Disolución de la Asamblea, apología del delito
El artículo 371 del Código Penal establece textualmente lo siguiente: "El que públicamente haga apología de un hecho punible o incite a la desobediencia de las leyes, será sancionado con prisión de 1 a 2 años."
Ciertamente no salimos del asombro que nos motivaron las declaraciones recientemente formuladas por el ex presidente Endara y el ex presidente del Tribunal Electoral, constitucionalista reconocido, el Dr. César Quintero, en torno a la Asamblea Legislativa actual y la electa que iniciará su período el primero de septiembre de 1999. Tanto remar estos dos señores para venir a ahogarse en la orilla.
El ex presidente Endara , palabras más, palabras menos, declaró que para él prácticamente era una necesidad que la presidenta electa disuelva la Asamblea Legislativa. "No le están dejando otro camino a Mireya que abolirla", sentenció. Según el ex presidente la disolución de la Asamblea Legislativa es una salida a la crisis surgida. Manifestó que a pesar de ser un crítico del presidente peruano Alberto Fujimori, por su decisión de disolver el Parlamento de su país, si Fujimori tuvo que tomar dicha medida por acciones similares a las adoptadas por la Asamblea panameña, entonces la justifica.
Produce pesadumbre que un hombre que se jactó de demócrata y que luchó en las calles por la derrota de la dictadura militar, que fue Presidente de la República y es abogado, piense y se exprese en estos términos. Por lo que aboga, el ex presidente Endara es, ni más ni menos, que la Presidenta electa se constituya en dictadora, porque abolir la Asamblea Legislativa, principalísimo "rgano del Estado, cualquiera sea la razón que invoque, estaría trastocando todo el ordenamiento constitucional e institucional del Estado. Ojalá que la presidenta electa desatienda los consejos de todos estos cabezas calientes que no ven más allá de sus napias y no deshonre el mandato legítimo que le confirió el pueblo. No es ella la primera ni será la última que le corresponderá gobernar con una Asamblea contraria, son muchísimos los casos en que esta situación se ha dado y como ejemplo tenemos actualmente la democracia de los EE.UU. en que el Congreso lo controla el partido Republicano y el Demócrata detenta el Ejecutivo. Todavía no hemos escuchado a nadie abogar, por esta circunstancia, que Clinton debe disolver el Congreso, no obstante fue juzgado recientemente por éste y posteriormente absuelto. Si al ex presidente Endara se le ocurre interceder por semejante disparate en los EE.UU., donde se dice estudió, a no dudar sería lanzado a la hoguera por hereje y apóstata.
Otro de los personajes públicos que han asumido esta lastimosa posición es nada más y nada menos que el Dr. César Quintero. Expresó este señor, en la televisión, que la Asamblea Legislativa marcha a la dictadura: "Todo parece indicar que en la Asamblea quieren marchar hacia una dictadura parlamentaria, ésta y la que viene. A través de la historia se ha demostrado que las dictaduras parlamentarias son las más irresponsables y las más corruptas". Da la sensación que el Dr. Quintero quisiera expiar de culpa a la dictadura militar que lo nombró Presidente del Tribunal Electoral cuando las elecciones eran sólo un ademán y el escogimiento se efectuaba en los cuarteles quienes ponían y quitaban presidentes.
Según encuesta llevada a cabo por TV2, que parece haber tomado partido a favor del gobierno electo, se dio a conocer en el programa del viernes 2 de julio que el 80% de los encuestados se muestran de acuerdo con que la Asamblea Nacional sea clausurada. Semejante resultado lo cuestionamos, además de que nadie sabe cómo ni qué metodología fue utilizada, y es que no podemos creer que el 80% de los panameños lleguen a tal grado de insensatez de estar de acuerdo con semejante exabrupto jurídico.
Lo que realmente acontece es que a los Arnulfistas y sus arrimados no les ha agradado tener que compartir el poder y mucho menos estar supervisados por sus contrarios políticos. Olvidan que la forma como ha quedado conformado el Legislativo y el Ejecutivo se debe a la voluntad del pueblo, expresada en el proceso democrático de las elecciones del 2 de mayo y por lo tanto debe ser honrado. De igual manera como hay que respetar la elección de la Sra. Mireya Moscoso como Presidenta electa, porque es producto de la voluntad mayoritaria del pueblo, también hay que hacerlo con los 71 legisladores que salieron electos y el Tribunal Electoral les concedió las respectivas credenciales.
Doña Mireya y los suyos deben andar con mucha cautela porque con esta actitud no están más que cometiendo apología del delito y la Asamblea Legislativa muy bien pudiera llamarla a juicio. La Enciclopedia Jurídica Básica, Editorial Civitas, en el Tomo I, pag. 506 y siguientes nos dice que no obstante no existir una definición en el ordenamiento jurídico de lo que es la apología, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, apología es discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de personas o cosas, lo que puesto en conexión con los artículos del Código Penal, nos llevaría a concluir que los delitos de apología consisten en el discurso por cualquier de los medios citados en defensa o alabanza de hechos punibles.
Por otro lado, esta situación no traerá otra cosa que inestabilidad y más pobreza en el país ya que con este tipo de amenazas no hay nadie que vaya a invertir. El mismo traspaso del Canal a los panameños podría peligrar. Imagínense los lectores la confianza que ofrecería el país a los usuarios del Canal, de ser disuelta la Asamblea Legislativa. No dudemos que habrá muchos países que propugnarán porque se posponga la entrega hasta que podamos proporcionarnos un gobierno democrático. No podemos poner en primer término la politiquería. Existen muchos problemas que los panameños esperan sean resueltos y no sabemos hasta cuándo llegará su paciencia.
Ciertamente no salimos del asombro que nos motivaron las declaraciones recientemente formuladas por el ex presidente Endara y el ex presidente del Tribunal Electoral, constitucionalista reconocido, el Dr. César Quintero, en torno a la Asamblea Legislativa actual y la electa que iniciará su período el primero de septiembre de 1999. Tanto remar estos dos señores para venir a ahogarse en la orilla.
El ex presidente Endara , palabras más, palabras menos, declaró que para él prácticamente era una necesidad que la presidenta electa disuelva la Asamblea Legislativa. "No le están dejando otro camino a Mireya que abolirla", sentenció. Según el ex presidente la disolución de la Asamblea Legislativa es una salida a la crisis surgida. Manifestó que a pesar de ser un crítico del presidente peruano Alberto Fujimori, por su decisión de disolver el Parlamento de su país, si Fujimori tuvo que tomar dicha medida por acciones similares a las adoptadas por la Asamblea panameña, entonces la justifica.
Produce pesadumbre que un hombre que se jactó de demócrata y que luchó en las calles por la derrota de la dictadura militar, que fue Presidente de la República y es abogado, piense y se exprese en estos términos. Por lo que aboga, el ex presidente Endara es, ni más ni menos, que la Presidenta electa se constituya en dictadora, porque abolir la Asamblea Legislativa, principalísimo "rgano del Estado, cualquiera sea la razón que invoque, estaría trastocando todo el ordenamiento constitucional e institucional del Estado. Ojalá que la presidenta electa desatienda los consejos de todos estos cabezas calientes que no ven más allá de sus napias y no deshonre el mandato legítimo que le confirió el pueblo. No es ella la primera ni será la última que le corresponderá gobernar con una Asamblea contraria, son muchísimos los casos en que esta situación se ha dado y como ejemplo tenemos actualmente la democracia de los EE.UU. en que el Congreso lo controla el partido Republicano y el Demócrata detenta el Ejecutivo. Todavía no hemos escuchado a nadie abogar, por esta circunstancia, que Clinton debe disolver el Congreso, no obstante fue juzgado recientemente por éste y posteriormente absuelto. Si al ex presidente Endara se le ocurre interceder por semejante disparate en los EE.UU., donde se dice estudió, a no dudar sería lanzado a la hoguera por hereje y apóstata.
Otro de los personajes públicos que han asumido esta lastimosa posición es nada más y nada menos que el Dr. César Quintero. Expresó este señor, en la televisión, que la Asamblea Legislativa marcha a la dictadura: "Todo parece indicar que en la Asamblea quieren marchar hacia una dictadura parlamentaria, ésta y la que viene. A través de la historia se ha demostrado que las dictaduras parlamentarias son las más irresponsables y las más corruptas". Da la sensación que el Dr. Quintero quisiera expiar de culpa a la dictadura militar que lo nombró Presidente del Tribunal Electoral cuando las elecciones eran sólo un ademán y el escogimiento se efectuaba en los cuarteles quienes ponían y quitaban presidentes.
Según encuesta llevada a cabo por TV2, que parece haber tomado partido a favor del gobierno electo, se dio a conocer en el programa del viernes 2 de julio que el 80% de los encuestados se muestran de acuerdo con que la Asamblea Nacional sea clausurada. Semejante resultado lo cuestionamos, además de que nadie sabe cómo ni qué metodología fue utilizada, y es que no podemos creer que el 80% de los panameños lleguen a tal grado de insensatez de estar de acuerdo con semejante exabrupto jurídico.
Lo que realmente acontece es que a los Arnulfistas y sus arrimados no les ha agradado tener que compartir el poder y mucho menos estar supervisados por sus contrarios políticos. Olvidan que la forma como ha quedado conformado el Legislativo y el Ejecutivo se debe a la voluntad del pueblo, expresada en el proceso democrático de las elecciones del 2 de mayo y por lo tanto debe ser honrado. De igual manera como hay que respetar la elección de la Sra. Mireya Moscoso como Presidenta electa, porque es producto de la voluntad mayoritaria del pueblo, también hay que hacerlo con los 71 legisladores que salieron electos y el Tribunal Electoral les concedió las respectivas credenciales.
Doña Mireya y los suyos deben andar con mucha cautela porque con esta actitud no están más que cometiendo apología del delito y la Asamblea Legislativa muy bien pudiera llamarla a juicio. La Enciclopedia Jurídica Básica, Editorial Civitas, en el Tomo I, pag. 506 y siguientes nos dice que no obstante no existir una definición en el ordenamiento jurídico de lo que es la apología, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, apología es discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de personas o cosas, lo que puesto en conexión con los artículos del Código Penal, nos llevaría a concluir que los delitos de apología consisten en el discurso por cualquier de los medios citados en defensa o alabanza de hechos punibles.
Por otro lado, esta situación no traerá otra cosa que inestabilidad y más pobreza en el país ya que con este tipo de amenazas no hay nadie que vaya a invertir. El mismo traspaso del Canal a los panameños podría peligrar. Imagínense los lectores la confianza que ofrecería el país a los usuarios del Canal, de ser disuelta la Asamblea Legislativa. No dudemos que habrá muchos países que propugnarán porque se posponga la entrega hasta que podamos proporcionarnos un gobierno democrático. No podemos poner en primer término la politiquería. Existen muchos problemas que los panameños esperan sean resueltos y no sabemos hasta cuándo llegará su paciencia.
