Educación y libertad
Es común reconocer que la educación es el "activo" más importante de una sociedad. Y más común aún decir que es la fuerza motriz del desarrollo. El debate educativo en México, sin embargo, se ha degenerado a porcentajes de gasto público en educación (el "gasto social"), al tema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a las necesidades de financiar el desarrollo con más gasto educativo. Pero no hay un enfoque serio sobre la calidad de la educación, sobre la reforma educativa ni sobre cómo se puede despolitizar la educación.
Tristemente, el esquema llamado "bono educativo" y la libre elección familiar brillan por su ausencia en el debate actual. El argumento alrededor de la libertad de elegir es contundente. Los estudiantes saben más sobre sus necesidades educativas y su futuro personal que la burocracia o que el político. En la educación básica, la idea es idéntica: mucho más saben los padres de familia sobre las necesidades educativas de sus propios hijos que el funcionario o el tecnócrata.
La meta tradicional de la educación pública es consecuencia de la fantasía histórica de la ingeniería social, o sea, el desarrollo de una "fábrica" intelectual capaz de crear una elite de gobernantes. La crisis mexicana ha convertido esa meta en un verdadero despotismo educativo. El brutal derroche presupuestal en la educación mexicana tiene varias dimensiones, entre ellas, el costo del financiamiento de la educación universitaria. El costo anual promedio por estudiante universitario es de 34 mil pesos. Una forma de hacer más eficiente el gasto público universitario sería otorgando un bono a cada estudiante, con valor de 34 mil pesos, que sea redimible en la escuela de educación superior de su preferencia, pública o privada. Unas instituciones cobran lo mismo, otras menos y otras más; pero el estudiante tendría libertad de elegir entre un universo de institutos universitarios. Así surgiría un mercado secundario y se permitiría al estudiantado una salida de la parálisis educativa que sufre actualmente el sistema público.
La idea del bono universitario es una aplicación concreta del bono o vale educativo. Lo mismo se podría hacer a nivel primario; es decir, dedicar los recursos públicos del presupuesto a financiar un bono educativo que sería otorgado a cada familia necesitada, por cada hijo de edad escolar.
Los padres de familia podrían, en su momento, elegir entre escuelas del sector público o escuelas privadas. Así la competencia incentivaría a elevar la calidad de la educación ofrecida para atraer a los estudiantes. Se trata de sustituir el actual subsidio a la oferta por un subsidio a la demanda y tal cambio lograría eliminar gran parte de la costosa y contraproducente intermediación burocrática. Se crearía, entonces, un incentivo de competencia entre los centros de estudio del país y con ello la oportunidad de captar mercado educativo (los bonos) por medio de un servicio de mayor calidad. La supervisión de ese servicio educativo seguiría siendo parte de las funciones legítimas de las autoridades. Así, al disfrutar la ciudadanía de libertad para elegir la mejor educación de sus hijos, le estaríamos también abriendo las puertas a la gran revolución pendiente en nuestro país: la revolución educativa.
* Director General de Política Económica de TV Azteca y académico asociado del Cato Institute.
(c) www.aipenet.com
Tristemente, el esquema llamado "bono educativo" y la libre elección familiar brillan por su ausencia en el debate actual. El argumento alrededor de la libertad de elegir es contundente. Los estudiantes saben más sobre sus necesidades educativas y su futuro personal que la burocracia o que el político. En la educación básica, la idea es idéntica: mucho más saben los padres de familia sobre las necesidades educativas de sus propios hijos que el funcionario o el tecnócrata.
La meta tradicional de la educación pública es consecuencia de la fantasía histórica de la ingeniería social, o sea, el desarrollo de una "fábrica" intelectual capaz de crear una elite de gobernantes. La crisis mexicana ha convertido esa meta en un verdadero despotismo educativo. El brutal derroche presupuestal en la educación mexicana tiene varias dimensiones, entre ellas, el costo del financiamiento de la educación universitaria. El costo anual promedio por estudiante universitario es de 34 mil pesos. Una forma de hacer más eficiente el gasto público universitario sería otorgando un bono a cada estudiante, con valor de 34 mil pesos, que sea redimible en la escuela de educación superior de su preferencia, pública o privada. Unas instituciones cobran lo mismo, otras menos y otras más; pero el estudiante tendría libertad de elegir entre un universo de institutos universitarios. Así surgiría un mercado secundario y se permitiría al estudiantado una salida de la parálisis educativa que sufre actualmente el sistema público.
La idea del bono universitario es una aplicación concreta del bono o vale educativo. Lo mismo se podría hacer a nivel primario; es decir, dedicar los recursos públicos del presupuesto a financiar un bono educativo que sería otorgado a cada familia necesitada, por cada hijo de edad escolar.
Los padres de familia podrían, en su momento, elegir entre escuelas del sector público o escuelas privadas. Así la competencia incentivaría a elevar la calidad de la educación ofrecida para atraer a los estudiantes. Se trata de sustituir el actual subsidio a la oferta por un subsidio a la demanda y tal cambio lograría eliminar gran parte de la costosa y contraproducente intermediación burocrática. Se crearía, entonces, un incentivo de competencia entre los centros de estudio del país y con ello la oportunidad de captar mercado educativo (los bonos) por medio de un servicio de mayor calidad. La supervisión de ese servicio educativo seguiría siendo parte de las funciones legítimas de las autoridades. Así, al disfrutar la ciudadanía de libertad para elegir la mejor educación de sus hijos, le estaríamos también abriendo las puertas a la gran revolución pendiente en nuestro país: la revolución educativa.
* Director General de Política Económica de TV Azteca y académico asociado del Cato Institute.
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