Disienten de editorial sobre trabajo infantil
Estimado Director y amigo: Por inadvertencia de mi parte no leí hasta hoy, domingo 23, el editorial del lunes 17 intitulado "Niños trabajadores" sobre los abusos en el trabajo infantil denunciados por la Legisladora Presidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer y de Derechos del Niño de la Asamblea Legislativa.
El editorial se reduce a justificar los abusos comprobados en razón de "las costumbres ancestrales de tipo campesino" y de las normas culturales de las etnias indígenas. Sólo critica los abusos cuando se dan en el sector urbano.
Pocas veces me ha decepcionado tanto un editorial de El Panamá América. En efecto, el editorial desconoce hechos importantes destacados por la denunciante, a los que me referí explícitamente en mi artículo dominical del 16 de abril en El Panamá América a saber que los abusos se encontraron en cañaverales de colonos independientes y del Ingenio La Victoria, pero no se encontraron en el Ingenio Ofelina. Ello prueba que la existencia de los mismos depende más de la voluntad de los empresarios que de las costumbres de las víctimas. Por ello, el argumento de su editorial, según el cual "no hay atisbo de trabajo forzado o de explotación inhumana del niño en esas circunstancias" es social, económica y moralmente falso. El editorialista se ha hecho cómplice de funcionarios que han incumplido con su deber de aplicar las leyes de la República.
Peor aún, el editorial equivale a una apología del delito, pues las prácticas denunciadas constituyen violaciones de nuestra Constitución, de Convenciones Internacionales, del Código Laboral y del Código de la Familia. Nuestras leyes no contemplan un Panamá urbano con derechos reconocidos, por cuyo cumplimiento el Estado velaría, y un Panamá rural sin dichos derechos, cuya violación el Estado toleraría.
De aceptar las costumbres y patrones culturales como excusas de cara a la violación de derechos humanos, el editorialista se vería obligado para ser coherente a justificar también la violencia y la discriminación contra las mujeres, el abuso incestuoso de menores por miembros de su entorno familiar, la deserción escolar creciente de los niños de mayor edad para que éstos se dediquen de tiempo completo al trabajo, las graves faltas de higiene, la compra y venta de votos por licor y dinero en los períodos electorales y un sin número de otras aberraciones que podrían tildarse de "costumbres" o de "patrones culturales". ¿Cree acaso el editorialista que los campesinos e indígenas soportarían estas condiciones de vida si no se vieran acosados por la miseria y la secuela de sus consecuencias?
En el fondo el editorialista revela una visión capitalina que desprecia la capacidad de cambio de las panameñas y panameños del interior de la República. Al mismo tiempo reniega de la misión propia de El Panamá América, que por ser informativa y orientadora es básicamente cultural. Un periódico de los antecedentes históricos y del espíritu de independencia de El Panamá América no se puede limitar a justificar un status quo de injusticias e inhumanidad, so pretexto de condiciones culturales, pues son precisamente éstas las condiciones sobre las cuales puede y debe incidir como medio de comunicación.
Harmodio Arias, quien provino del mundo rural de fines del siglo XIX y se impuso como uno de los estadistas más preclaros de la República, desarrolló El Panamá América con el propósito de ayudar a transformar a Panamá, no a encubrir sus taras. En uno de sus editoriales escribía: "La sanción de la opinión pública en los países civilizados es eficacísima en la corrección de ciertas corruptelas y en la represión de determinados abusos. Para ello es preciso que el público los conozca. Y si al publicarse la relación de un hecho reprensible..., se omiten elementos de carácter sustancial, el público no podría fácilmente formarse un concepto claro y completo del mal apuntado y, por tanto, estaría incapacitado para reaccionar adecuadamente en el sentido que sería de desearse y para dirigir sus sanciones contra los culpables".
Esta es precisamente la principal causa de las fallas del editorial del 17 de este mes; no se ajusta a los ideales periodísticos y nacionales de Harmodio Arias.
El editorial se reduce a justificar los abusos comprobados en razón de "las costumbres ancestrales de tipo campesino" y de las normas culturales de las etnias indígenas. Sólo critica los abusos cuando se dan en el sector urbano.
Pocas veces me ha decepcionado tanto un editorial de El Panamá América. En efecto, el editorial desconoce hechos importantes destacados por la denunciante, a los que me referí explícitamente en mi artículo dominical del 16 de abril en El Panamá América a saber que los abusos se encontraron en cañaverales de colonos independientes y del Ingenio La Victoria, pero no se encontraron en el Ingenio Ofelina. Ello prueba que la existencia de los mismos depende más de la voluntad de los empresarios que de las costumbres de las víctimas. Por ello, el argumento de su editorial, según el cual "no hay atisbo de trabajo forzado o de explotación inhumana del niño en esas circunstancias" es social, económica y moralmente falso. El editorialista se ha hecho cómplice de funcionarios que han incumplido con su deber de aplicar las leyes de la República.
Peor aún, el editorial equivale a una apología del delito, pues las prácticas denunciadas constituyen violaciones de nuestra Constitución, de Convenciones Internacionales, del Código Laboral y del Código de la Familia. Nuestras leyes no contemplan un Panamá urbano con derechos reconocidos, por cuyo cumplimiento el Estado velaría, y un Panamá rural sin dichos derechos, cuya violación el Estado toleraría.
De aceptar las costumbres y patrones culturales como excusas de cara a la violación de derechos humanos, el editorialista se vería obligado para ser coherente a justificar también la violencia y la discriminación contra las mujeres, el abuso incestuoso de menores por miembros de su entorno familiar, la deserción escolar creciente de los niños de mayor edad para que éstos se dediquen de tiempo completo al trabajo, las graves faltas de higiene, la compra y venta de votos por licor y dinero en los períodos electorales y un sin número de otras aberraciones que podrían tildarse de "costumbres" o de "patrones culturales". ¿Cree acaso el editorialista que los campesinos e indígenas soportarían estas condiciones de vida si no se vieran acosados por la miseria y la secuela de sus consecuencias?
En el fondo el editorialista revela una visión capitalina que desprecia la capacidad de cambio de las panameñas y panameños del interior de la República. Al mismo tiempo reniega de la misión propia de El Panamá América, que por ser informativa y orientadora es básicamente cultural. Un periódico de los antecedentes históricos y del espíritu de independencia de El Panamá América no se puede limitar a justificar un status quo de injusticias e inhumanidad, so pretexto de condiciones culturales, pues son precisamente éstas las condiciones sobre las cuales puede y debe incidir como medio de comunicación.
Harmodio Arias, quien provino del mundo rural de fines del siglo XIX y se impuso como uno de los estadistas más preclaros de la República, desarrolló El Panamá América con el propósito de ayudar a transformar a Panamá, no a encubrir sus taras. En uno de sus editoriales escribía: "La sanción de la opinión pública en los países civilizados es eficacísima en la corrección de ciertas corruptelas y en la represión de determinados abusos. Para ello es preciso que el público los conozca. Y si al publicarse la relación de un hecho reprensible..., se omiten elementos de carácter sustancial, el público no podría fácilmente formarse un concepto claro y completo del mal apuntado y, por tanto, estaría incapacitado para reaccionar adecuadamente en el sentido que sería de desearse y para dirigir sus sanciones contra los culpables".
Esta es precisamente la principal causa de las fallas del editorial del 17 de este mes; no se ajusta a los ideales periodísticos y nacionales de Harmodio Arias.
