Dos y dos son cuatro
"La libertad es poder decir libremente dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados". Escribió Orwell en su novela 1984, afirmando en forma sencilla y clara el papel de las libertades democráticas.
Para que se den las condiciones democráticas que permitan realizar a cabalidad las tres vitales consultas que se avecinan (los referendos sobre el CMA y la reelección presidencial en 1998 y las elecciones de 1999), es imprescindible contar con plenas libertades democráticas y transparencia a lo largo y ancho de todo el país.
Cada uno de los tres acontecimientos se convertirán en la validación del siguiente y los tres desarrollados correctamente consagrarán la posibilidad de decidir por los votos y no por las botas, y por las urnas y no por armas grandes y fundamentales decisiones nacionales que afectarán nuestro futuro como sociedad.
Pero no basta con escrutar limpiamente el voto si previamente las condiciones democráticas no han garantizado la posibilidad y el derecho a la información necesaria, para formarse una opinión objetiva y clara sobre los temas que decidiremos en los referendos.
Le toca al Tribunal Electoral una tarea enorme. Si quiere poseer la credibilidad necesaria no debe permitir la menor sombra de duda sobre su actuar. En este sentido el decreto recientemente emitido que prohíbe propagandizar a los funcionarios públicos en horas de trabajo y el uso de los recursos del Estado en el referendúm es una señal positiva, pero que el TE debe hacer cumplir al pie de la letra para asegurar su independencia y la credibilidad del proceso democrático.
Además, en relación al primer referéndum que es sobre el Centro Multinacional Antidrogas (CMA), debería garantizarse que en cada mesa de votación estén representados partidarios del Si y del No para asegurar la pureza del proceso. Además es importante la presencia vigilante de observadores internos y externos y externos en todo el proceso, provenientes de las iglesias, grupos cívicos y organismos internacionales democráticos y de derechos humanos, además de la vigilancia ciudadana que es la más eficaz.
El Gobierno Nacional debe dar a conocer inmediatamente y sin más demoras o secretismos, el contenido del documento negociado sobre el CMA, pues a estas alturas la ciudadanía no tiene en sus manos la información necesaria, además se debe contar con el tiempo necesario para que el contenido y el debate se pueda realizar con la seriedad y profundidad que el tema amerita.
El debate público debe organizarse sobre la base de oportunidades de acceso igualitario a los medios de comunicación social, es decir, no debe permitirse la desproporción en cuanto a la participación en el debate de las posiciones de SI y del NO. En cada radio, en cada programa de TV o en cada diario o revista, en cada cuña debe existir la paridad en el acceso de las diversas posiciones para que el público tenga la oportunidad de escuchar las razones y decidir según su conciencia.
Debe garantizarse la completa vigencia de las libertades democráticas, en dos direcciones. La primera, eliminando cualquier forma de control, represión o manipulación de la libertad de expresión, de información, de reunión, o tránsito, o cualquier forma de represalia por posiciones asumidas en relación al referéndum. La segunda, contrarresta la tendencia al control de los medios por la vía de la propiedad o compra de los mismos que mediatiza la necesaria objetividad de los mismos.
La primera responsabilidad es del gobierno pues tendrá que probar su idoneidad democrática a través de estos referendos. Los partidos políticos deberán asumir una posición cónsona con los intereses nacionales y su papel de orientadores y educadores de la opinión pública, y no negociar esos intereses nacionales en la mesa de la politiquería, como sería por ejemplo apoyar al CMA a cambio de la no reelección o cosas por el estilo.
Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos, tampoco practique ningún tipo de injerencia económica, política, militar, inteligencia, en la discusión nacional panameña en función de favorecer la instauración del CMA, y que hagan honor a los blasones de liderazgo democrático del que se enorgullecen.
La sociedad civil no puede quedarse al margen, y debe mantener y hacer pleno uso de las libertades democráticas combatiendo el abstencionismo y promoviendo la posición más consecuente con Panamá en los dos referendos que se avecinan.
¿De que sirve el triunfo por ejemplo de un SI al CMA si deja detrás la insatisfacción por un debate malhecho inacabado, astillado y torcido, con sabor a espúreo e ilegitimidad? En el fondo perderíamos todos, pues la realidad pasaría su factura y recomenzaríamos otra versión de la historia de la tradicional politiquería criolla y el abismo de la crisis política?
Todos y todas tenemos una parte de la responsabilidad para probarnos que podemos dilucidar civilizada y cívicamente nuestras diferencias, y que salgamos fortalecidos de los desafíos que se avecinan.
Para que se den las condiciones democráticas que permitan realizar a cabalidad las tres vitales consultas que se avecinan (los referendos sobre el CMA y la reelección presidencial en 1998 y las elecciones de 1999), es imprescindible contar con plenas libertades democráticas y transparencia a lo largo y ancho de todo el país.
Cada uno de los tres acontecimientos se convertirán en la validación del siguiente y los tres desarrollados correctamente consagrarán la posibilidad de decidir por los votos y no por las botas, y por las urnas y no por armas grandes y fundamentales decisiones nacionales que afectarán nuestro futuro como sociedad.
Pero no basta con escrutar limpiamente el voto si previamente las condiciones democráticas no han garantizado la posibilidad y el derecho a la información necesaria, para formarse una opinión objetiva y clara sobre los temas que decidiremos en los referendos.
Le toca al Tribunal Electoral una tarea enorme. Si quiere poseer la credibilidad necesaria no debe permitir la menor sombra de duda sobre su actuar. En este sentido el decreto recientemente emitido que prohíbe propagandizar a los funcionarios públicos en horas de trabajo y el uso de los recursos del Estado en el referendúm es una señal positiva, pero que el TE debe hacer cumplir al pie de la letra para asegurar su independencia y la credibilidad del proceso democrático.
Además, en relación al primer referéndum que es sobre el Centro Multinacional Antidrogas (CMA), debería garantizarse que en cada mesa de votación estén representados partidarios del Si y del No para asegurar la pureza del proceso. Además es importante la presencia vigilante de observadores internos y externos y externos en todo el proceso, provenientes de las iglesias, grupos cívicos y organismos internacionales democráticos y de derechos humanos, además de la vigilancia ciudadana que es la más eficaz.
El Gobierno Nacional debe dar a conocer inmediatamente y sin más demoras o secretismos, el contenido del documento negociado sobre el CMA, pues a estas alturas la ciudadanía no tiene en sus manos la información necesaria, además se debe contar con el tiempo necesario para que el contenido y el debate se pueda realizar con la seriedad y profundidad que el tema amerita.
El debate público debe organizarse sobre la base de oportunidades de acceso igualitario a los medios de comunicación social, es decir, no debe permitirse la desproporción en cuanto a la participación en el debate de las posiciones de SI y del NO. En cada radio, en cada programa de TV o en cada diario o revista, en cada cuña debe existir la paridad en el acceso de las diversas posiciones para que el público tenga la oportunidad de escuchar las razones y decidir según su conciencia.
Debe garantizarse la completa vigencia de las libertades democráticas, en dos direcciones. La primera, eliminando cualquier forma de control, represión o manipulación de la libertad de expresión, de información, de reunión, o tránsito, o cualquier forma de represalia por posiciones asumidas en relación al referéndum. La segunda, contrarresta la tendencia al control de los medios por la vía de la propiedad o compra de los mismos que mediatiza la necesaria objetividad de los mismos.
La primera responsabilidad es del gobierno pues tendrá que probar su idoneidad democrática a través de estos referendos. Los partidos políticos deberán asumir una posición cónsona con los intereses nacionales y su papel de orientadores y educadores de la opinión pública, y no negociar esos intereses nacionales en la mesa de la politiquería, como sería por ejemplo apoyar al CMA a cambio de la no reelección o cosas por el estilo.
Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos, tampoco practique ningún tipo de injerencia económica, política, militar, inteligencia, en la discusión nacional panameña en función de favorecer la instauración del CMA, y que hagan honor a los blasones de liderazgo democrático del que se enorgullecen.
La sociedad civil no puede quedarse al margen, y debe mantener y hacer pleno uso de las libertades democráticas combatiendo el abstencionismo y promoviendo la posición más consecuente con Panamá en los dos referendos que se avecinan.
¿De que sirve el triunfo por ejemplo de un SI al CMA si deja detrás la insatisfacción por un debate malhecho inacabado, astillado y torcido, con sabor a espúreo e ilegitimidad? En el fondo perderíamos todos, pues la realidad pasaría su factura y recomenzaríamos otra versión de la historia de la tradicional politiquería criolla y el abismo de la crisis política?
Todos y todas tenemos una parte de la responsabilidad para probarnos que podemos dilucidar civilizada y cívicamente nuestras diferencias, y que salgamos fortalecidos de los desafíos que se avecinan.
