Diputados: ¿justicia o impunidad?

Uno de los más evidentes vicios de la era democrática, que se inició en nuestra República hace ya casi 20 años, es indudablemente la impunidad de las actuaciones ilícitas de los miembros de la Asamblea Nacional. La democracia panameña no ha tenido la fuerza suficiente para poner en cintura a los diputados. El régimen constitucional imperante hasta el 2004 que regulaba el juicio a los diputados establecía la figura de la inmunidad legislativa, lo que impedía que el Ministerio Público solicitase la apertura de un proceso penal ante la Corte Suprema, a menos que previamente el Pleno Legislativo autorizase dicha actuación. La práctica corrupta de las instituciones constitucionales extendió dicho fuero al inicio de la investigación y así con esta interpretación constitucional el Ministerio Público quedó inhabilitado para ejercer la acción penal sobre los diputados mientras estos gozaren de inmunidad legislativa. La reforma constitucional del 2004 sustituyó este régimen por uno de virtual impunidad, cuando estableció que la Corte Suprema era la autoridad competente tanto para el juicio como para la investigación de los diputados. El proyecto que ahora se discute sólo busco limpiar el registro de la enorme cantidad de denuncias que se han presentado y no investigado. Al establecer términos cortos y plazos fatales para que la Corte admita la demanda y pronuncie sentencia, lo único que se pretende agregar al ya corrupto sistema es el archivo inmediato del expediente. La impunidad continuará mientras se excluya de la investigación penal al Ministerio Público, único ente capaz de investigación el delito.