Dos nuevos magistrados políticos
El nombramiento por el Consejo de Gabinete encabezado por la señora presidenta de la República, Mireya Moscoso, de dos nuevos magistrados de notoria, comprometidas, beligerante y actual militancia política partidista, al margen de los dotes personales y jurídicos que tenga cada uno, es lamentable.
Nuestra Corte Suprema de Justicia requiere oxigenarse de sangre independiente. Cada vez que un mandatario recomienda para ocupar el máximo cargo a una persona teniendo como principal consideración su lealtad o servicios prestados en las lides partidistas, asesta un rudo golpe a las esperanzas de mejoramiento y renovación de nuestra maltrecha Administración de Justicia.
Los magistrados se nombran por diez largos años. Eso indica que cualquier error de juicio en una elección pesará como lastre al país durante una décima de siglo. Y como quiera que la designación tiene lugar en forma escalonada abarcando distintos períodos presidenciales, la jurisdicción y actuación de un recién designado cualquiera en el cargo puede extenderse a tres gobiernos, excediendo con creces el mandato de quien con mal criterio lo elevó al cargo.
En consecuencia, lo recomendable es extrema cautela al respecto, como se hace en los países más desarrollados y maduros. Desafortunadamente, aquí todavía estamos jugando a la democracia, más que practicándola responsablemente como debiéramos.
Una magistratura no es una embajada, un ministerio, o una jefatura de entidad autónoma, ideal para hacer fortuna o devolver favores electoreros. Mucho menos es un asilo para un retiro dorado, ni una garantía de inmunidad o indulgencia frente a desmanes cometidos por el nombrado y por quien lo nombra. Debe tratarse nada menos que de los más sabios, justos, honestos, trabajadores y preclaros juristas de la Nación, encargados cual dioses de decir sin margen de apelación, hasta dónde llega una ley y cuál es la correcta interpretación de la Constitución de la República.
Cuando un ciudadano cualquiera se siente abusado por el aparato del Estado y
sus autoridades, siempre tendrá ocasión de acudir a la Corte Suprema en busca de
justicia. Igual ocurre en las controversias entre particulares. Esa es la forma
civilizada de resolver dudas y conflictos legales, de calificar y juzgar los
crímenes, de hallar amparo en el Derecho. Pero ese noble propósito se frustra
si se coloca en la Corte Suprema a abogados que no son verdaderos juristas
empapados en la disciplina del Derecho, y peor aún si tan privilegiada distinción
se hace recaer en militantes políticos. El daño que así se infiere a las
instituciones democráticas puede ser irreparable.
Nuestra Corte Suprema de Justicia requiere oxigenarse de sangre independiente. Cada vez que un mandatario recomienda para ocupar el máximo cargo a una persona teniendo como principal consideración su lealtad o servicios prestados en las lides partidistas, asesta un rudo golpe a las esperanzas de mejoramiento y renovación de nuestra maltrecha Administración de Justicia.
Los magistrados se nombran por diez largos años. Eso indica que cualquier error de juicio en una elección pesará como lastre al país durante una décima de siglo. Y como quiera que la designación tiene lugar en forma escalonada abarcando distintos períodos presidenciales, la jurisdicción y actuación de un recién designado cualquiera en el cargo puede extenderse a tres gobiernos, excediendo con creces el mandato de quien con mal criterio lo elevó al cargo.
En consecuencia, lo recomendable es extrema cautela al respecto, como se hace en los países más desarrollados y maduros. Desafortunadamente, aquí todavía estamos jugando a la democracia, más que practicándola responsablemente como debiéramos.
Una magistratura no es una embajada, un ministerio, o una jefatura de entidad autónoma, ideal para hacer fortuna o devolver favores electoreros. Mucho menos es un asilo para un retiro dorado, ni una garantía de inmunidad o indulgencia frente a desmanes cometidos por el nombrado y por quien lo nombra. Debe tratarse nada menos que de los más sabios, justos, honestos, trabajadores y preclaros juristas de la Nación, encargados cual dioses de decir sin margen de apelación, hasta dónde llega una ley y cuál es la correcta interpretación de la Constitución de la República.
Cuando un ciudadano cualquiera se siente abusado por el aparato del Estado y
sus autoridades, siempre tendrá ocasión de acudir a la Corte Suprema en busca de
justicia. Igual ocurre en las controversias entre particulares. Esa es la forma
civilizada de resolver dudas y conflictos legales, de calificar y juzgar los
crímenes, de hallar amparo en el Derecho. Pero ese noble propósito se frustra
si se coloca en la Corte Suprema a abogados que no son verdaderos juristas
empapados en la disciplina del Derecho, y peor aún si tan privilegiada distinción
se hace recaer en militantes políticos. El daño que así se infiere a las
instituciones democráticas puede ser irreparable.
