EEUU y la lucha antidrogas
A nivel político, las certificaciones o descertificaciones por los Estados Unidos de los países amigos, en base a su unilateral percepción del nivel de cooperación en materia de la lucha antidrogas, son condenadas por denigrantes, egocentristas, miopes e inefectivas. Así lo hicieron saber al Presidente de los Estados Unidos los mandatarios latinoamericanos que asistieron a la última Cumbre presidencial hemisférica en Santiago, Chile.
No obstante lo anterior, la mayoría de los electores iberoamericanos, considera que los Estados Unidos está haciendo lo que puede en esta materia y que debe, no obstante las incomodidades, continuar con su política de certificación.
En efecto, una encuesta llevada a cabo en Iberoamérica durante el primer trimestre de este año por The Wall Street Journal y 16 periódicos latinoamericanos, revela que el 65% de los consultados favorecía las sanciones impuestas por los Estados Unidos por medio del mecanismo de certificación. En esencia, el latino típico considera que es una prerrogativa del país que está ofreciendo ayuda económica, retirarla por las razones que a bien tenga. En breve, quien regala, impone las condiciones.
En Panamá, el 68% de los entrevistados estuvo de acuerdo con ese sistema. En Colombia, la situación es la opuesta. El 62% de los encuestados estuvieron en contra. Pero en realidad la situación colombiana es distinta a la prevaleciente en el resto de los países latinoamericanos. Los grandes capos de la mafia narcotraficante colombiana han acumulado gran riqueza, la cual ha afectado el poder económico y político del país. En otros países, el impacto de la narcomafia es percibido como menos maligno y de inferior perfil.
Pero el problema de consumo pareciera estar adquiriendo mayor relevancia para los latinoamericanos. El 88% de los encuestados considera que ha incrementado el consumo de drogas en sus países. En Panamá, el 92% considera que ha aumentado. Esto podría indicar que los gobiernos deberían preocuparse más por el consumo en vez de la producción y el tráfico de drogas. Algo así como la campaña contra el consumo de tabaco, que se ha institucionalizado.
En consideración de lo anterior y en especial al hecho de que el 55% de los encuestados latinoamericanos opinan que los Estados Unidos está haciendo su mayor esfuerzo para controlar el consumo de drogas en su país, los gobiernos latinoamericanos deberían hacer lo propio, más que confrontar las medidas que adopten otros en el mismo sentido.
En fin, se requiere multiplicar el esfuerzo a nivel del hogar, las escuelas, los centros de trabajo, los medios de comunicación y en cuanto evento público tenga lugar, dando continuidad y renovación al mensaje de rechazo a las drogas.
No obstante lo anterior, la mayoría de los electores iberoamericanos, considera que los Estados Unidos está haciendo lo que puede en esta materia y que debe, no obstante las incomodidades, continuar con su política de certificación.
En efecto, una encuesta llevada a cabo en Iberoamérica durante el primer trimestre de este año por The Wall Street Journal y 16 periódicos latinoamericanos, revela que el 65% de los consultados favorecía las sanciones impuestas por los Estados Unidos por medio del mecanismo de certificación. En esencia, el latino típico considera que es una prerrogativa del país que está ofreciendo ayuda económica, retirarla por las razones que a bien tenga. En breve, quien regala, impone las condiciones.
En Panamá, el 68% de los entrevistados estuvo de acuerdo con ese sistema. En Colombia, la situación es la opuesta. El 62% de los encuestados estuvieron en contra. Pero en realidad la situación colombiana es distinta a la prevaleciente en el resto de los países latinoamericanos. Los grandes capos de la mafia narcotraficante colombiana han acumulado gran riqueza, la cual ha afectado el poder económico y político del país. En otros países, el impacto de la narcomafia es percibido como menos maligno y de inferior perfil.
Pero el problema de consumo pareciera estar adquiriendo mayor relevancia para los latinoamericanos. El 88% de los encuestados considera que ha incrementado el consumo de drogas en sus países. En Panamá, el 92% considera que ha aumentado. Esto podría indicar que los gobiernos deberían preocuparse más por el consumo en vez de la producción y el tráfico de drogas. Algo así como la campaña contra el consumo de tabaco, que se ha institucionalizado.
En consideración de lo anterior y en especial al hecho de que el 55% de los encuestados latinoamericanos opinan que los Estados Unidos está haciendo su mayor esfuerzo para controlar el consumo de drogas en su país, los gobiernos latinoamericanos deberían hacer lo propio, más que confrontar las medidas que adopten otros en el mismo sentido.
En fin, se requiere multiplicar el esfuerzo a nivel del hogar, las escuelas, los centros de trabajo, los medios de comunicación y en cuanto evento público tenga lugar, dando continuidad y renovación al mensaje de rechazo a las drogas.
