"Doble moral" de Washington
Estados Unidos ha comenzado a retroceder frente a una iniciativa lanzada por más de una veintena de países europeos en materia de intercambio de información fiscal y financiera. Según un informe divulgado la semana pasada por The Center for Freedon and Prosperity, la administración Bush se dispone a anunciar que habrá cero "apoyo" a la postura de la Unión Europea que, dicho sea de paso, esperaba de Washington una actuación coherente con la presión fiscal y bancaria que mantiene para con los centros financieros de la región Latinoamericana y del Caribe.
Quince países europeos y otros seis extracomunitarios, incluyendo a Estados Unidos, se habían comprometido con una política multinacional de naciones desarrolladas capaz de permitir una apertura de sus fronteras en materia de información fiscal, siempre y cuando hubiese consenso total. En tales condiciones, la posición de Estados Unidos ha vetado un acuerdo aplicable, sólo si había acuerdo total de todas las naciones involucradas en la iniciativa.
Estados Unidos es un centro financiero que maneja poco más de cinco mil trillones de dólares procedentes de cuentas extraterritoriales. Es también, líder del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que hasta el año pasado mantuvo a Panamá dentro de una lista negra de naciones que, a su juicio, no cooperaban con los esfuerzos para liberalizar las operaciones del centro bancario que funciona aquí.
Con el anuncio del Center for Freedon and Prosperty, se ha producido gran expectativa y una gran interrogante sobre la flamancia de una "doble moral" de Washington respecto a la presión sostenida contra centros financieros como el de Panamá.
Esa misma semana, poco antes de conocerse aquí las intenciones estadounidenses de rechazar que terceros países supervisen las operaciones de sus clientes bancarios de ultramar, una multiorganización, compuesta por la Asociación de Abogados Internacionales, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá emitieron un pronunciamiento conjunto que llamó a resguardar la soberanía económica de Panamá.
En un señalamiento concreto, las seis organizaciones panameñas pidieron al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso que se abstenga de firmar tratados bilaterales de intercambio de información fiscal con cualquier otro país que aún no mantenga relaciones financieras, al socaire de la carta de intención firmada por Panamá con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
No obstante la integración global de Panamá ante la OCDE, existen naciones que aún mantienen a Panamá dentro de sus muy particulares "listas negras" y, según la denuncia de las seis organizaciones panameñas mencionadas, dichas naciones "arbitrariamente" exigen la firma de tratados de intercambio de información fiscal como condición previa para remover a Panamá de dichas listas.
El Gobierno fue advertido de que la firma de tratados bilaterales de ese tipo, traería "graves consecuencias" en el sector servicios de la economía, particularmente en las actividades de banca privada, servicios legales a nivel internacional, abanderamiento de naves, Zona Libre de Colón, turismo de negocios, así como contabilidad y auditoría, entre otras muchas. La dinámica de todas las actividades precitadas representa ingresos directos al fisco panameño por el orden de los doscientos millones de dólares anuales.
Quince países europeos y otros seis extracomunitarios, incluyendo a Estados Unidos, se habían comprometido con una política multinacional de naciones desarrolladas capaz de permitir una apertura de sus fronteras en materia de información fiscal, siempre y cuando hubiese consenso total. En tales condiciones, la posición de Estados Unidos ha vetado un acuerdo aplicable, sólo si había acuerdo total de todas las naciones involucradas en la iniciativa.
Estados Unidos es un centro financiero que maneja poco más de cinco mil trillones de dólares procedentes de cuentas extraterritoriales. Es también, líder del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que hasta el año pasado mantuvo a Panamá dentro de una lista negra de naciones que, a su juicio, no cooperaban con los esfuerzos para liberalizar las operaciones del centro bancario que funciona aquí.
Con el anuncio del Center for Freedon and Prosperty, se ha producido gran expectativa y una gran interrogante sobre la flamancia de una "doble moral" de Washington respecto a la presión sostenida contra centros financieros como el de Panamá.
Esa misma semana, poco antes de conocerse aquí las intenciones estadounidenses de rechazar que terceros países supervisen las operaciones de sus clientes bancarios de ultramar, una multiorganización, compuesta por la Asociación de Abogados Internacionales, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá emitieron un pronunciamiento conjunto que llamó a resguardar la soberanía económica de Panamá.
En un señalamiento concreto, las seis organizaciones panameñas pidieron al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso que se abstenga de firmar tratados bilaterales de intercambio de información fiscal con cualquier otro país que aún no mantenga relaciones financieras, al socaire de la carta de intención firmada por Panamá con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
No obstante la integración global de Panamá ante la OCDE, existen naciones que aún mantienen a Panamá dentro de sus muy particulares "listas negras" y, según la denuncia de las seis organizaciones panameñas mencionadas, dichas naciones "arbitrariamente" exigen la firma de tratados de intercambio de información fiscal como condición previa para remover a Panamá de dichas listas.
El Gobierno fue advertido de que la firma de tratados bilaterales de ese tipo, traería "graves consecuencias" en el sector servicios de la economía, particularmente en las actividades de banca privada, servicios legales a nivel internacional, abanderamiento de naves, Zona Libre de Colón, turismo de negocios, así como contabilidad y auditoría, entre otras muchas. La dinámica de todas las actividades precitadas representa ingresos directos al fisco panameño por el orden de los doscientos millones de dólares anuales.
