Eficiencia y educación
Los sistemas educativos no sólo tienen que ser legítimos, también deben ser eficientes, capaces de responder a las demandas educativas de la sociedad. La eficiencia supone, sin duda, una buena administración y gestión de los recursos, pero es algo más, es ante todo una categoría política: alude a la capacidad de los sistemas educativos para responder a las necesidades cognoscitivas, morales y simbólicas de la población escolar y de la propia sociedad. La eficiencia no se reduce, pues, a la mejora de las técnicas de administración de recursos, y como categoría política, comprende además una administración capaz de poner en ejecución las políticas públicas de educación.
Las reformas educativas promovidas en nuestro país y en el resto de la América Latina, no siempre han atendido suficientemente al factor administrativo. Ahora bien, no se trata de ampliar sin más las organizaciones administrativas, ni de introducir técnicas sofisticadas -mayor complejidad administrativa no es sinónimo de eficiencia-, sino de aportar una mayor racionalidad a las organizaciones evitando las disfunciones orgánicas, la duplicidad de aparatos, la superposición de ámbitos competenciales y, en definitiva, el exceso de burocracia. Tampoco se trata de identificar gestión de la educación con gestión empresarial, omitiendo la especificidad de las instituciones educativas y el lugar central que debe ocupar siempre el proceso escolar.
Muchos de los países del área, al igual que el nuestro, están inmersos en procesos importantes de descentralización. La descentralización, sea administrativa o política o reúna ambas características, refuerza la gobernabilidad de los sistemas educativos desde el punto de vista de la eficiencia, no sólo porque descongestiona los ministerios de Educación, agobiados por innumerables problemas, permitiéndoles atender a las cuestiones verdaderamente importantes que afectan a la generalidad de la nación, sino también porque facilita la gestión de los asuntos al entregarlos a poderes locales que, por su proximidad, pueden conocerlos y resolverlos mejor y con más prontitud. Todo ello con independencia de los lazos evidentes, que unen los términos descentralización y participación de los que nos ocuparemos después. La eficiencia en la gestión de la educación reclama una mayor atención a la cualificación del personal propio de administración, en especial a la formación de administradores de la educación (que debe tener un tratamiento específico y no una pura adaptación de las técnicas propias de la empresa privada). Implica además no menospreciar los problemas propios de la gestión, atender a la planificación educativa e implantar un sistema de evaluación de la misma organización administrativa. Una administración de la educación, en el marco de un régimen democrático, debe contar, igualmente, con funcionarios permanentes; es decir, con administradores profesionales no sometidos a los vaivenes de los legítimos cambios de gobierno.
Especial consideración merece la gestión de los recursos humanos. El personal docente no debe ver en los ministerios de Educación a sus "enemigos potenciales", sino a los proveedores de recursos, apoyos y políticas. Las grandes exigencias que la sociedad presenta hoy a nuestros docentes, no pueden cumplirse sin una política firme y sostenida de apoyo permanente por parte de los poderes públicos. Ello supone revisar las políticas de formación docente, y con ellas los de las mismas escuelas de formación de este profesional de la educación, sin descuidar por ello la promoción de auténticas políticas de perfeccionamiento o formación continua de los docentes.
Las políticas de formación y perfeccionamiento no bastan. Exigen ser completadas por una política dirigida a la profesionalización de los docentes. Elementos imprescindibles de esta política son la dignificación de los salarios -hoy erosionados hasta límites imposibles en muchos países- y la mejora de las condiciones laborales. La conjunción de todas estas políticas logrará la formación de un magisterio consciente de su nuevo papel, no sólo transmisor de conocimientos, sino sujeto activo de las reformas educativas, animador del proceso de enseñanza-aprendizaje e innovador en su propia aula. Mejorar la calidad de la gestión de los recursos financieros es un presupuesto necesario de la eficiencia de los sistemas educativos.
Hace ya algunos años que un notable especialista de la educación señaló que si las grandes empresas funcionaran con las pautas financieras que gobiernan los sistemas educativos, cundiría el pánico en Wall Street (y en el mundo entero) en muy pocas horas. La necesidad de una adecuada gestión financiera de los recursos económicos aplicados a la educación es posiblemente hoy más fuerte que en el pasado. La gestión de los recursos económicos no puede seguir siendo tan deficiente y artesanal como hasta el presente. Pasada la edad dorada de las inversiones públicas en educación, cada día resulta más obvio que las políticas en el ramo, a la hora de asignar recursos, tienen que competir con las demás políticas sociales, en especial con las que detraen financiamiento para satisfacer necesidades como salud y viviendas. Por otra parte, no siempre más recursos en educación suponen la eficiencia.
Hay que garantizar el buen uso de los recursos, por lo que es preciso acudir a técnicas de supervisión del gasto y hay que ser responsables de éste; hay que introducir en los sistemas educativos la rendición de cuentas. Los ministerios responsables de los recursos públicos serán más sensibles a las demandas de los ministros de educación cuanto más eficientes sean éstos en la gestión de los recursos económicos.
(romagrau19@hotmail.com)
Las reformas educativas promovidas en nuestro país y en el resto de la América Latina, no siempre han atendido suficientemente al factor administrativo. Ahora bien, no se trata de ampliar sin más las organizaciones administrativas, ni de introducir técnicas sofisticadas -mayor complejidad administrativa no es sinónimo de eficiencia-, sino de aportar una mayor racionalidad a las organizaciones evitando las disfunciones orgánicas, la duplicidad de aparatos, la superposición de ámbitos competenciales y, en definitiva, el exceso de burocracia. Tampoco se trata de identificar gestión de la educación con gestión empresarial, omitiendo la especificidad de las instituciones educativas y el lugar central que debe ocupar siempre el proceso escolar.
Muchos de los países del área, al igual que el nuestro, están inmersos en procesos importantes de descentralización. La descentralización, sea administrativa o política o reúna ambas características, refuerza la gobernabilidad de los sistemas educativos desde el punto de vista de la eficiencia, no sólo porque descongestiona los ministerios de Educación, agobiados por innumerables problemas, permitiéndoles atender a las cuestiones verdaderamente importantes que afectan a la generalidad de la nación, sino también porque facilita la gestión de los asuntos al entregarlos a poderes locales que, por su proximidad, pueden conocerlos y resolverlos mejor y con más prontitud. Todo ello con independencia de los lazos evidentes, que unen los términos descentralización y participación de los que nos ocuparemos después. La eficiencia en la gestión de la educación reclama una mayor atención a la cualificación del personal propio de administración, en especial a la formación de administradores de la educación (que debe tener un tratamiento específico y no una pura adaptación de las técnicas propias de la empresa privada). Implica además no menospreciar los problemas propios de la gestión, atender a la planificación educativa e implantar un sistema de evaluación de la misma organización administrativa. Una administración de la educación, en el marco de un régimen democrático, debe contar, igualmente, con funcionarios permanentes; es decir, con administradores profesionales no sometidos a los vaivenes de los legítimos cambios de gobierno.
Especial consideración merece la gestión de los recursos humanos. El personal docente no debe ver en los ministerios de Educación a sus "enemigos potenciales", sino a los proveedores de recursos, apoyos y políticas. Las grandes exigencias que la sociedad presenta hoy a nuestros docentes, no pueden cumplirse sin una política firme y sostenida de apoyo permanente por parte de los poderes públicos. Ello supone revisar las políticas de formación docente, y con ellas los de las mismas escuelas de formación de este profesional de la educación, sin descuidar por ello la promoción de auténticas políticas de perfeccionamiento o formación continua de los docentes.
Las políticas de formación y perfeccionamiento no bastan. Exigen ser completadas por una política dirigida a la profesionalización de los docentes. Elementos imprescindibles de esta política son la dignificación de los salarios -hoy erosionados hasta límites imposibles en muchos países- y la mejora de las condiciones laborales. La conjunción de todas estas políticas logrará la formación de un magisterio consciente de su nuevo papel, no sólo transmisor de conocimientos, sino sujeto activo de las reformas educativas, animador del proceso de enseñanza-aprendizaje e innovador en su propia aula. Mejorar la calidad de la gestión de los recursos financieros es un presupuesto necesario de la eficiencia de los sistemas educativos.
Hace ya algunos años que un notable especialista de la educación señaló que si las grandes empresas funcionaran con las pautas financieras que gobiernan los sistemas educativos, cundiría el pánico en Wall Street (y en el mundo entero) en muy pocas horas. La necesidad de una adecuada gestión financiera de los recursos económicos aplicados a la educación es posiblemente hoy más fuerte que en el pasado. La gestión de los recursos económicos no puede seguir siendo tan deficiente y artesanal como hasta el presente. Pasada la edad dorada de las inversiones públicas en educación, cada día resulta más obvio que las políticas en el ramo, a la hora de asignar recursos, tienen que competir con las demás políticas sociales, en especial con las que detraen financiamiento para satisfacer necesidades como salud y viviendas. Por otra parte, no siempre más recursos en educación suponen la eficiencia.
Hay que garantizar el buen uso de los recursos, por lo que es preciso acudir a técnicas de supervisión del gasto y hay que ser responsables de éste; hay que introducir en los sistemas educativos la rendición de cuentas. Los ministerios responsables de los recursos públicos serán más sensibles a las demandas de los ministros de educación cuanto más eficientes sean éstos en la gestión de los recursos económicos.
(romagrau19@hotmail.com)
