Educación: ¿Servicio público?
La praxis política ha determinado en la mayoría de los países del mundo occidental que los servicios públicos de agua potable, de la administración de justicia, de correos y otros como el de la educación, se presten por el Estado, con suministro parcial y de menor cantidad, por empresas privadas. La reducción de la actividad estatal, recomendada por los acreedores internacionales de los Estados que se ubican fuera del primer mundo, no ha podido progresar mucho, por la sencilla razón de que no es factible que los gobiernos cambien de vestimenta de la noche a la mañana por medio de políticas impuestas por esos gigantescos acreedores. Así que la célebre "privatización", lo mismo que la no menos célebre "globalización", las han detenido, al menos en su ritmo furibundo, las mismas condiciones caóticas de los Estados morosos, hundidos hasta el cuello por deudas impagables.
Limitándonos al caso del servicio de la educación pública, y constriñéndonos en este artículo al caso de Panamá, en esa materia, resulta que la economía nacional anda por las ciénegas deletéreas en sus avances y por la estratoesfera de sus costos, a más de que los salarios no permiten demasiados lujos, por lo cual la educación continúa siendo, en proporción muy alta, un servicio estatal, entre otras razones, por la pobreza crítica y general del país.
Pero acercando el lente al objeto de esta fotografía verbal, la verdad es que la educación pública nacional atraviesa, desde siempre si tomamos en cuenta los últimos tres cuartos de siglo, por una crisis total, y si el lector prefiere, totalitaria, para destacar el modus operandi educativo, con una palabra, si bien expresiva, ya de uso prescrito por el desplome bélico del eje Berlín-Roma-Tokio.
La educación de un país, como servicio público y privado, tiene en el caso nuestro inmensas fallas, que los organismos internacionales, regionales y nacionales subrayan de cuando en cuando. La educación, como resulta del lugar común, debería entrenar al estudiante para que tenga la suficiente capacitación, a fin de ganarse la vida con un oficio o con una profesión. He aquí un ángulo del ingente problema. Se requieren estudios económicos (y no tantos rankings) muy afinados sobre las condiciones de empleo en un país, para ajustar la enseñanza a dichas posibilidades. Como tales informes poco se presentan en Panamá, no existe aquí la dedicación de los estudiantes a carreras que ofrezcan oportunidades de trabajo, y ella no puede cumplirse. De aquí derivan muy serias consecuencias que se agregan al charco sin fondo de los problemas educativos.
Sin buenos profesores y maestros no es posible esperar buenos resultados en la preparación del estudiante, y cuando se hacían en la Universidad de Panamá los "escandalosos" exámenes de ingreso, se obtenían resultados apabullantemente catastróficos. Entonces fue cuando un gobierno de largo turno decidió poner en marcha la política de puertas abiertas que saturó las aulas universitarias disponibles. No es necesario continuar repasando el rosario de las conocidas carencias de nuestras universidades, regla general.
Por todas parte emerge un gran círculo vicioso de problemas normalmente insolubles. Y no es indispensable hacer "rankings" (suenan más atrayentes los anglicismos innecesarios), para determinar científicamente, adverbio altisonante, los niveles de la educación universitaria en la mayor parte de las universidades estatales (también centros de región) y privadas, del saber en las ciencias sociales, porque algunas preparaciones científicas, en ciertas universidades privadas, no andan mal. Basta hacerles un dictado simple, elemental, a los graduandos o graduados, para determinar el horror de su ortografía, de la cantidad y calidad de sus conocimientos de la profesión estudiada y otros apartes de lo que deben conocer.
La Universidad nacional debe supervigilar el funcionamiento de la universidad privada, conforme a norma constitucional; pero la primera, ya muy poco intenta hacer en tal renglón de tan importante cometido. Y no sabemos por qué anda rondando por ahí un anteproyecto de ley para exigir acreditaciones especiales, no sólo a los graduados universitarios, sino a muy buena cantidad de profesionales, periódicamente, los que deben ir desempolvando sus libros viejos y apuntes del mismo tiempo, porque a lo mejor resultan preferibles a las pautas que se trata de imponer, no sabemos con qué fines.
La conclusión final, en este ámbito de las anteriores divagaciones, consiste en un caso especial de servicios públicos que no cumplen un mínimo de eficacia (salud pública, agua potable, educación, etc.) y la República, a pesar de su festejado centenario (algo que quiere parecerse a un carnaval hasta con sancochos gigantescos), continuará ignorando, sobre todo a corto plazo, sus costosísimos fracasos colectivos.
Para tomar esa medida la institución realizará previamente una encuesta y dependiendo de los resultados se aumentará la distribución de la premiación en el billete para que tenga una mayor acogida.
La propuesta que tiene la entidad es incrementar el premio mayor en cada billete de B/ 2,000 a B/ 2,500 sin alterar el segundo y tercer premio, cuyo monto es de B/ 600 y B/ 300, respectivamente, pero todo dependerá de los resultados de las encuestas que se estarán realizando a los diversos compradores.
Limitándonos al caso del servicio de la educación pública, y constriñéndonos en este artículo al caso de Panamá, en esa materia, resulta que la economía nacional anda por las ciénegas deletéreas en sus avances y por la estratoesfera de sus costos, a más de que los salarios no permiten demasiados lujos, por lo cual la educación continúa siendo, en proporción muy alta, un servicio estatal, entre otras razones, por la pobreza crítica y general del país.
Pero acercando el lente al objeto de esta fotografía verbal, la verdad es que la educación pública nacional atraviesa, desde siempre si tomamos en cuenta los últimos tres cuartos de siglo, por una crisis total, y si el lector prefiere, totalitaria, para destacar el modus operandi educativo, con una palabra, si bien expresiva, ya de uso prescrito por el desplome bélico del eje Berlín-Roma-Tokio.
La educación de un país, como servicio público y privado, tiene en el caso nuestro inmensas fallas, que los organismos internacionales, regionales y nacionales subrayan de cuando en cuando. La educación, como resulta del lugar común, debería entrenar al estudiante para que tenga la suficiente capacitación, a fin de ganarse la vida con un oficio o con una profesión. He aquí un ángulo del ingente problema. Se requieren estudios económicos (y no tantos rankings) muy afinados sobre las condiciones de empleo en un país, para ajustar la enseñanza a dichas posibilidades. Como tales informes poco se presentan en Panamá, no existe aquí la dedicación de los estudiantes a carreras que ofrezcan oportunidades de trabajo, y ella no puede cumplirse. De aquí derivan muy serias consecuencias que se agregan al charco sin fondo de los problemas educativos.
Sin buenos profesores y maestros no es posible esperar buenos resultados en la preparación del estudiante, y cuando se hacían en la Universidad de Panamá los "escandalosos" exámenes de ingreso, se obtenían resultados apabullantemente catastróficos. Entonces fue cuando un gobierno de largo turno decidió poner en marcha la política de puertas abiertas que saturó las aulas universitarias disponibles. No es necesario continuar repasando el rosario de las conocidas carencias de nuestras universidades, regla general.
Por todas parte emerge un gran círculo vicioso de problemas normalmente insolubles. Y no es indispensable hacer "rankings" (suenan más atrayentes los anglicismos innecesarios), para determinar científicamente, adverbio altisonante, los niveles de la educación universitaria en la mayor parte de las universidades estatales (también centros de región) y privadas, del saber en las ciencias sociales, porque algunas preparaciones científicas, en ciertas universidades privadas, no andan mal. Basta hacerles un dictado simple, elemental, a los graduandos o graduados, para determinar el horror de su ortografía, de la cantidad y calidad de sus conocimientos de la profesión estudiada y otros apartes de lo que deben conocer.
La Universidad nacional debe supervigilar el funcionamiento de la universidad privada, conforme a norma constitucional; pero la primera, ya muy poco intenta hacer en tal renglón de tan importante cometido. Y no sabemos por qué anda rondando por ahí un anteproyecto de ley para exigir acreditaciones especiales, no sólo a los graduados universitarios, sino a muy buena cantidad de profesionales, periódicamente, los que deben ir desempolvando sus libros viejos y apuntes del mismo tiempo, porque a lo mejor resultan preferibles a las pautas que se trata de imponer, no sabemos con qué fines.
La conclusión final, en este ámbito de las anteriores divagaciones, consiste en un caso especial de servicios públicos que no cumplen un mínimo de eficacia (salud pública, agua potable, educación, etc.) y la República, a pesar de su festejado centenario (algo que quiere parecerse a un carnaval hasta con sancochos gigantescos), continuará ignorando, sobre todo a corto plazo, sus costosísimos fracasos colectivos.
Para tomar esa medida la institución realizará previamente una encuesta y dependiendo de los resultados se aumentará la distribución de la premiación en el billete para que tenga una mayor acogida.
La propuesta que tiene la entidad es incrementar el premio mayor en cada billete de B/ 2,000 a B/ 2,500 sin alterar el segundo y tercer premio, cuyo monto es de B/ 600 y B/ 300, respectivamente, pero todo dependerá de los resultados de las encuestas que se estarán realizando a los diversos compradores.
