Discriminación en las Américas
DURANTE LAS dos últimas décadas, América Latina ha experimentado logros en materia de libertades políticas y civiles. Con grandes esfuerzos, avances y también algunos retrocesos, la mayoría de los países latinoamericanos avanzó en el proceso de construcción de sociedades más democráticas.
Hoy, la región en su conjunto opera sobre la base de esquemas que garantizan el pluralismo de ideas y la participación democrática. Por otra parte, Cuba constituye una importante excepción: aferrada a un sistema que combina un partido único con la prohibición de la actividad política independiente y el desconocimiento de las libertades civiles.
Sin embargo, estos avances registrados en el ámbito regional subsisten junto a otras cuestiones que integran la "agenda pendiente" y que incluye la situación de las comunidades de origen étnico. A pesar del referido desarrollo democrático, América Latina asiste al relegamiento colectivo de su población negra e indígena. Según distintas estimaciones, aproximadamente el 40% de los latinoamericanos es afro-descendiente; respecto de la presencia indígena, se estima que la misma supera el 10% de la población general.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ha impulsado una discusión intrínsecamente relacionada con la realidad de las étnias: la vigencia del racismo en el ámbito hemisférico.
Con gran acierto, la CIDH califica a dicho fenómeno (y a las otras formas de intolerancia étnica y racial) como un obstáculo serio para el progresivo desarrollo democrático regional.
La discriminación racial impacta en todas las instancias de interacción humana, marginando a individuos a partir de su condición étnica o racial. Para atacar esa realidad, la Comisión promueve la adopción de una convención interamericana específica sobre la materia.
La propuesta (apoyada por el gobierno de Brasil) procura además armonizar la marcada disparidad legal existente entre los países integrantes del sistema interamericano, orientando un avance legal colectivo. Finalmente, la iniciativa destaca la necesidad de crear mecanismos específicos que permitan monitorear el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones surgidas de la convención. De otra forma, caeríamos en la sanción de un mero "catálogo de promesas."
El desarrollo es positivo: llevar la discusión sobre la vigencia del racismo al más alto nivel político continental contribuirá a desmontar el muro de silencio que rodea al problema. Además, generará el clima institucional necesario para promover la toma de decisión por parte de los Estados. Por eso, el esfuerzo de la CIDH merece ser seriamente considerado, ya que apunta al perfeccionamiento de normas jurídicas que tutelan derechos fundamentales. Sin embargo, la magnitud (y el carácter histórico) del fenómeno de la discriminación en las Américas exige un esfuerzo político de una mayor envergadura. Resulta imperativo que, además de promover instrumentos jurídicos de alcance regional y carácter correctivo o reparador, se impulsen políticas públicas orientadas a la inclusión en todos los ámbitos del desarrollo humano de la población étnica.
Para ello es necesario que las sociedades entiendan el propio carácter multicultural y pluriétnico. De otro modo, las iniciativas discutidas constituirán hitos normativos que, aunque valiosos, serán insuficientes para revertir siglos de exclusión.
(*)Presidente de la Asociación Verde de Panamá (ASVEPA).
Hoy, la región en su conjunto opera sobre la base de esquemas que garantizan el pluralismo de ideas y la participación democrática. Por otra parte, Cuba constituye una importante excepción: aferrada a un sistema que combina un partido único con la prohibición de la actividad política independiente y el desconocimiento de las libertades civiles.
Sin embargo, estos avances registrados en el ámbito regional subsisten junto a otras cuestiones que integran la "agenda pendiente" y que incluye la situación de las comunidades de origen étnico. A pesar del referido desarrollo democrático, América Latina asiste al relegamiento colectivo de su población negra e indígena. Según distintas estimaciones, aproximadamente el 40% de los latinoamericanos es afro-descendiente; respecto de la presencia indígena, se estima que la misma supera el 10% de la población general.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ha impulsado una discusión intrínsecamente relacionada con la realidad de las étnias: la vigencia del racismo en el ámbito hemisférico.
Con gran acierto, la CIDH califica a dicho fenómeno (y a las otras formas de intolerancia étnica y racial) como un obstáculo serio para el progresivo desarrollo democrático regional.
La discriminación racial impacta en todas las instancias de interacción humana, marginando a individuos a partir de su condición étnica o racial. Para atacar esa realidad, la Comisión promueve la adopción de una convención interamericana específica sobre la materia.
La propuesta (apoyada por el gobierno de Brasil) procura además armonizar la marcada disparidad legal existente entre los países integrantes del sistema interamericano, orientando un avance legal colectivo. Finalmente, la iniciativa destaca la necesidad de crear mecanismos específicos que permitan monitorear el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones surgidas de la convención. De otra forma, caeríamos en la sanción de un mero "catálogo de promesas."
El desarrollo es positivo: llevar la discusión sobre la vigencia del racismo al más alto nivel político continental contribuirá a desmontar el muro de silencio que rodea al problema. Además, generará el clima institucional necesario para promover la toma de decisión por parte de los Estados. Por eso, el esfuerzo de la CIDH merece ser seriamente considerado, ya que apunta al perfeccionamiento de normas jurídicas que tutelan derechos fundamentales. Sin embargo, la magnitud (y el carácter histórico) del fenómeno de la discriminación en las Américas exige un esfuerzo político de una mayor envergadura. Resulta imperativo que, además de promover instrumentos jurídicos de alcance regional y carácter correctivo o reparador, se impulsen políticas públicas orientadas a la inclusión en todos los ámbitos del desarrollo humano de la población étnica.
Para ello es necesario que las sociedades entiendan el propio carácter multicultural y pluriétnico. De otro modo, las iniciativas discutidas constituirán hitos normativos que, aunque valiosos, serán insuficientes para revertir siglos de exclusión.
(*)Presidente de la Asociación Verde de Panamá (ASVEPA).
