Ejemplo de Corte Suprema
La enorme presión que generaron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, hicieron que el gobierno de Estados Unidos tomara un curso de acción, fundado en la creencia de que los nuevos enemigos y modalidad de los ataques, justificaban una nueva era en la lucha contra el terrorismo, en la que los derechos humanos se convertían en una especie de "tratos viejos" que no podían ni debían ser respetados. Así, en enero del 2002, el presidente Bush y altos funcionarios del gobierno, comenzaron a actuar, expidiendo instrucciones y emitiendo nuevas reglas, basadas en que a prisioneros de guerra talibanes y a miembros de la red internacional Al Qaeda no les era aplicable la protección acordada en la Convención de Ginebra de 1949, porque ni unos ni otros eran signatarios de tratados internacionales.
El furor de la lucha contra el terrorismo se desvió así, sin entenderlo muy bien, en violaciones al respeto de los derechos humanos. Ocurrieron entonces, como un aldabonazo, los vergonzosos hechos en la prisión de Abu-Ghraib.
El curso correctivo había comenzado ya en el 2004, con el fallo Rasul versus Bush, en el que la Corte Suprema advirtió a la administración Bush, que los tribunales norteamericanos tienen autoridad para dictaminar sobre la legalidad de la detención de los prisioneros que se encontraban en Guantánamo. El 29 de junio pasado, en el caso Hamdan versus Rumsfeld, la Corte volvió a insistir en el imperio del derecho y determinó que los tribunales especiales para juzgar a los terroristas eran inconstitucionales, ya que los Estados Unidos están obligados a respetar la Convención de Ginebra independientemente de donde se encuentren sus tropas o prisiones.
El viernes pasado, un memo circulado por el Pentágono afirmó que, en acatamiento a los dictados de la Corte Suprema, la orden presidencial emitida en el 2002 no está vigente, en lo relativo a que a los talibanes y miembros de Al Qaueda no gozan de protección bajo la Convención de Ginebra y urgió a todas las autoridades a asegurar que los procedimientos, prácticas y actuaciones cumplan con lo dispuesto en dicha convención internacional. Esto es lo que hace grande a la democracia norteamericana y que debe ser ejemplo para todas las naciones: los tribunales de justicia tienen la capacidad de limitar y contradecir las actuaciones de las autoridades e imponer la defensa de los derechos de las personas sobre cualquier criterio basado en la conveniencia política.
