¿Doble estándar?
Cuando el Legislador Carlos Afú denunció ante los medios de comunicación que la dirigencia del partido político al que pertenecía había negociado los votos de su Bancada para la ratificación de un contrato ley a cambio de prebendas económicas, ciertos sectores de la sociedad panameña y los medios de comunicación clamaron por una investigación penal de oficio en contra de todos los miembros de la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público, raudo y veloz, acogió dicha demanda ciudadana e inició dicha investigación, clamando por el levantamiento de la inmunidad de los setenta y un legisladores. Las cosas se plantearon de tal forma que la determinación de quién estaba implicado o no en las investigaciones, estaba en función de quién se levantaba la inmunidad y quién no, no en función de quién estaba denunciado o contra quién aparecían elementos vinculantes en el expediente. Y como si se tratara de un coro ya acordado, muchos repetían el estribillo: "Quien no la debe, no la teme", así que los que no se levantan la inmunidad, la temen. Y adiós a la presunción de inocencia.
Cuando el Contralor General de la República, en el curso de investigaciones por lesión patrimonial en contra de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), encontró documentos que vinculan seriamente a Hugo Torrijos Richa y Rubén Reyna, quienes eran el director y subdirector respectivamente de la Autoridad Portuaria Nacional, al momento de dar la concesión de los faros y boyas a dicha empresa, con sociedades anónimas propietarias, entre las dos, del 60% de las acciones de la misma empresa beneficiada con la concesión, muchos de los mismos que habían exigido una investigación inmediata y de oficio por parte del Ministerio Público se han quedado callados o argumentan que es sospechoso que esta denuncia se haga en vísperas de un torneo electoral.
Peor aún, cuando en esa misma investigación, surgen graves indicios de la vinculación de Ernesto Pérez Balladares como posible accionista de PECC, los mismos sectores que se escandalizan con la inmunidad los legisladores nacionales, han enmudecido. ¿Y qué hay con la inmunidad de los diputados al PARLACEN? ¿Por qué sin mediar cheques depositados en cuentas personales, se nos exigía a los legisladores que nos levantáramos la inmunidad y el Procurador investigaba de oficio nuestras cuentas bancarias? ¿Y por qué ahora, con cheques depositados en cuentas personales de por medio, no hay un clamor de esos mismos sectores para que el ex Presidente Pérez Balladares se levante la inmunidad y el Procurador no investiga?
"El que no la debe, no la teme", decían. Si Pérez Balladares puede explicar porqué recibió, por lo menos, dos cheques que le correspondían al propietario del 7.5 % de las acciones de PECC, uno un año antes del Referéndum y otro un año después, ¿por qué entonces se resguarda en la inmunidad de que goza como diputado centroamericano para no dejarse investigar? ¿Por qué Juan Carlos Tapia, Carlos E. González Ramírez, Angélica Maytín y Transparencia, entre otros, no han salido a exigirle a Don Ernesto que se levante la inmunidad para dar curso a la investigación, porque "el que no la debe, no la teme"?
Cuando el caso CEMIS, el Procurador General de la Nación se apresuró a politizar la investigación, encubriendo a los verdaderos implicados al pretender colocar a todos los legisladores al mismo nivel de "sospechosos", sin diferenciar entre los que aparecían mencionados y los que no. Pero no sólo eso, el Procurador emitió oficios a todos los bancos solicitando información sobre cualquier cuenta bancaria, personal o no, en la que apareciera firmando alguno de los 71 legisladores. Si ya el Procurador recibió una considerable cantidad de documentos por parte del Contralor sobre la investigación de PECC, ¿por qué no ha ordenado algo similar en contra de Hugo Torrijos, Rubén Reyna y Ernesto Pérez Balladares? ¿Por qué no toma la determinación de llamar a declarar a los implicados en este inusualmente documentado caso de posible corrupción administrativa con la misma alharaca que promovió durante el caso CEMIS? Lo que el caso de PECC demuestra, a mi juicio, es el doble estándar de quienes se han pretendido erigir como los vigilantes de la moral pública. No hay un real compromiso de combatir la corrupción, sino un interés de afectar políticamente al gobierno de turno, por lo que, según ellos, los casos de corrupción sólo deben ser investigados y adquieren notoriedad pública cuando le hacen daño a la imagen del Gobierno. Como dijo el Contralor, con este caso se pone a prueba el sistema de administración de justicia en nuestro país, así como la existencia o no de un verdadero compromiso para combatir la corrupción.
Está demostrado, con documentos irrefutables, que los mismos que dieron la concesión aparecen estrechamente vinculados con sociedades anónimas de papel que eran accionistas mayoritarias de la empresa beneficiada con la concesión que ellos otorgaron. Al mismo tiempo, se han encontrado cheques de dividendos que le correspondían a un accionista de esa empresa, depositados en cuentas personales de quien era el Presidente de la República al momento de otorgarse la concesión. Eso constituye grave indicio de corrupción aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué callan, entonces, los Catones panameños? ¿Porque el afectado no es parte del Gobierno actual? ¿Porque uno de los implicados es el jefe de campaña de uno de los candidatos de Oposición, que más ha clamado por transparencia en la gestión pública y que más ha denunciado la supuesta corrupción en este Gobierno?
Repito, el caso PECC no es un caso cualquiera. A mi juicio, es ya el punto de partida para un cambio fundamental en el camino de adecentar la administración pública. Y se ha constituido en una coyuntura propicia para medir el real compromiso de quienes dicen estar por luchar frontalmente contra la corrupción. El silencio de algunos es significativo. Su silencio grita a los cuatro vientos cuán profunda es su convicción de transparencia... ¿o debería decir cuán superficial?
Cuando el Contralor General de la República, en el curso de investigaciones por lesión patrimonial en contra de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), encontró documentos que vinculan seriamente a Hugo Torrijos Richa y Rubén Reyna, quienes eran el director y subdirector respectivamente de la Autoridad Portuaria Nacional, al momento de dar la concesión de los faros y boyas a dicha empresa, con sociedades anónimas propietarias, entre las dos, del 60% de las acciones de la misma empresa beneficiada con la concesión, muchos de los mismos que habían exigido una investigación inmediata y de oficio por parte del Ministerio Público se han quedado callados o argumentan que es sospechoso que esta denuncia se haga en vísperas de un torneo electoral.
Peor aún, cuando en esa misma investigación, surgen graves indicios de la vinculación de Ernesto Pérez Balladares como posible accionista de PECC, los mismos sectores que se escandalizan con la inmunidad los legisladores nacionales, han enmudecido. ¿Y qué hay con la inmunidad de los diputados al PARLACEN? ¿Por qué sin mediar cheques depositados en cuentas personales, se nos exigía a los legisladores que nos levantáramos la inmunidad y el Procurador investigaba de oficio nuestras cuentas bancarias? ¿Y por qué ahora, con cheques depositados en cuentas personales de por medio, no hay un clamor de esos mismos sectores para que el ex Presidente Pérez Balladares se levante la inmunidad y el Procurador no investiga?
"El que no la debe, no la teme", decían. Si Pérez Balladares puede explicar porqué recibió, por lo menos, dos cheques que le correspondían al propietario del 7.5 % de las acciones de PECC, uno un año antes del Referéndum y otro un año después, ¿por qué entonces se resguarda en la inmunidad de que goza como diputado centroamericano para no dejarse investigar? ¿Por qué Juan Carlos Tapia, Carlos E. González Ramírez, Angélica Maytín y Transparencia, entre otros, no han salido a exigirle a Don Ernesto que se levante la inmunidad para dar curso a la investigación, porque "el que no la debe, no la teme"?
Cuando el caso CEMIS, el Procurador General de la Nación se apresuró a politizar la investigación, encubriendo a los verdaderos implicados al pretender colocar a todos los legisladores al mismo nivel de "sospechosos", sin diferenciar entre los que aparecían mencionados y los que no. Pero no sólo eso, el Procurador emitió oficios a todos los bancos solicitando información sobre cualquier cuenta bancaria, personal o no, en la que apareciera firmando alguno de los 71 legisladores. Si ya el Procurador recibió una considerable cantidad de documentos por parte del Contralor sobre la investigación de PECC, ¿por qué no ha ordenado algo similar en contra de Hugo Torrijos, Rubén Reyna y Ernesto Pérez Balladares? ¿Por qué no toma la determinación de llamar a declarar a los implicados en este inusualmente documentado caso de posible corrupción administrativa con la misma alharaca que promovió durante el caso CEMIS? Lo que el caso de PECC demuestra, a mi juicio, es el doble estándar de quienes se han pretendido erigir como los vigilantes de la moral pública. No hay un real compromiso de combatir la corrupción, sino un interés de afectar políticamente al gobierno de turno, por lo que, según ellos, los casos de corrupción sólo deben ser investigados y adquieren notoriedad pública cuando le hacen daño a la imagen del Gobierno. Como dijo el Contralor, con este caso se pone a prueba el sistema de administración de justicia en nuestro país, así como la existencia o no de un verdadero compromiso para combatir la corrupción.
Está demostrado, con documentos irrefutables, que los mismos que dieron la concesión aparecen estrechamente vinculados con sociedades anónimas de papel que eran accionistas mayoritarias de la empresa beneficiada con la concesión que ellos otorgaron. Al mismo tiempo, se han encontrado cheques de dividendos que le correspondían a un accionista de esa empresa, depositados en cuentas personales de quien era el Presidente de la República al momento de otorgarse la concesión. Eso constituye grave indicio de corrupción aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué callan, entonces, los Catones panameños? ¿Porque el afectado no es parte del Gobierno actual? ¿Porque uno de los implicados es el jefe de campaña de uno de los candidatos de Oposición, que más ha clamado por transparencia en la gestión pública y que más ha denunciado la supuesta corrupción en este Gobierno?
Repito, el caso PECC no es un caso cualquiera. A mi juicio, es ya el punto de partida para un cambio fundamental en el camino de adecentar la administración pública. Y se ha constituido en una coyuntura propicia para medir el real compromiso de quienes dicen estar por luchar frontalmente contra la corrupción. El silencio de algunos es significativo. Su silencio grita a los cuatro vientos cuán profunda es su convicción de transparencia... ¿o debería decir cuán superficial?
