Educación y salud
RESULTA EXTRAÑO que en un país que adolece de serias carencias en lo que respecta a educación y salud se proponga la eliminación de ciertas exoneraciones especiales para los operadores privados que se aventuren a llenar el vacío que deja el Estado en estas críticas áreas. En particular, nos referimos a la propuesta de derogar la exoneración del impuesto de inmuebles que gozan los operadores de centros privados de educación y salud.
De acuerdo con las normas vigentes, están exentas del pago del impuesto de inmuebles los bienes de esta naturaleza que sean utilizados para colegios privados de enseñanza primaria, segundaria o universitaria siempre que sus dueños se obliguen a mantener no menos de 25 becas permanentes (matrícula, enseñanza y útiles) para estudiantes panameños pobres. Igualmente están exonerados los inmuebles utilizados para hospitales privados, siempre que sus dueños se obliguen a atender cualquier enfermo en caso de emergencia y a dar hospitalización gratuita a veinticinco enfermos panameños pobres en cada año.
Reconocemos que los aportes actualmente contemplados podrían ser nominales y desiguales. Reconocemos también que quizás por desidia o carencia de recursos a lo interno del gobierno no se está verificando que estos centros privados de educación y de salud en efecto hagan los aportes que, por ley, deben hacer para obtener las exoneraciones. Sin embargo, al eliminar del todo la exoneración se estaría creando otro desincentivo adicional para atender estas especiales necesidades de la población, en lo que de por sí son negocios marginales. De causar la quiebra de escuelas u hospitales privados, se estaría generando una demanda adicional en las escuelas y hospitales públicos, demanda que el Estado no ha podido atender. Y si no quiebran probablemente la derogatoria de la exoneración propuesta acabaría encareciendo un servicio que ya es demasiado elevado.
Entendemos que la motivación de la propuesta es recaudar más impuestos para reversar la cadena deficitaria del Fisco. Pero puede que medidas como la eliminación de este tipo de exoneración acabe causando precisamente lo opuesto: aumentando la demanda de servicios públicos y, por ende, las erogaciones que el Estado debe hacer para atenderla.
(*) Director de la agencia AIPE y académico asociado de Cato Institute. www.aipenet.com
De acuerdo con las normas vigentes, están exentas del pago del impuesto de inmuebles los bienes de esta naturaleza que sean utilizados para colegios privados de enseñanza primaria, segundaria o universitaria siempre que sus dueños se obliguen a mantener no menos de 25 becas permanentes (matrícula, enseñanza y útiles) para estudiantes panameños pobres. Igualmente están exonerados los inmuebles utilizados para hospitales privados, siempre que sus dueños se obliguen a atender cualquier enfermo en caso de emergencia y a dar hospitalización gratuita a veinticinco enfermos panameños pobres en cada año.
Reconocemos que los aportes actualmente contemplados podrían ser nominales y desiguales. Reconocemos también que quizás por desidia o carencia de recursos a lo interno del gobierno no se está verificando que estos centros privados de educación y de salud en efecto hagan los aportes que, por ley, deben hacer para obtener las exoneraciones. Sin embargo, al eliminar del todo la exoneración se estaría creando otro desincentivo adicional para atender estas especiales necesidades de la población, en lo que de por sí son negocios marginales. De causar la quiebra de escuelas u hospitales privados, se estaría generando una demanda adicional en las escuelas y hospitales públicos, demanda que el Estado no ha podido atender. Y si no quiebran probablemente la derogatoria de la exoneración propuesta acabaría encareciendo un servicio que ya es demasiado elevado.
Entendemos que la motivación de la propuesta es recaudar más impuestos para reversar la cadena deficitaria del Fisco. Pero puede que medidas como la eliminación de este tipo de exoneración acabe causando precisamente lo opuesto: aumentando la demanda de servicios públicos y, por ende, las erogaciones que el Estado debe hacer para atenderla.
(*) Director de la agencia AIPE y académico asociado de Cato Institute. www.aipenet.com
