Efectos perversos de la socialización de la medicina
Que el tema de la salud es prioritario para todos es algo que no está en discusión. Lo que no está tan claro es comprender cuáles son los caminos más idóneos para asegurar a la población una atención médica adecuada. Lo más común, y lo que mejor se mercadea en Latinoamérica, es que el Estado se ocupe o controle el asunto, sin analizar seriamente si es lo más conveniente. La propaganda socialista machaca sin cesar que "aquello que proviene del gobierno sólo puede estar movido por las mejores intenciones porque, a diferencia de lo que sucede con los particulares, al Estado no lo mueve el lucro".
Pocos no caen en el engaño ni se percatan que al "Estado" no lo mueve el deseo de ganancia porque, en realidad, es tan sólo una abstracción. Por lo tanto, es incapaz de actuar o de tener voluntad propia. Sin embargo, obviamente sí hay algo que en realidad existe, tiene voluntad y actúa en nombre del Estado. Y ese "algo" son los políticos y los burócratas. Pero estos, según "Transparencia Internacional", no suelen comportarse muy bien que digamos.
Cuando hablamos de cosas concretas, el panorama comienza a aclararse, aunque muy pocos se atreven a afirmar que a esas privilegiadas corporaciones gubernamentales no las mueven los intereses personales. Bueno, nos podrán decir, pero al fin de cuentas, ¿no es legítimo que así sea? Si un individuo persigue sus propios objetivos, arriesgando su dinero, respetando el derecho de sus semejantes a hacer lo mismo y sufre en carne propia los efectos de sus errores y de sus aciertos, entonces, por supuesto que es válido. El problema está en que los políticos y los burócratas se las ingenian para camuflarse con algo que, en rigor, no tiene vida propia. Y, aprovechándose de esa confusión, han creado los marcos legales adecuados para asegurarse la impunidad y que sus platos rotos los paguen los demás.
El tema de la salud, por la sensibilidad que despierta, es uno de los más fértiles para que los gobernantes pongan en práctica su "solidaridad", utilizando y malgastando dinero ajeno.
Al Uruguay liberal y próspero del siglo XIX llegaron muchos inmigrantes europeos muy pobres. La solidaridad -genuina- se manifestaba a través de las organizaciones "mutualistas" o las "asociaciones de socorros mutuos", a través de las cuales los gremios ayudaban a sus miembros. Asimismo, las Iglesias tenían sus propias redes para ayudar a los más necesitados. Esas entidades, basadas en la cooperación voluntaria, fueron muy vigorosas en esa época.
Pero en el siglo XX, Uruguay se tornó tremendamente socialista. Los tentáculos estatales se extendieron por todas direcciones. Desde la década del 50, casi todo el sistema privado de salud adoptó la forma de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Ellas están fuertemente reguladas, con canasta obligatoria y precios máximos administrados. El Estado comenzó a subsidiar al sector mutual y lo obligó a atender a los empleados públicos. Más tarde fue incorporando a otros sectores.
En 1984, el seguro de salud obligatorio se hizo universal y fue administrado por un nuevo organismo estatal llamado DISSE (Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad). Desde entonces, el sistema está en crisis permanente y la calidad de los servicios ha caído notoriamente. Lo habitual es tener que esperar varias semanas para poder acceder a la consulta con un médico. El día de la consulta, el paciente suele esperar varias horas antes de ser atendido y los médicos tienen instrucciones de otorgar apenas 12 minutos a cada paciente. Esta realidad provocó que surgieran otros servicios médicos que escapan a la regulación estatal y que son muy ágiles y eficientes. Pero los socialistas no pueden permitir que algo eluda su control. Por eso, el gobierno está empeñado en hacer aprobar un "Sistema Integrado Nacional de Salud" que parece significará la desaparición de las instituciones médicas que realmente son eficientes.
(*) Analista uruguaya.
www.aipenet.com
Se requiere de una política social para enfrentar el problema del pandillerismo y de la violencia juvenil, y crear alternativas laborales y educativas para los jóvenes pertenecientes a estas pandillas.
Se requiere destinar los fondos para que entre en plena vigencia la ley penitenciaria, y reducir el alto índice de presos sin condena que asciende a más del 60% de la población carcelaria.
Se deben considerar las estadísticas criminales y otros instrumentos que permitan hacer análisis científicos para combatir de manera eficaz a la delincuencia. Estos instrumentos deben servir para la elaboración de un mapa de la criminalidad, que le permita a los entes policiales saber dónde se cometen los delitos, los tipos de delitos y los recursos que necesitan para combatir a los delincuentes.
Se requiere reestructurar el contenido de los programas de estudio de las academias policiales para garantizar que los egresados tengan el perfil del policía que la sociedad panameña necesita.
Se requiere fomentar los valores dentro de los estamentos policiales, promover en estos una política de intolerancia a actos de corrupción y fortalecer las dependencias encargadas de hacer investigaciones internas de actos irregulares en esas instituciones.
Aunque conocemos que este proyecto de ley ha sido elaborado como parte de los esfuerzos gubernamentales por enfrentar el crimen organizado, creemos firmemente que no ha sido analizados profundamente, ya que contiene algunos artículos que a largo plazo pueden producir un peligroso deterioro de las garantías fundamentales de todos los que vivimos en este país".
Comisión de Justicia y Paz; Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; Asociación Panameña de Derecho Constitucional; Unión de Ciudadanas de Panamá; Centro de Estudios y Acción Social de Panamá; Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico; Colegio Nacional de Periodistas; Central General de Trabajadores de la República de Panamá; Centro de Asistencia Legal Popular.
Manuel Bermúdez: "Considero que el cambio de carriles en avenida Balboa está bien, pues aquí, en horas de la mañana, se registraba un gran congestionamiento vehicular".
Amílcar Ramírez: "El cambio de carriles es conveniente para mejorar el tránsito vehicular. Antes, en horas de la mañana, la congestión vehicular era grande".
Pocos no caen en el engaño ni se percatan que al "Estado" no lo mueve el deseo de ganancia porque, en realidad, es tan sólo una abstracción. Por lo tanto, es incapaz de actuar o de tener voluntad propia. Sin embargo, obviamente sí hay algo que en realidad existe, tiene voluntad y actúa en nombre del Estado. Y ese "algo" son los políticos y los burócratas. Pero estos, según "Transparencia Internacional", no suelen comportarse muy bien que digamos.
Cuando hablamos de cosas concretas, el panorama comienza a aclararse, aunque muy pocos se atreven a afirmar que a esas privilegiadas corporaciones gubernamentales no las mueven los intereses personales. Bueno, nos podrán decir, pero al fin de cuentas, ¿no es legítimo que así sea? Si un individuo persigue sus propios objetivos, arriesgando su dinero, respetando el derecho de sus semejantes a hacer lo mismo y sufre en carne propia los efectos de sus errores y de sus aciertos, entonces, por supuesto que es válido. El problema está en que los políticos y los burócratas se las ingenian para camuflarse con algo que, en rigor, no tiene vida propia. Y, aprovechándose de esa confusión, han creado los marcos legales adecuados para asegurarse la impunidad y que sus platos rotos los paguen los demás.
El tema de la salud, por la sensibilidad que despierta, es uno de los más fértiles para que los gobernantes pongan en práctica su "solidaridad", utilizando y malgastando dinero ajeno.
Al Uruguay liberal y próspero del siglo XIX llegaron muchos inmigrantes europeos muy pobres. La solidaridad -genuina- se manifestaba a través de las organizaciones "mutualistas" o las "asociaciones de socorros mutuos", a través de las cuales los gremios ayudaban a sus miembros. Asimismo, las Iglesias tenían sus propias redes para ayudar a los más necesitados. Esas entidades, basadas en la cooperación voluntaria, fueron muy vigorosas en esa época.
Pero en el siglo XX, Uruguay se tornó tremendamente socialista. Los tentáculos estatales se extendieron por todas direcciones. Desde la década del 50, casi todo el sistema privado de salud adoptó la forma de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Ellas están fuertemente reguladas, con canasta obligatoria y precios máximos administrados. El Estado comenzó a subsidiar al sector mutual y lo obligó a atender a los empleados públicos. Más tarde fue incorporando a otros sectores.
En 1984, el seguro de salud obligatorio se hizo universal y fue administrado por un nuevo organismo estatal llamado DISSE (Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad). Desde entonces, el sistema está en crisis permanente y la calidad de los servicios ha caído notoriamente. Lo habitual es tener que esperar varias semanas para poder acceder a la consulta con un médico. El día de la consulta, el paciente suele esperar varias horas antes de ser atendido y los médicos tienen instrucciones de otorgar apenas 12 minutos a cada paciente. Esta realidad provocó que surgieran otros servicios médicos que escapan a la regulación estatal y que son muy ágiles y eficientes. Pero los socialistas no pueden permitir que algo eluda su control. Por eso, el gobierno está empeñado en hacer aprobar un "Sistema Integrado Nacional de Salud" que parece significará la desaparición de las instituciones médicas que realmente son eficientes.
(*) Analista uruguaya.
www.aipenet.com
Se requiere de una política social para enfrentar el problema del pandillerismo y de la violencia juvenil, y crear alternativas laborales y educativas para los jóvenes pertenecientes a estas pandillas.
Se requiere destinar los fondos para que entre en plena vigencia la ley penitenciaria, y reducir el alto índice de presos sin condena que asciende a más del 60% de la población carcelaria.
Se deben considerar las estadísticas criminales y otros instrumentos que permitan hacer análisis científicos para combatir de manera eficaz a la delincuencia. Estos instrumentos deben servir para la elaboración de un mapa de la criminalidad, que le permita a los entes policiales saber dónde se cometen los delitos, los tipos de delitos y los recursos que necesitan para combatir a los delincuentes.
Se requiere reestructurar el contenido de los programas de estudio de las academias policiales para garantizar que los egresados tengan el perfil del policía que la sociedad panameña necesita.
Se requiere fomentar los valores dentro de los estamentos policiales, promover en estos una política de intolerancia a actos de corrupción y fortalecer las dependencias encargadas de hacer investigaciones internas de actos irregulares en esas instituciones.
Aunque conocemos que este proyecto de ley ha sido elaborado como parte de los esfuerzos gubernamentales por enfrentar el crimen organizado, creemos firmemente que no ha sido analizados profundamente, ya que contiene algunos artículos que a largo plazo pueden producir un peligroso deterioro de las garantías fundamentales de todos los que vivimos en este país".
Comisión de Justicia y Paz; Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; Asociación Panameña de Derecho Constitucional; Unión de Ciudadanas de Panamá; Centro de Estudios y Acción Social de Panamá; Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico; Colegio Nacional de Periodistas; Central General de Trabajadores de la República de Panamá; Centro de Asistencia Legal Popular.
Manuel Bermúdez: "Considero que el cambio de carriles en avenida Balboa está bien, pues aquí, en horas de la mañana, se registraba un gran congestionamiento vehicular".
Amílcar Ramírez: "El cambio de carriles es conveniente para mejorar el tránsito vehicular. Antes, en horas de la mañana, la congestión vehicular era grande".
