Ejército sin nombre
P anamá proscribió el ejército en 1994, con el concurso del gobierno de la ADO Civilista, en primera instancia, y del PRD en la segunda aprobación de la Reforma Constitucional. La desmilitarización fue decisión de consenso nacional.
Las salvaguardas para temas como el de las amenazas fronterizas están adecuadamente previstas. Sin embargo, parece que el militarismo se nos ha colado de nuevo, pero por la puerta trasera. Tanto el Ministro como el Viceministro de Gobierno y Justicia son militares de carrera. Igual los directores de Seguridad Institucional, de Migración y del SPI. Con la renuncia del Director de la Policía Nacional se ha encargado de la dirección a un uniformado por primera vez desde la reforma de 1994. Esto dará pie a cuestionamientos sobre la legalidad del hecho, ya que se podrían estar violando normas del Código Administrativo -no se puede abandonar un puesto sin que haya llegado su reemplazo- y de la Ley Orgánica de la Policía que señala que la Dirección debe ser ocupada por un civil y no por un uniformado encargado por falta permanente del titular.
No obstante, la evidencia más contundente de que se ha completado un proceso de remilitarización de la Seguridad Pública se basaría en las recientes declaraciones del Secretario de Defensa de Estados Unidos, quien señaló -para justificar un paquete de ayuda militar a Panamá- que la Fuerza Pública panameña es un ejército pero sin el nombre.
Nuestra Constitución es clara: la República de Panamá no tendrá ejército. Y si los gobernantes piensan que esa realidad debe ser cambiada, pues tienen que tener la valentía de plantearlo al país y someter su propuesta a referéndum. Guardar silencio ante esa maniobra funesta no tiene nombre.
