Doble moral de EU
A mediados del mes pasado, investigadores del Senado de los Estados Unidos (EU) concluyeron pesquisas de un año en relación con la supuesta participación del Riggs Bank en el lavado y encubrimiento de millones de dólares del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, mientras que fiscales internacionales pretendían detectar dineros de su propiedad en relación con procesos judiciales que se adelantaban en España e Inglaterra principalmente. El informe ha traído a la luz pública otro doble estándar que persiste en la política interna y externa de EU.
Como se recordará, Pinochet ha sido vinculado con actos de corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas y la desaparición o asesinato de miles de opositores políticos durante su dictadura, la cual inició con un golpe de Estado en 1973 y terminó en 1990. En el 2000, Pinochet fue declarado incapaz por una corte inglesa para ser extraditado a España con el fin de enfrentar cargos en su contra y se le permitió regresar a Chile. En 1996, en España, se le había llamado a juicio por genocidio, terrorismo y tortura de ciudadanos españoles durante su dictadura.
Sólo 18 meses antes de la acción judicial en España, Riggs había establecido unas cuentas para Pinochet, luego de ser activamente solicitadas por sus ejecutivos. Estaban a nombre de dos sociedades de las Bahamas de propiedad de un fideicomiso, también establecido por una subsidiaria del propio Riggs. La documentación de esas cuentas por ningún lado indicaba que eran propiedad de Pinochet, a pesar que, según los investigadores del Senado, eran suyas y de su familia. La cuenta no fue cerrada hasta el 2002.
En el 2000, el Riggs no las incluyó en los listados de cuentas de personalidades políticas extranjeras solicitados por las autoridades de EU. A una pregunta específica de esas autoridades en relación con la cuenta de una de estas sociedades, un año después Riggs contestó que era de propiedad de una "figura pública conocida por el banco", pero nunca incluyó el nombre de ésta.
No fue sino hasta el 2002 que las autoridades norteamericanas finalmente conocieron que Pinochet estaba detrás de esas cuentas al exigir explicaciones sobre ciertos cheques cifrados.
La importancia de este caso cobra particular vigencia, ya que Riggs Bank es la institución financiera más grande de la capital norteamericana y cuenta con casi siete mil millones de dólares en activos, 48 sucursales en Washington, Virginia, Maryland y Florida y oficinas en Inglaterra, las Islas Bahamas, Jersey y las Islas del Canal de la Mancha. Lleva operando más de 150 años con ese nombre. En un momento se promovió como "el banco más importante en la ciudad más importante del mundo". Además, el caso sobresale, pues al parecer el funcionario que auditaba al banco, y que supuestamente asistió en el encubrimiento luego de jubilarse, fue contratado por el propio Riggs.
Estas investigaciones se suman a otras que acabaron en una multa administrativa por $$ 25 millones por la participación del Riggs en el lavado de dinero producto de pagos ilícitos de empresas petroleras a Teodoro Obiang Nguema, el dictador de Guinea Ecuatorial, el cual ha sido calificado como uno de los países más corruptos del mundo.
Nos encontramos ante otro doble estándar de Estados Unidos, ya que en la última década, muy a pesar de sonados y controversiales casos de lavado de dinero por parte de instituciones financieras norteamericanas, incluyendo hasta al prestigioso y coloso Citibank, ninguna institución financiera o banquero ha sido juzgado por delito de lavado alguno. Sin embargo, ese país promueve y hasta sanciona diplomáticamente a naciones que en su opinión, supuestamente, no cooperan para combatir este delito. Esa doble moral le resta a lo que otra forma es una causa justa.
Como se recordará, Pinochet ha sido vinculado con actos de corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas y la desaparición o asesinato de miles de opositores políticos durante su dictadura, la cual inició con un golpe de Estado en 1973 y terminó en 1990. En el 2000, Pinochet fue declarado incapaz por una corte inglesa para ser extraditado a España con el fin de enfrentar cargos en su contra y se le permitió regresar a Chile. En 1996, en España, se le había llamado a juicio por genocidio, terrorismo y tortura de ciudadanos españoles durante su dictadura.
Sólo 18 meses antes de la acción judicial en España, Riggs había establecido unas cuentas para Pinochet, luego de ser activamente solicitadas por sus ejecutivos. Estaban a nombre de dos sociedades de las Bahamas de propiedad de un fideicomiso, también establecido por una subsidiaria del propio Riggs. La documentación de esas cuentas por ningún lado indicaba que eran propiedad de Pinochet, a pesar que, según los investigadores del Senado, eran suyas y de su familia. La cuenta no fue cerrada hasta el 2002.
En el 2000, el Riggs no las incluyó en los listados de cuentas de personalidades políticas extranjeras solicitados por las autoridades de EU. A una pregunta específica de esas autoridades en relación con la cuenta de una de estas sociedades, un año después Riggs contestó que era de propiedad de una "figura pública conocida por el banco", pero nunca incluyó el nombre de ésta.
No fue sino hasta el 2002 que las autoridades norteamericanas finalmente conocieron que Pinochet estaba detrás de esas cuentas al exigir explicaciones sobre ciertos cheques cifrados.
La importancia de este caso cobra particular vigencia, ya que Riggs Bank es la institución financiera más grande de la capital norteamericana y cuenta con casi siete mil millones de dólares en activos, 48 sucursales en Washington, Virginia, Maryland y Florida y oficinas en Inglaterra, las Islas Bahamas, Jersey y las Islas del Canal de la Mancha. Lleva operando más de 150 años con ese nombre. En un momento se promovió como "el banco más importante en la ciudad más importante del mundo". Además, el caso sobresale, pues al parecer el funcionario que auditaba al banco, y que supuestamente asistió en el encubrimiento luego de jubilarse, fue contratado por el propio Riggs.
Estas investigaciones se suman a otras que acabaron en una multa administrativa por $$ 25 millones por la participación del Riggs en el lavado de dinero producto de pagos ilícitos de empresas petroleras a Teodoro Obiang Nguema, el dictador de Guinea Ecuatorial, el cual ha sido calificado como uno de los países más corruptos del mundo.
Nos encontramos ante otro doble estándar de Estados Unidos, ya que en la última década, muy a pesar de sonados y controversiales casos de lavado de dinero por parte de instituciones financieras norteamericanas, incluyendo hasta al prestigioso y coloso Citibank, ninguna institución financiera o banquero ha sido juzgado por delito de lavado alguno. Sin embargo, ese país promueve y hasta sanciona diplomáticamente a naciones que en su opinión, supuestamente, no cooperan para combatir este delito. Esa doble moral le resta a lo que otra forma es una causa justa.
