El aguijón en los privilegios
Los miembros de una sociedad democrática se conciben como personas libres e iguales ante la Constitución Política y la Ley, lo cual significa que nadie debería gozar de ninguna ventaja ante las demás personas y que la libertad de un individuo solo podría ser limitada por la normativa superior y la ordinaria.
El camino democrático debe conducir derechamente a la igualdad de oportunidades, de derechos y deberes de todos los asociados. Por ello, considero que los privilegios son contrarios al sistema aludido, porque es como la ratificación legal de la desigualdad. Lamentablemente, gobernantes, servidores públicos y algunos sectores empresariales se resisten a la renuncia de estos, sin tomar en cuenta la razón pública, entendida esta como la característica de un pueblo democrático por la razón de sus ciudadanos, cuyo objeto de su razón es el bien público o aquello que el concepto político de la justicia exige a la estructura institucional básica de nuestra sociedad. Tomando en consideración esta tesis, una prerrogativa podría ser legal, pero no legítima porque difícilmente tendría el beneplácito o la aprobación del pueblo.
Erwin Griswold, quien fue decano de la Facultad de Derecho de Harvard y posteriormente Procurador General de los Estados Unidos, expresó: "Rasgo esencial del derecho es que se aplique igualmente a todos, que a todos obligue por igual, independientemente de los motivos personales".
El derecho es una función social arraigada intensamente en el espíritu de los hombres, que se articula directamente con la equidad, cuyos principios básicos son la igualdad e imparcialidad. En ese proceso participan los miembros de la sociedad y los que hacen de la vida jurídica su profesión, en el cual las orientaciones de la razón pública tienen el mismo fundamento que los principios substantivos de la justicia.
Locke manifestó: "La opinión pública es una ley que junto con la ley divina y la ley civil, norma el comportamiento de los hombres".
Este gran pensador del Siglo XVII seguramente se refería a la opinión pública pura y natural, esa que se engendra y sale de las profundidades de la conciencia del pueblo, sin manipulación de ninguna índole. Opinión que se convierte con el tiempo en razón pública que debe ser atendida y tomada en cuenta por quienes tienen la gran responsabilidad de legislar, porque se trata de un consenso espontáneo, voluntario y acordado por derecho propio por los integrantes de la colectividad.
La razón pública está en contra de los privilegios, por consiguiente, ni los funcionarios públicos ni persona alguna deberían tenerlos porque, según mi pensamiento, ello sería ilegítimo o contrario a la voluntad popular que está por encima de todas las voluntades individuales y terrenales.
La ciudadanía en general debería oponerse a estas prácticas perniciosas y exigir su abolición, porque son resabios de los regímenes totalitarios que avasallaron, ultrajaron y esclavizaron a sus súbditos, porque nunca creyeron en los derechos humanos.
En el último discurso que pronunció en Caracas, agradeció a Dios por permitirle servir a su patria en la recuperación de su bien más preciado: el Canal, lo que le había representado un honor y una satisfacción. Luis Anderson falleció en noviembre de 2003. Como previendo su desenlace, solicitó ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas del Canal, a quien dedicó los mejores años de su vida.
(*)La autora es la viuda de Luis Anderson y Presidenta de la Fundación Luis Anderson.
El camino democrático debe conducir derechamente a la igualdad de oportunidades, de derechos y deberes de todos los asociados. Por ello, considero que los privilegios son contrarios al sistema aludido, porque es como la ratificación legal de la desigualdad. Lamentablemente, gobernantes, servidores públicos y algunos sectores empresariales se resisten a la renuncia de estos, sin tomar en cuenta la razón pública, entendida esta como la característica de un pueblo democrático por la razón de sus ciudadanos, cuyo objeto de su razón es el bien público o aquello que el concepto político de la justicia exige a la estructura institucional básica de nuestra sociedad. Tomando en consideración esta tesis, una prerrogativa podría ser legal, pero no legítima porque difícilmente tendría el beneplácito o la aprobación del pueblo.
Erwin Griswold, quien fue decano de la Facultad de Derecho de Harvard y posteriormente Procurador General de los Estados Unidos, expresó: "Rasgo esencial del derecho es que se aplique igualmente a todos, que a todos obligue por igual, independientemente de los motivos personales".
El derecho es una función social arraigada intensamente en el espíritu de los hombres, que se articula directamente con la equidad, cuyos principios básicos son la igualdad e imparcialidad. En ese proceso participan los miembros de la sociedad y los que hacen de la vida jurídica su profesión, en el cual las orientaciones de la razón pública tienen el mismo fundamento que los principios substantivos de la justicia.
Locke manifestó: "La opinión pública es una ley que junto con la ley divina y la ley civil, norma el comportamiento de los hombres".
Este gran pensador del Siglo XVII seguramente se refería a la opinión pública pura y natural, esa que se engendra y sale de las profundidades de la conciencia del pueblo, sin manipulación de ninguna índole. Opinión que se convierte con el tiempo en razón pública que debe ser atendida y tomada en cuenta por quienes tienen la gran responsabilidad de legislar, porque se trata de un consenso espontáneo, voluntario y acordado por derecho propio por los integrantes de la colectividad.
La razón pública está en contra de los privilegios, por consiguiente, ni los funcionarios públicos ni persona alguna deberían tenerlos porque, según mi pensamiento, ello sería ilegítimo o contrario a la voluntad popular que está por encima de todas las voluntades individuales y terrenales.
La ciudadanía en general debería oponerse a estas prácticas perniciosas y exigir su abolición, porque son resabios de los regímenes totalitarios que avasallaron, ultrajaron y esclavizaron a sus súbditos, porque nunca creyeron en los derechos humanos.
En el último discurso que pronunció en Caracas, agradeció a Dios por permitirle servir a su patria en la recuperación de su bien más preciado: el Canal, lo que le había representado un honor y una satisfacción. Luis Anderson falleció en noviembre de 2003. Como previendo su desenlace, solicitó ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas del Canal, a quien dedicó los mejores años de su vida.
(*)La autora es la viuda de Luis Anderson y Presidenta de la Fundación Luis Anderson.
