, ha sido una prioridad del Gobierno Nacional desde el primer día de su mandato.
Existe una clara comprensión de que el actual modelo económico está agotado. No rinde para las necesidades del país, no genera suficiente crecimiento, ni se corresponde con la situación mundial. No existe relación entre el crecimiento y la distribución, entre el bienestar para unos y la pobreza para otros.
Para los activistas de tiempo completo y los extorsionadores políticos, ha sido fácil tratar de explotar las desigualdades sociales que generan descontento.
En las últimas semanas han buscado capitalizar la decisión del gobierno, luego de consultas con todos los sectores, de reformar el sistema de seguridad social mediante una ley impopular, sensitiva, que ha exacerbado los ánimos de la población. A través de medidas de presión han pretendido generar una crisis institucional y empujar al país hacia la ingobernabilidad. Para tratar de socavar al sistema no tienen que alzarse en armas ni enmontañarse. Operan agazapados desde los espacios que les provee la democracia bajo la consigna de que nadie manda y que nadie obedezca. Mientras peor, mejor. Pretenden cercar al gobierno nacional y tornar más compleja una situación coyuntural hasta convertirla en crisis sistémica.
Para salvaguardar los valores de tranquilidad y orden público con los que se cimienta la sociedad panameña, el presidente Martín Torrijos convocó a un diálogo nacional, sin exclusiones, en donde los distintos sectores puedan presentar sus puntos de vista acerca de la implementación de la legislación que reformó la ley orgánica de Caja de Seguro Social (CSS).
Si antes la población se encontraban como en una inmensa platea mirando desde lejos la situación de la seguridad social, ahora los sectores organizados tienen la oportunidad de involucrarse en el debate y aportar sus puntos de vista. Al mismo tiempo, el diálogo nacional pondrá en evidencia, en forma clara, las verdaderas intenciones de los grupos radicales que buscan por la vía de la confrontación tratar de imponer lo que no son capaces de debatir en la mesa de negociación.
El compromiso es que si de ese amplio foro surgiera una propuesta consensuada para modificar aspectos puntuales de la ley, el Gobierno la presentará ante la Asamblea Nacional de Diputados. El objetivo es mejorar, por medio del diálogo, el futuro de la seguridad social panameña. Ya se dio el primer paso con la convocatoria al diálogo nacional, pueden darse otros más.
El escenario del diálogo es el ambiente adecuado para propiciar las coincidencias. Es allí donde pueden alcanzarse consensos básicos para la implementación de una legislación que garantiza el carácter solidario de la CSS, su estabilidad financiera y su no privatización.
Al abrir la puerta para el diálogo, el Gobierno Nacional abona al clima de libertad y estimula a los sectores interesados en salvar la seguridad social a sumarse para modificar los aspectos que pueden mejorarse.
La reforma a la Caja de Seguro Social, por su carácter equilibrado y gradual, garantiza la viabilidad económica y financiera de la institución, a la vez que maximiza y aporta un haber invaluable a la convivencia pacífica entre todos los panameños.
