Disfunciones de la democracia de partidos
EN FECHAS RECIENTES, mi dilecto amigo y colega Saúl Maloul se ha referido al tema de la separación de poderes en los regímenes democráticos presidencialistas, y ha señalado que en Panamá el Organo Legislativo ha abdicado de su atribución constitucional de "fiscalizar las labores del Organo ejecutivo". A fe que don Saúl tiene razón.
El fenómeno, que no es exclusivamente panameño, obedece, en mi concepto, a una realidad que, a pesar de su evidente importancia y de sus graves consecuencias, pasa generalmente inadvertida. Me refiero a la incidencia que el funcionamiento de los partidos políticos tiene respecto de algunos de los dogmas fundamentales de la democracia liberal. Tal es, entre otros, el caso del principio de separación de poderes.
Como es de sobra sabido, en los regímenes democráticos, especialmente en los presidencialistas, las funciones básicas del Estado (dictar la ley, ejecutarla y aplicarla a casos concretos) las cumplen tres órganos distintos (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), los que, en teoría, deben actuar separadamente y con sujeción a un sistema constitucional de pesos y contrapesos recíprocos que, idealmente, se debe traducir en una suerte de equilibrio de poderes.
Con arreglo a ese sistema, al Organo Legislativo le corresponde no sólo la tarea de legislar, sino otra no menos importante -la que echa de menos el colega Maloul- , a saber: la de ejercer control político sobre el Organo Ejecutivo en el sentido de obligarlo a explicar y a justificar públicamente sus actuaciones y aun sus omisiones. Dicho control se ejerce, fundamentalmente, a través de las interpelaciones parlamentarias a que, conforme a la Constitución, deben someterse los ministros y otros altos funcionarios de la rama ejecutiva.
Pues bien, las interpelaciones parlamentarias en Panamá son casi una pieza de museo. La razón es sencilla. Cuando, como suele suceder, el Presidente y la mayoría parlamentaria pertenecen a un mismo partido o coalición de partidos, se esfuma de hecho la separación funcional que se supone exista entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. Éstos, unidos por el cordón umbilical de la coalición o del partido mayoritario, se comportan como si fueran uno solo, extinguiéndose así toda posibilidad real de que el primero ejerza control político sobre el segundo. Por esta vía, el llamado Estado de partidos genera una disfunción que convierte en letra muerta una de las instituciones básicas del gobierno democrático, sin que nuestra Constitución se de por enterada del hecho.
Diversas medidas podrían arbitrarse para remediar el mal. La más directa sería la de obligar a los altos funcionarios del Ejecutivo a someterse a dicha interpelación a petición de la minoría parlamentaria o, por lo menos, a contestar, por escrito, las preguntas que ésta les formulen. Ambas cosas requerirían una reforma constitucional.
No pretendo que la medida que dejo sugerida sea una especie de panacea de infalible eficacia. Tal vez haya otras de mayor virtud. Lo inadmisible en este orden de cosas es desconocer la existencia del problema y asumir frente al mismo una actitud "leseferista", por llamarla de alguna manera, que pase por alto el hecho cierto de que, como queda dicho, el funcionamiento de los partidos políticos puede aparejar, en la práctica, el menoscabo de principios tan enaltecidos como el de la separación de poderes. Las consecuencias del fenómeno disfuncional las estamos viviendo.
Párrafos atrás apunté que la cuestión de que me ocupo no nos es privativa. La misma se presenta en todos los regímenes presidencialistas cuando el titular del Organo Ejecutivo y la mayoría parlamentaria forman parte de un misma parcialidad política. Sólo si el Organo Legislativo es controlado por la oposición se despierta en éste, a ratos con voracidad desproporcionada, el apetito de ejercer su función de llamar a capítulo al Organo Ejecutivo.
A manera de botón de muestra, traigo a colación la controversia que se ha desatado en los Estados Unidos con motivo de la destitución por la rama ejecutiva de unos fiscales federales. La tal destitución ha dado lugar a un enconado diferendo entre el Congreso de ese país, hoy controlado por la oposición, y el presidente Bush. ¿O es que alguien cree que ese debate, con ribetes de cuestión de gabinete, se habría planteado si Bush no hubiera perdido la mayoría parlamentaria que hasta hace poco lo acompañaba, mayoría que le permitió hacer prácticamente todo lo que le vino en gana, incluso invadir a Irák?
Así son las cosas aquí, allá y acullá. La separación de poderes, lo repito, se esfuma en las circunstancias de que he hecho mérito y se seguirá esfumando mientras no se le encuentre remedio al mal.
El fenómeno, que no es exclusivamente panameño, obedece, en mi concepto, a una realidad que, a pesar de su evidente importancia y de sus graves consecuencias, pasa generalmente inadvertida. Me refiero a la incidencia que el funcionamiento de los partidos políticos tiene respecto de algunos de los dogmas fundamentales de la democracia liberal. Tal es, entre otros, el caso del principio de separación de poderes.
Como es de sobra sabido, en los regímenes democráticos, especialmente en los presidencialistas, las funciones básicas del Estado (dictar la ley, ejecutarla y aplicarla a casos concretos) las cumplen tres órganos distintos (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), los que, en teoría, deben actuar separadamente y con sujeción a un sistema constitucional de pesos y contrapesos recíprocos que, idealmente, se debe traducir en una suerte de equilibrio de poderes.
Con arreglo a ese sistema, al Organo Legislativo le corresponde no sólo la tarea de legislar, sino otra no menos importante -la que echa de menos el colega Maloul- , a saber: la de ejercer control político sobre el Organo Ejecutivo en el sentido de obligarlo a explicar y a justificar públicamente sus actuaciones y aun sus omisiones. Dicho control se ejerce, fundamentalmente, a través de las interpelaciones parlamentarias a que, conforme a la Constitución, deben someterse los ministros y otros altos funcionarios de la rama ejecutiva.
Pues bien, las interpelaciones parlamentarias en Panamá son casi una pieza de museo. La razón es sencilla. Cuando, como suele suceder, el Presidente y la mayoría parlamentaria pertenecen a un mismo partido o coalición de partidos, se esfuma de hecho la separación funcional que se supone exista entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. Éstos, unidos por el cordón umbilical de la coalición o del partido mayoritario, se comportan como si fueran uno solo, extinguiéndose así toda posibilidad real de que el primero ejerza control político sobre el segundo. Por esta vía, el llamado Estado de partidos genera una disfunción que convierte en letra muerta una de las instituciones básicas del gobierno democrático, sin que nuestra Constitución se de por enterada del hecho.
Diversas medidas podrían arbitrarse para remediar el mal. La más directa sería la de obligar a los altos funcionarios del Ejecutivo a someterse a dicha interpelación a petición de la minoría parlamentaria o, por lo menos, a contestar, por escrito, las preguntas que ésta les formulen. Ambas cosas requerirían una reforma constitucional.
No pretendo que la medida que dejo sugerida sea una especie de panacea de infalible eficacia. Tal vez haya otras de mayor virtud. Lo inadmisible en este orden de cosas es desconocer la existencia del problema y asumir frente al mismo una actitud "leseferista", por llamarla de alguna manera, que pase por alto el hecho cierto de que, como queda dicho, el funcionamiento de los partidos políticos puede aparejar, en la práctica, el menoscabo de principios tan enaltecidos como el de la separación de poderes. Las consecuencias del fenómeno disfuncional las estamos viviendo.
Párrafos atrás apunté que la cuestión de que me ocupo no nos es privativa. La misma se presenta en todos los regímenes presidencialistas cuando el titular del Organo Ejecutivo y la mayoría parlamentaria forman parte de un misma parcialidad política. Sólo si el Organo Legislativo es controlado por la oposición se despierta en éste, a ratos con voracidad desproporcionada, el apetito de ejercer su función de llamar a capítulo al Organo Ejecutivo.
A manera de botón de muestra, traigo a colación la controversia que se ha desatado en los Estados Unidos con motivo de la destitución por la rama ejecutiva de unos fiscales federales. La tal destitución ha dado lugar a un enconado diferendo entre el Congreso de ese país, hoy controlado por la oposición, y el presidente Bush. ¿O es que alguien cree que ese debate, con ribetes de cuestión de gabinete, se habría planteado si Bush no hubiera perdido la mayoría parlamentaria que hasta hace poco lo acompañaba, mayoría que le permitió hacer prácticamente todo lo que le vino en gana, incluso invadir a Irák?
Así son las cosas aquí, allá y acullá. La separación de poderes, lo repito, se esfuma en las circunstancias de que he hecho mérito y se seguirá esfumando mientras no se le encuentre remedio al mal.
