Dictadores electorales
Durante las pasadas elecciones primarias los flamantes rectores, con pretensiones de dueños, del sistema electoral panameño, dieron la primera campanada. De común acuerdo con el recién estrenado fiscal electoral, también PRD, de corazón, suspendieron una cuña del precandidato Navarro, que no hacía otra cosa que reproducir, en voz e imagen, un discurso grabado de su contrincante.
Recientemente, el fiscal Barrios, en declaraciones que recogieron los medios, se jactó de su actuación en ese caso y ratificó su intención de repetirla en el futuro. Sospechosa y complementariamente, el magistrado Pinilla declaró hace unos días que el Tribunal está presto a censurar las propagandas que ellos, los dictadores electorales, consideren "sucias o negativas".
Las nunca bien aclaradas explicaciones que los magistrados Valdés, Allen y Pinilla dieron para reclamar el pago (que se afirma ya recibieron hasta el último centésimo) de 10 y más años de vacaciones, creo que debieron servir para que a muchas de las personas que, inmerecidamente, los habían endiosado se convencieran de su error. Pero el asunto de las vacaciones no es la única mácula en el historial de los mencionados caballeros; también están el lío de la tarjetas bases que nadie ha explicado cómo salieron de la custodia del tribunal, el famoso "sí se puede" del magistrado Valdés cuando entregó las credenciales a Martín Torrijos, el sainete del contrato adjudicado y desadjudicado y la "novedosa teoría" de la "sustracción de materia" con que el magistrado Pinilla deslumbró al mundo jurídico.
Sume usted a lo anterior las últimas e imprudentes declaraciones del mismo magistrado Pinilla para calificar de "show político" la conducta, a mi juicio legítima del otro aspirante que, como yo, pretendemos ser candidatos independientes a la presidencia de la República y que, además, son un prejuzgamiento que la Ley prohíbe a los jueces y magistrados y la conclusión es que los magistrados del Tribunal Electoral, si no los detenemos a tiempo, se erigirán en verdaderos dictadores electorales.
Desgraciadamente, en Panamá hemos sido excesivamente tolerantes para juzgar las actuaciones de los funcionarios públicos. Cuando medianamente cumplen con las funciones para las cuales fueron nombrados o elegidos, se les ensalza como si fueran paradigma de eficiencia y responsabilidad. El caso del Tribunal Electoral es un ejemplo típico y ahora estamos viendo y pagando las consecuencias.
En el Tribunal, muchos no lo saben, los funcionarios no están amparados por un servicio de carrera, y el nepotismo y el amiguismo son moneda corriente. En esa institución las normas de control fiscal son casi inexistentes o sólo sirven para revisar hechos consumados, cuando poco es lo que se puede corregir.
Las funciones y responsabilidades que corresponden al Tribunal son importantes para que la voluntad popular se manifieste en elecciones; pero la democracia, que es más que las elecciones, es un derecho inalienable del pueblo. Eso, según parece, que acaban de entenderlo los flamantes magistrados.
