Discriminación de adultos
Sorprende que en Panamá se pase una ley por medio de la cual se excluya a personas mayores de setenta y cinco años de ocupar cargos públicos por el solo hecho de haber llegado a esa edad, lo cual no es índice o medida de la capacidad de la persona para desempeñarse en un puesto público.
Pueblos con tradiciones como las nuestras valoran y protegen a las personas adultas. Las antiquísimas culturas orientales también dan un valor especial a los adultos y no lo consideran personas que deben ser apartadas de la vida productiva. Este proceder y por razones políticas demuestra cierto grado de deterioro de valores familiares, cívicos y morales y precisamente en un Organo del Estado en donde debe reflejarse e interpretarse lo más puro de la nacionalidad.
Un adulto como cualquier otra persona tiene necesidades, compromisos de toda clase: sociales, médicos, económicos, familiares, etc., y debe hacer el esfuerzo por suplir esas necesidades como cualquier otra persona y no se necesita, ni se ha necesitado nunca ninguna legislación para determinar su capacidad o límites de sus habilidades.
También es lamentable observar cómo a profesores de la Universidad de Panamá se les separa de sus cátedras, no por incapacidad, sino por el solo hecho de cumplir con esta ley que viola sus derechos humanos y que en Panamá se pretende como constitucional.
Hoy la ciudadanía aparece como un espectador indiferente como si no fuese afectada. Lo cierto es que sí la afecta, porque vulnera un derecho, como otros que aun cuando no se ejerzan dan protección al individuo y por lo tanto a la misma sociedad.
Esta ley viola los derechos humanos garantizados en la carta de las Naciones Unidas, de la cual es signatario la República de Panamá y por lo tanto superior en principios y derechos a la misma Constitución de la república que en estos y otros aspectos está obsoleta.
Pueblos con tradiciones como las nuestras valoran y protegen a las personas adultas. Las antiquísimas culturas orientales también dan un valor especial a los adultos y no lo consideran personas que deben ser apartadas de la vida productiva. Este proceder y por razones políticas demuestra cierto grado de deterioro de valores familiares, cívicos y morales y precisamente en un Organo del Estado en donde debe reflejarse e interpretarse lo más puro de la nacionalidad.
Un adulto como cualquier otra persona tiene necesidades, compromisos de toda clase: sociales, médicos, económicos, familiares, etc., y debe hacer el esfuerzo por suplir esas necesidades como cualquier otra persona y no se necesita, ni se ha necesitado nunca ninguna legislación para determinar su capacidad o límites de sus habilidades.
También es lamentable observar cómo a profesores de la Universidad de Panamá se les separa de sus cátedras, no por incapacidad, sino por el solo hecho de cumplir con esta ley que viola sus derechos humanos y que en Panamá se pretende como constitucional.
Hoy la ciudadanía aparece como un espectador indiferente como si no fuese afectada. Lo cierto es que sí la afecta, porque vulnera un derecho, como otros que aun cuando no se ejerzan dan protección al individuo y por lo tanto a la misma sociedad.
Esta ley viola los derechos humanos garantizados en la carta de las Naciones Unidas, de la cual es signatario la República de Panamá y por lo tanto superior en principios y derechos a la misma Constitución de la república que en estos y otros aspectos está obsoleta.
