Dignidad de la toga

Hay trabajos que no se buscan, sino que buscan a quien los pueda ejecutar. De esta naturaleza es el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para el bien de la justicia, no es importante saber qué individuos desean candidatizarse a sí mismos, lo que seguramente es reflejo de una alta autoestima, con o sin fundamentos compartidos socialmente. Son las corporaciones gubernamentales y no gubernamentales las que deben proponer listas de nombres de ciudadanos y ciudadanas capaces y que podrían enaltecer la función de impartir justicia al más alto nivel. Es un reconocimiento a estas personas, pero también es la expresión de una necesidad de que el conglomerado social se ponga de acuerdo sobre cómo deben ser los individuos que desempeñarán tan delicadas funciones.

Bueno es que la designación que hace el Presidente de la República esté precedida de una fase de consenso social. En el actual procedimiento hay, no obstante, una falla importante: no se establece un periodo tiempo entre la designación y la ratificación en el cargo. Hace dos años, cuando fueron nombrados los dos últimos magistrados, sólo mediaron unas pocas horas entre el pronunciamiento del Ejecutivo y la votación en el Legislativo. Mejor sería que la ciudadanía contase, por mandato de la ley, con un espacio de tiempo que le permitiese valorar la designación hecha por el Presidente y le diese la opción a las asociaciones de la sociedad civil para hacer una recomendación a los diputados.