Duplicidad complicada
Según informaciones suministradas por la agencia ambientalista Greenpeace el buque británico Pacific Sandpiper cruzará el Canal de Panamá el próximo viernes 20 de julio. Esta nave, cuyo uso único es transportar residuos nucleares para ser procesados en plantas ubicadas en Inglaterra y Francia, partió de Japón el pasado 21 de junio, luego de cargar en recipientes especiales la basura radioactiva que generan los reactores nucleares de dicho país.
Si bien es cierto que estos tránsitos se han llevado a cabo desde la década del "80 un comunicado del Grupo de Río, de 27 de marzo de 2001 y que firmaran los cancilleres de los países miembros convocados en Santiago de Chile durante la XX reunión ordinaria, puede colocar a la República de Panamá en una posición muy delicada de llegarse a efectuar la travesía antes mencionada.
Resulta ser que el documento de marras menciona, entre otras cosas, "la preocupación por el tránsito de material radioactivo y desechos peligrosos por rutas cercanas a las costas, o por vías navegables de los países miembros, dados los riesgos de daño que ello trae, aparejado con efectos nocivos para la salud de las poblaciones ribereñas y para los ecosistemas del medio marino y antártico".
Este tema, asunto que ha sido denunciado en varias ocasiones por personalidades como el doctor Jorge Illueca y el biólogo marino Carlos Arellano Lennox, plantea una serie de desatinos inaceptables en las relaciones internacionales de nuestro país, además de alentar la posibilidad que ocurra un desastre ecológico que pudiera acabar con el entorno de la región interoceánica y sus urbes aledañas.
No es el propósito de este artículo ahondar sobre las cuestiones arriba expuestas, pero sí en un fenómeno de bicefalia administrativa dentro del Estado panameño, y que mucho daño está causando en la necesaria cohesión nacional que demandan los años por venir.
Cuando se establecieron los lineamientos para crear la Autoridad del Canal de Panamá, quienes participaron directamente en su estructuración - pienso yo - auparon la idea de aislarla del quehacer cotidiano de la cosa pública. El concepto no era otro que evitar se entronizaran los vicios de la política criolla dentro de su operación diaria. Sin embargo, ese noble fin ha generado distorsiones mucho más negativas a ésas que hubiesen podido contaminar tan importante institución nacional.
Para comenzar, hay una sensación sutil de que aún persiste la antigua Zona del Canal. Esa exclusión de lo que ocurre día a día en otras áreas del gobierno, en vez de ir mezclando sus estándares de excelencia y así lograr el mejoramiento de la administración estatal en su conjunto, ha producido malestar en varios temas por adoptar disposiciones amoldadas dentro del marco de referencia de su propio bienestar.
Luego de las serias denuncias aparecidas en este mismo diario el pasado jueves, y que formulara el antiguo jefe de Ingenieros del Canal, Tomás Drohan Ruiz, respecto a la cuenca occidental, la Ley 44, los embalses que pretenden construir y la tensa relación que se ha producido innecesariamente con los moradores de dicho sector, son evidentes las complicaciones que está causando el manejo apartado de la ACP, tal y como lo demuestra la pésima ubicación que pretenden darle al nuevo puente y sus vías de acceso.
Hoy, a pesar de múltiples voces de protesta - tanto en el ámbito nacional como internacional - todo parece indicar que la ACP autorizará el tránsito por el Canal del buque británico Pacific Sandpiper y su basura radioactiva. ¿Cómo queda la imagen de nuestro gobierno, especialmente la del canciller José Miguel Alemán, con los países miembros del Grupo de Río y los estados del Caribe al permitirse tan controversial acontecimiento?
Espero que recapaciten sobre esta importante decisión y se pongan de acuerdo, de una vez por todas y respetando la cadena de mando que asigna la Constitución Nacional, todos los involucrados en este delicado asunto. rbermudez@cableonda.net
Si bien es cierto que estos tránsitos se han llevado a cabo desde la década del "80 un comunicado del Grupo de Río, de 27 de marzo de 2001 y que firmaran los cancilleres de los países miembros convocados en Santiago de Chile durante la XX reunión ordinaria, puede colocar a la República de Panamá en una posición muy delicada de llegarse a efectuar la travesía antes mencionada.
Resulta ser que el documento de marras menciona, entre otras cosas, "la preocupación por el tránsito de material radioactivo y desechos peligrosos por rutas cercanas a las costas, o por vías navegables de los países miembros, dados los riesgos de daño que ello trae, aparejado con efectos nocivos para la salud de las poblaciones ribereñas y para los ecosistemas del medio marino y antártico".
Este tema, asunto que ha sido denunciado en varias ocasiones por personalidades como el doctor Jorge Illueca y el biólogo marino Carlos Arellano Lennox, plantea una serie de desatinos inaceptables en las relaciones internacionales de nuestro país, además de alentar la posibilidad que ocurra un desastre ecológico que pudiera acabar con el entorno de la región interoceánica y sus urbes aledañas.
No es el propósito de este artículo ahondar sobre las cuestiones arriba expuestas, pero sí en un fenómeno de bicefalia administrativa dentro del Estado panameño, y que mucho daño está causando en la necesaria cohesión nacional que demandan los años por venir.
Cuando se establecieron los lineamientos para crear la Autoridad del Canal de Panamá, quienes participaron directamente en su estructuración - pienso yo - auparon la idea de aislarla del quehacer cotidiano de la cosa pública. El concepto no era otro que evitar se entronizaran los vicios de la política criolla dentro de su operación diaria. Sin embargo, ese noble fin ha generado distorsiones mucho más negativas a ésas que hubiesen podido contaminar tan importante institución nacional.
Para comenzar, hay una sensación sutil de que aún persiste la antigua Zona del Canal. Esa exclusión de lo que ocurre día a día en otras áreas del gobierno, en vez de ir mezclando sus estándares de excelencia y así lograr el mejoramiento de la administración estatal en su conjunto, ha producido malestar en varios temas por adoptar disposiciones amoldadas dentro del marco de referencia de su propio bienestar.
Luego de las serias denuncias aparecidas en este mismo diario el pasado jueves, y que formulara el antiguo jefe de Ingenieros del Canal, Tomás Drohan Ruiz, respecto a la cuenca occidental, la Ley 44, los embalses que pretenden construir y la tensa relación que se ha producido innecesariamente con los moradores de dicho sector, son evidentes las complicaciones que está causando el manejo apartado de la ACP, tal y como lo demuestra la pésima ubicación que pretenden darle al nuevo puente y sus vías de acceso.
Hoy, a pesar de múltiples voces de protesta - tanto en el ámbito nacional como internacional - todo parece indicar que la ACP autorizará el tránsito por el Canal del buque británico Pacific Sandpiper y su basura radioactiva. ¿Cómo queda la imagen de nuestro gobierno, especialmente la del canciller José Miguel Alemán, con los países miembros del Grupo de Río y los estados del Caribe al permitirse tan controversial acontecimiento?
Espero que recapaciten sobre esta importante decisión y se pongan de acuerdo, de una vez por todas y respetando la cadena de mando que asigna la Constitución Nacional, todos los involucrados en este delicado asunto. rbermudez@cableonda.net
