El agua en Inglaterra
Vale la pena pasar revista de los avances en la prestación de servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas servidas en otras latitudes, para ver si en Panamá continuamos manteniendo el status quo o nos aventuramos a probar otros regímenes y así buscar mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, en Inglaterra existe todo tipo de esquemas para la prestación de estos servicios: en Gales estuvo en manos de la empresa privada por más de una década y ahora fue adquirida por una organización sin fines de lucro organizada por inversionistas locales; en Escocia está totalmente nacionalizada; y en Irlanda del Norte en manos de un departamento gubernamental.
La experiencia acumulada allá indica que el sector privado ha podido mantener precios más bajos y servicios de mejor calidad en aquellos lugares en donde el gobierno no ha intervenido más que como regulador. Después que en Gales en 1989 se privatizó el servicio, las tarifas subieron; sin embargo, las recaudaciones fueron utilizadas por la empresa operadora para modernizar la red decrépita y desordenada que había recibido en la privatización. Luego, las tarifas bajaron y hoy nadie se queja de ellas.
Sin embargo, en Escocia, donde en 1994 los escoceses votaron 97% a favor de mantener el régimen estatal y donde entonces las tarifas eran 70% más bajas que en Gales, la experiencia ha sido la opuesta. Durante la última década las cuentas de los usuarios han subido un 94% en Escocia, mientras que tan sólo 22% en Gales. Además, se ha comprobado que los escoceses reciben peor agua, producen más contaminación y las pérdidas del sistema son mayores. Según algunos en Inglaterra, “el agua privada le gana a la pública en todos los rubros”, menor precio y mejor calidad.
En Panamá se adoptó un régimen jurídico para el servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas servidas que pretendía abrir el compás para permitir al sector privado participar en la prestación de estos servicios, habida cuenta del pésimo trabajo que presta (en donde llega) el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Por razones principalmente demagógicas, nadie se ha atrevido a permitir mayor participación de las empresas privadas. Por ello, aquí el agua continúa empeorando, nuestros ríos y playas se contaminan con aguas servidas y las reservas se desgastan.
“Todos los títeres de este drama están quedando sin cabeza. Incluso el pobre profesor fallecido, a quienes los funcionarios oficiales reprochan haber suministrado informaciones a la prensa, y la prensa le critica que no hubiera tenido el arrojo de denunciar en el Parlamento todo cuanto sabía sobre las patrañas en pro de la guerra”.
“El torbellino de emociones, indignación y enfrentamientos no debe ocultar una verdad cada vez más sólida: la guerra de Irak y la ruptura del sistema jurídico internacional se basaron en exageraciones y mentiras sobre el supuesto poder de Sadam Hussein”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
La experiencia acumulada allá indica que el sector privado ha podido mantener precios más bajos y servicios de mejor calidad en aquellos lugares en donde el gobierno no ha intervenido más que como regulador. Después que en Gales en 1989 se privatizó el servicio, las tarifas subieron; sin embargo, las recaudaciones fueron utilizadas por la empresa operadora para modernizar la red decrépita y desordenada que había recibido en la privatización. Luego, las tarifas bajaron y hoy nadie se queja de ellas.
Sin embargo, en Escocia, donde en 1994 los escoceses votaron 97% a favor de mantener el régimen estatal y donde entonces las tarifas eran 70% más bajas que en Gales, la experiencia ha sido la opuesta. Durante la última década las cuentas de los usuarios han subido un 94% en Escocia, mientras que tan sólo 22% en Gales. Además, se ha comprobado que los escoceses reciben peor agua, producen más contaminación y las pérdidas del sistema son mayores. Según algunos en Inglaterra, “el agua privada le gana a la pública en todos los rubros”, menor precio y mejor calidad.
En Panamá se adoptó un régimen jurídico para el servicio de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas servidas que pretendía abrir el compás para permitir al sector privado participar en la prestación de estos servicios, habida cuenta del pésimo trabajo que presta (en donde llega) el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Por razones principalmente demagógicas, nadie se ha atrevido a permitir mayor participación de las empresas privadas. Por ello, aquí el agua continúa empeorando, nuestros ríos y playas se contaminan con aguas servidas y las reservas se desgastan.
“Todos los títeres de este drama están quedando sin cabeza. Incluso el pobre profesor fallecido, a quienes los funcionarios oficiales reprochan haber suministrado informaciones a la prensa, y la prensa le critica que no hubiera tenido el arrojo de denunciar en el Parlamento todo cuanto sabía sobre las patrañas en pro de la guerra”.
“El torbellino de emociones, indignación y enfrentamientos no debe ocultar una verdad cada vez más sólida: la guerra de Irak y la ruptura del sistema jurídico internacional se basaron en exageraciones y mentiras sobre el supuesto poder de Sadam Hussein”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
