Dos medidas controversiales... pero necesarias
El Gobierno nacional le anunció a la opinión pública dos medidas que serán de gran trascendencia y que a la vez originarán mucha controversia. Ellas son: una reforma constitucional integral y la modernización del actual sistema tributario.
Sin entrar hoy, en este escrito, en la discusión de los cambios en sí, de lo que le presentará el Gobierno nacional a los distintos sectores que representan las fuerzas vivas del país, pienso que ambas propuestas son muy necesarias y que desde hace mucho tiempo hemos debido iniciar su discusión, para primero lograr una mejor equidad en el cobro de los impuestos y luego tener una Constitución que esté a tono con los cambios sociales y políticos que se vienen dando.
Sobre el nuevo estatuto tributario, he escuchado distintas manifestaciones en su contra por parte de algunos sectores. El más difundido es que "la situación económica actual está muy deteriorada y que ésta se afectaría aún más con cambios, ajustes o aumentos en los impuestos".
A nadie le gustan los cambios. Estos siempre causan aprensiones mientras el individuo se adapta a los nuevos sistemas. Jamás, en ninguna época, las reformas fiscales han sido bien recibidas. Si hay bonanza en el país, "para qué se quieren cambiar las condiciones que nos llevaron a ellas", argumentan. Y, si por el contrario, esta es mala dicen: "este no es el momento".
Soy un firme creyente en que, si las reformas tributarias buscan, como elemento fundamental, el lograr una verdadera equidad entre los distintos contribuyentes, que conduzca como paso inicial a lograr reducir la ancha brecha que existe entre los que mucho tienen y los que nada o poco poseen, estas se justifican plenamente. Hay, por supuesto, que analizar cuidadosamente los alcances de su articulado, para que se logren los fines perseguidos.
Los cambios fiscales propuestos deben ser parte de una política económica integral del Gobierno. Entre las medidas a tomar debe estar, de manera prioritaria, la aplicación real y efectiva de la Carrera Aministrativa, que ponga fin a esa inseguridad permanente del funcionario público. También es imprescindible que paralelamente se elabore una Ley General de Sueldos, donde se corrijan tantas diferencias existentes hoy día, entre lo que devengan personas que ejercen idénticas funciones. Ese privilegio de muchos o pocos debe terminarse.
La Ley General de Salario debe establecer además ciertos topes que eviten el abuso y la anarquía que se vienen dando en los emolumentos entre muchos funcionarios públicos. El nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó que todos los funcionarios que laboran en la Casa Blanca, con salarios elevados, se le haga un recorte de los mísmos, que va de un 15% a 20%. Quiere con ésto, dar ejemplo de autoridad y lograr que en el Congreso de su país, donde se cometen abusos igual que aquí, se tomen medidas similares. Que tal, señora Presidenta, si el Gobierno hace otro tanto para llenarse de autoridad moral?.
La Constitución es la ley fundamental que regula el funcionamiento de una nación. En Panamá se han hecho muchas consultas sobre el tema de las reformas constitucionales y el tema ha sido ampliamente discutido en distintos foros políticos. Una Constituyente tiene beneficios, pero también puede ser peligrosa para el país. La elección de sus miembros conllevaría una agitación política para nada conveniente en estos momentos. El país ha vivido en los últimos tres años una constante efervescencia partidista (primarias de los partidos, reelección presidencial, elecciones generales) que han afectado en que el país se desarrolle en un clima de tranquilidad política.
El sistema propuesto, de que sean dos asambleas distintas; es decir, la actual y la que sea elegida en las elecciones del 2004, es una forma de evitarle al país los traumas de una elección y darle el tiempo suficiente a los proponentes, para que se hagan consultas amplias con todo los sectores que conforman nuestra sociedad. La constitución de 1946, una de las mejores y más progresistas de nuestro continente, se dio para lograr la supervivencia política de quien gobernaba en la época. Sin embargo, el entonces presidente de la República, Ricardo Adolfo de la Guardia, en gesto patriótico muy reconocido y aplaudido, al disolver la Asamblea existente, nombró una comisión integrada por tres distinguidos y prestigiosos abogados, los doctores: Eduardo Chiari, Ricardo Alfaro y José Dolores Moscote, para que elaboraran un anteproyecto de constitución que sirviera de base de discusión a los constituyentes que serían escogidos por votación popular varios meses después.
Ahora, pienso, podría seguirse el mismo ejemplo, nombrando el Gobierno a un grupo de personas conocedoras de la materia y respetados en toda la comunidad para que realicen el Proyecto de Constitución con todas las modificaciones. Luego de explicado y discutido, es de esperarse que el nuevo instrumento cuente con el aval mayoritario de nuestros compatriotas.
No es aceptable que los que ayer abogaban por cambios constitucionales y la modernización de la ley del impuesto sobre la renta y otras medidas fiscales, hoy se opongan por razones de sectarismos político.
Los principios deben mantenerse por encima de las épocas y de quienes los propicien.
Sin entrar hoy, en este escrito, en la discusión de los cambios en sí, de lo que le presentará el Gobierno nacional a los distintos sectores que representan las fuerzas vivas del país, pienso que ambas propuestas son muy necesarias y que desde hace mucho tiempo hemos debido iniciar su discusión, para primero lograr una mejor equidad en el cobro de los impuestos y luego tener una Constitución que esté a tono con los cambios sociales y políticos que se vienen dando.
Sobre el nuevo estatuto tributario, he escuchado distintas manifestaciones en su contra por parte de algunos sectores. El más difundido es que "la situación económica actual está muy deteriorada y que ésta se afectaría aún más con cambios, ajustes o aumentos en los impuestos".
A nadie le gustan los cambios. Estos siempre causan aprensiones mientras el individuo se adapta a los nuevos sistemas. Jamás, en ninguna época, las reformas fiscales han sido bien recibidas. Si hay bonanza en el país, "para qué se quieren cambiar las condiciones que nos llevaron a ellas", argumentan. Y, si por el contrario, esta es mala dicen: "este no es el momento".
Soy un firme creyente en que, si las reformas tributarias buscan, como elemento fundamental, el lograr una verdadera equidad entre los distintos contribuyentes, que conduzca como paso inicial a lograr reducir la ancha brecha que existe entre los que mucho tienen y los que nada o poco poseen, estas se justifican plenamente. Hay, por supuesto, que analizar cuidadosamente los alcances de su articulado, para que se logren los fines perseguidos.
Los cambios fiscales propuestos deben ser parte de una política económica integral del Gobierno. Entre las medidas a tomar debe estar, de manera prioritaria, la aplicación real y efectiva de la Carrera Aministrativa, que ponga fin a esa inseguridad permanente del funcionario público. También es imprescindible que paralelamente se elabore una Ley General de Sueldos, donde se corrijan tantas diferencias existentes hoy día, entre lo que devengan personas que ejercen idénticas funciones. Ese privilegio de muchos o pocos debe terminarse.
La Ley General de Salario debe establecer además ciertos topes que eviten el abuso y la anarquía que se vienen dando en los emolumentos entre muchos funcionarios públicos. El nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó que todos los funcionarios que laboran en la Casa Blanca, con salarios elevados, se le haga un recorte de los mísmos, que va de un 15% a 20%. Quiere con ésto, dar ejemplo de autoridad y lograr que en el Congreso de su país, donde se cometen abusos igual que aquí, se tomen medidas similares. Que tal, señora Presidenta, si el Gobierno hace otro tanto para llenarse de autoridad moral?.
La Constitución es la ley fundamental que regula el funcionamiento de una nación. En Panamá se han hecho muchas consultas sobre el tema de las reformas constitucionales y el tema ha sido ampliamente discutido en distintos foros políticos. Una Constituyente tiene beneficios, pero también puede ser peligrosa para el país. La elección de sus miembros conllevaría una agitación política para nada conveniente en estos momentos. El país ha vivido en los últimos tres años una constante efervescencia partidista (primarias de los partidos, reelección presidencial, elecciones generales) que han afectado en que el país se desarrolle en un clima de tranquilidad política.
El sistema propuesto, de que sean dos asambleas distintas; es decir, la actual y la que sea elegida en las elecciones del 2004, es una forma de evitarle al país los traumas de una elección y darle el tiempo suficiente a los proponentes, para que se hagan consultas amplias con todo los sectores que conforman nuestra sociedad. La constitución de 1946, una de las mejores y más progresistas de nuestro continente, se dio para lograr la supervivencia política de quien gobernaba en la época. Sin embargo, el entonces presidente de la República, Ricardo Adolfo de la Guardia, en gesto patriótico muy reconocido y aplaudido, al disolver la Asamblea existente, nombró una comisión integrada por tres distinguidos y prestigiosos abogados, los doctores: Eduardo Chiari, Ricardo Alfaro y José Dolores Moscote, para que elaboraran un anteproyecto de constitución que sirviera de base de discusión a los constituyentes que serían escogidos por votación popular varios meses después.
Ahora, pienso, podría seguirse el mismo ejemplo, nombrando el Gobierno a un grupo de personas conocedoras de la materia y respetados en toda la comunidad para que realicen el Proyecto de Constitución con todas las modificaciones. Luego de explicado y discutido, es de esperarse que el nuevo instrumento cuente con el aval mayoritario de nuestros compatriotas.
No es aceptable que los que ayer abogaban por cambios constitucionales y la modernización de la ley del impuesto sobre la renta y otras medidas fiscales, hoy se opongan por razones de sectarismos político.
Los principios deben mantenerse por encima de las épocas y de quienes los propicien.
