Economía
En Panamá, sumados a la restricción externa, también estarán presentes los factores retardatarios. A esto se debe añadir la presencia de un gobierno que, por someterse a los intereses de los sectores económicamente dominantes, ha sido incapaz de lograr un efectivo control de la pandemia.
Resulta fundamental exigir que los fondos públicos se utilicen con plena transparencia, priorizando dos objetivos fundamentales: la máxima reactivación y generación de empleo decente posible. Foto: EFE
Desde el punto de vista económico, el 2020 fue un año desastroso. Baste recordar que el mismo cerró con una caída del PIB que el director del Instituto de Estadística y Censo calcula en 14.0%, así como con una tasa de desocupación del 18.5% de la población económicamente activa, que fue acompañada de un nivel de informalidad que afecta al 52.8% de los trabajadores no agrícolas. Teniendo esto en cuenta es necesario preguntarse por lo que podría ocurrir en el 2021.
El hecho de que en el 2018 la suma de las exportaciones y las importaciones del país equivalían al 89.7% del PIB, son una muestra del alto nivel de apertura de nuestra economía y, por tanto, de su sensibilidad al contexto externo. Esto lleva a reflexionar sobre dicho contexto.
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Ya antes de la pandemia el comercio internacional mostraba signos de debilidad. De acuerdo con la CEPAL: "mientras que entre 1990 y 2007 el volumen del comercio se expandió a una tasa media de 6.2% anual, entre 2012 y 2019 lo hizo apenas a una de 2.3%", a lo que agrega que "la participación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB mundial, que alcanzó su máximo histórico del 31% en 2008, desde 2015 se ha ubicado en torno al 28%".
Por su parte, Carmen Reinhart y Vincent Reinhart (2020), en una visión semejante a la de la CEPAL, han señalado que: "Antes de la pandemia, muchos exportadores estaban enfrentando presiones. Entre el 2008 y el 2018, el crecimiento del comercio global ha decrecido en la mitad, comparado con la década anterior."
Viendo hacia la actualidad, el contexto externo muestra problemas adicionales. En primer lugar, está la disrupción de las cadenas de abastecimiento internacional, provocada por la propia pandemia, el desarrollo de la inteligencia artificial que permite el "reshoring" de las industrias, el conflicto comercial, tecnológico y financiero entre los Estados Unidos y China, que, se mantendrá con la nueva administración en Norteamérica, y las políticas defensivas hacia la globalización.
Esto significa para Panamá el riesgo del debilitamiento del comercio exterior, así como formas de relocalización de las cadenas de abastecimiento que afecten al modelo transitista - extractivista. A esto, habría que agregar otros factores retardatarios vinculados con el sobrendeudamiento, la limitación del crédito, la presencia de empresas en condiciones de quiebra, el apalancamiento excesivo, el ahorro precautorio y la incertidumbre que limita las inversiones.
En Panamá, sumados a la restricción externa, también estarán presentes los factores retardatarios. A esto se debe añadir la presencia de un gobierno que, por someterse a los intereses de los sectores económicamente dominantes, ha sido incapaz de lograr un efectivo control de la pandemia. El mismo, además, ha retrasado significativamente el proceso de vacunación.
Dada la situación existente, caracterizada por un alto nivel de incertidumbre y la inexistencia de un mecanismo espontáneo de coordinación, hace necesario que el Estado, por medio de las obras públicas, genere el primer impulso de recuperación de la demanda efectiva.
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En este caso se tienen varias dificultades. En primer lugar, la necesidad de financiamiento en un contexto de creciente deuda externa. En segundo lugar, la presencia de los factores de corrupción que se han mantenido y aún acelerado en medio de la pandemia.
En tercer lugar, la utilización de las asociaciones público privadas, que son un mecanismo de privatización y de corrupción.
Resulta fundamental exigir que los fondos públicos se utilicen con plena transparencia, priorizando dos objetivos fundamentales: la máxima reactivación y generación de empleo decente posible y, dado que la recuperación de la ocupación será pausada, la atención suficiente para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Solo una ciudadanía consciente, solidaria y activada podrá asegurar estos objetivos.
Economista.
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