Educación en nuestros tiempos
La economía y la educación están íntimamente ligadas. Esto ha sido reconocido así por los más reputados economistas de la primera y segunda mitad de nuestro siglo. Estudios realizados en este tópico indican que a mayor nivel de escolaridad, los ingresos del individuo aumentan. La relación y dependencia entre lo educativo y lo económico, es tal que si el pueblo alcanzara mayores niveles educativos, es seguro que la producción del país -Producto Interno Bruto- aumentaría. Para el caso de la institución, Ministerio de Educación, no entendemos qué pueda estar pasando. Sabemos de los últimos despidos de personal técnico y administrativo. Debemos recordar que esta entidad, no es una institución que pertenece a ninguna persona, partido político o gobierno que acceda al poder. Es una institución creada por nuestros predecesores con la finalidad de preservar, desarrollar, mejorar y aumentar el caudal del saber que se necesita en el tiempo, para que los hijos de nuestro pueblo puedan proyectarse en sus más caras aspiraciones y sueños durante su vida útil. Para hacer una buena educación se requiere de buenos técnicos, buenos docentes, y de un excelente personal directivo, ubicados en los puestos claves. Estos deben tener la capacidad de utilizar las técnicas de la administración, por objetivos (APO), la gerencia participativa o la administración por resultados aplicados a la educación.
Desconocemos, por ello, el fundamento legal, técnico y laboral que pueda dar origen al despido de funcionarios que se han formado al calor de diversos hechos, tensiones y distensiones por más de 10 ó 15 años de servicio. Aun aquellos que gozan de menor antigüedad merecen un tratamiento más humano acorde a su condición de ciudadanos, que tienen el derecho a un trabajo para hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades con su familia y con terceros. Funcionarios hay dentro de las estructuras de nuestra institución educativa con una mística y trayectoria de trabajo transparente y responsable, sencillamente esperando que un gato malo, les dé un tiro de gracia. El daño causado a un funcionario despedido debe ser penalizado con un valor monetario proporcional al sueldo devengado. Sorprende, entonces, la decisión de desplazar a determinada suma de funcionarios sin considerar sus aportes a la institución, su antigüedad, sus obligaciones contractuales y su contribución a la economía familiar o doméstica. Lanzar trabajadores a la calle resulta un contrasentido, ya que los mismos irán a aumentar las filas de desempleados que existen en nuestras calles. Hay que recordar que la República de Panamá, se cuenta entre los pueblos de América Latina con mayores tasas de desempleo. Esta realidad es más crítica en el área urbana. Es necesario firmar un pacto de no agresión a favor de los funcionarios del Ministerio de Educación. El país los necesita para el cumplimiento de todos los programas y proyectos que allí se ejecutan. El país debe errumbarse por senderos de progreso, de convivencia pacífica y de trabajo arduo y responsable. El modelo educativo debe plantearse con el personal técnico más apto para el fragor de la lucha que exige la gestión educativa. La sustitución de personal entrenado por la de otro personal que desconoce los rudimentos de la educación, no parece el mejor camino a seguir, más bien sume a la institución en un clima de inestabilidad y aprehensiones; variables éstas contrarias a los fines y propósitos de la educación humanística, profesional y técnica en Panamá.
Desconocemos, por ello, el fundamento legal, técnico y laboral que pueda dar origen al despido de funcionarios que se han formado al calor de diversos hechos, tensiones y distensiones por más de 10 ó 15 años de servicio. Aun aquellos que gozan de menor antigüedad merecen un tratamiento más humano acorde a su condición de ciudadanos, que tienen el derecho a un trabajo para hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades con su familia y con terceros. Funcionarios hay dentro de las estructuras de nuestra institución educativa con una mística y trayectoria de trabajo transparente y responsable, sencillamente esperando que un gato malo, les dé un tiro de gracia. El daño causado a un funcionario despedido debe ser penalizado con un valor monetario proporcional al sueldo devengado. Sorprende, entonces, la decisión de desplazar a determinada suma de funcionarios sin considerar sus aportes a la institución, su antigüedad, sus obligaciones contractuales y su contribución a la economía familiar o doméstica. Lanzar trabajadores a la calle resulta un contrasentido, ya que los mismos irán a aumentar las filas de desempleados que existen en nuestras calles. Hay que recordar que la República de Panamá, se cuenta entre los pueblos de América Latina con mayores tasas de desempleo. Esta realidad es más crítica en el área urbana. Es necesario firmar un pacto de no agresión a favor de los funcionarios del Ministerio de Educación. El país los necesita para el cumplimiento de todos los programas y proyectos que allí se ejecutan. El país debe errumbarse por senderos de progreso, de convivencia pacífica y de trabajo arduo y responsable. El modelo educativo debe plantearse con el personal técnico más apto para el fragor de la lucha que exige la gestión educativa. La sustitución de personal entrenado por la de otro personal que desconoce los rudimentos de la educación, no parece el mejor camino a seguir, más bien sume a la institución en un clima de inestabilidad y aprehensiones; variables éstas contrarias a los fines y propósitos de la educación humanística, profesional y técnica en Panamá.
