Ejemplo electoral de Corea
Corea del Sur viene luchando desde hace años contra el germen de la corrupción, que permea todas las esferas, incluyendo la pública y privada. Y es que, pese a los tremendos avances tecnológicos que impulsan el auge de su economía, sabe perfectamente que los frutos serían mayores y mejores sin corrupción. Los fraudes y sobornos son parte rutinaria de la forma de hacer negocios. Y lo mismo pasa con los trámites y ventas al gobierno.
Para combatirla, se ha reforzado el aparato judicial y sus leyes, procurando seguir el modelo norteamericano. La idea es dotar al sistema de una institución judicial capaz de enviar a la cárcel a los delincuentes por igual, tanto a los de camiseta como a los de cuello blanco. Y lo está logrando paulatinamente, no sin traumas y tropiezos.
Para ilustrar la interesante evolución que en ese aspecto está teniendo ese país, debemos observar el hecho insólito ocurrido la semana pasada. El Parlamento decidió suspender del cargo al primer ministro Roh Moo Jun, acusándolo de violar la ley electoral, esto es, usar recursos del Estado para favorecer a políticos oficialistas. Cierto que Moo ha negado los cargos, pero también ha pedido disculpas a su pueblo por el trauma político que, sin querer, está ocasionando a su país.
Por el momento, el suspendido mandatario ha recurrido la decisión de suspenderlo ante el Tribunal Constitucional, quien deberá decidir en 180 días, no en años como aquí ocurre con los juicios de repercusión política. Y aunque es poco probable que Moo pierda definitivamente la presidencia, lo ocurrido es un ejemplo para el resto de los ciudadanos, que deberán entender que nadie, ni siquiera el jefe supremo del Estado está por encima de la ley y sus jueces.
En Panamá, urge traer el mismo concepto. La corrupción, se ha dicho, es un impuesto que pagan los más pobres y que afecta adversamente la competitividad del país y su capacidad para generar empleos y crear riqueza. Y la única forma de combatirla, a más de la creación de conciencia ciudadana, es estructurar un sistema judicial capaz de combatirla en forma ejemplarizante. Pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que el brazo de la justicia alcance a todos, sin privilegios, ni excepciones, sin inmunidades, ni temor reverencial, ni coronas.
Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial quieren darle corte final al caso CEMIS y todos los cabos parecen atados, pero el pueblo no lo cerrará ni mucho menos olvidará.
Todo lo expuesto puede denominarse desvergüenza, descaro, insolencia, o guerra sucia. Usted escoja, caro lector. Es evidente que muchos politiqueros andan asustados de que el nuevo presidente decida combatir sin cuartel la corrupción y esté dispuesto a convocar a una Constituyente como uno de los primeros pasos de esa batalla.
Ahora bien, para muchos todo lo antedicho es guerra sucia, para mí sería luchar por los más altos intereses de la nación. Panamá y su pueblo son lo que cuenta, la partidocracia que se jo...robe. ¿O no?
Para combatirla, se ha reforzado el aparato judicial y sus leyes, procurando seguir el modelo norteamericano. La idea es dotar al sistema de una institución judicial capaz de enviar a la cárcel a los delincuentes por igual, tanto a los de camiseta como a los de cuello blanco. Y lo está logrando paulatinamente, no sin traumas y tropiezos.
Para ilustrar la interesante evolución que en ese aspecto está teniendo ese país, debemos observar el hecho insólito ocurrido la semana pasada. El Parlamento decidió suspender del cargo al primer ministro Roh Moo Jun, acusándolo de violar la ley electoral, esto es, usar recursos del Estado para favorecer a políticos oficialistas. Cierto que Moo ha negado los cargos, pero también ha pedido disculpas a su pueblo por el trauma político que, sin querer, está ocasionando a su país.
Por el momento, el suspendido mandatario ha recurrido la decisión de suspenderlo ante el Tribunal Constitucional, quien deberá decidir en 180 días, no en años como aquí ocurre con los juicios de repercusión política. Y aunque es poco probable que Moo pierda definitivamente la presidencia, lo ocurrido es un ejemplo para el resto de los ciudadanos, que deberán entender que nadie, ni siquiera el jefe supremo del Estado está por encima de la ley y sus jueces.
En Panamá, urge traer el mismo concepto. La corrupción, se ha dicho, es un impuesto que pagan los más pobres y que afecta adversamente la competitividad del país y su capacidad para generar empleos y crear riqueza. Y la única forma de combatirla, a más de la creación de conciencia ciudadana, es estructurar un sistema judicial capaz de combatirla en forma ejemplarizante. Pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que el brazo de la justicia alcance a todos, sin privilegios, ni excepciones, sin inmunidades, ni temor reverencial, ni coronas.
Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial quieren darle corte final al caso CEMIS y todos los cabos parecen atados, pero el pueblo no lo cerrará ni mucho menos olvidará.
Todo lo expuesto puede denominarse desvergüenza, descaro, insolencia, o guerra sucia. Usted escoja, caro lector. Es evidente que muchos politiqueros andan asustados de que el nuevo presidente decida combatir sin cuartel la corrupción y esté dispuesto a convocar a una Constituyente como uno de los primeros pasos de esa batalla.
Ahora bien, para muchos todo lo antedicho es guerra sucia, para mí sería luchar por los más altos intereses de la nación. Panamá y su pueblo son lo que cuenta, la partidocracia que se jo...robe. ¿O no?
