El alto costo de la vivienda
Con cierta frecuencia escuchamos preocupación por el alto costo de la vivienda, una inquietud justificada dado que las familias de bajos ingresos confrontan grandes dificultades en adquirir su casa o apartamento y, como bien decía el psicólogo suizo Carl Jung, "ser dueño de tierra es psicológicamente importante y no tiene sustituto..."
Contrario a la creencia popular, la burocracia gubernamental -mucho más que la avaricia de terratenientes y constructores- es la gran enemiga de que la gente pobre tenga techo propio. En América Latina, los pobres viven en villas miserias, en terrenos pertenecientes a la nación, mientras que varias generaciones de gobernantes no han hecho nada por traspasar esas propiedades a los ocupantes, lo que bien podría hacerse a precios nominales, extendiendo créditos a largo plazo. Así, de un plumazo, decenas de millones de ciudadanos se convertirían de la noche a la mañana en propietarios de su ranchito o "favela". Al nuevo propietario se le abren entonces infinitas posibilidades: puede mejorar la calidad de su vivienda -sabiendo que las mejoras las gozará su familia- y hasta puede pedir prestado, con la garantía de su nueva propiedad, para comenzar algún negocio propio.
Pocos gobernantes han hecho más por los pobres de su país que la Sra. Thatcher y quizás por eso mismo es tan odiada por los socialistas. Al comienzo de su mandato confrontó el problema que los alquileres que la gente pagaba en las viviendas gubernamentales no cubrían ni siquiera los gastos de mantenimiento. Como sucede en todas partes, esas viviendas comunales se deterioran rápidamente, atraen a delincuentes y los inquilinos viven eternamente descontentos. La Sra. Thatcher tuvo la brillante idea de venderlas a los inquilinos a precios módicos. Eso resultó en un ahorro considerable para el gobierno y la mejora automática de la calidad de vida y del ambiente en los barrios pobres de Gran Bretaña. Gente que jamás había tenido incentivo alguno para cuidar el edificio donde vivía, se convirtió de la noche a la mañana en severos guardianes de su propiedad.
Las ciudades de Estados Unidos donde la vivienda es más cara y escasa son aquellas como Nueva York y San Francisco donde la mano peluda del gobierno ha desplazado a la mano invisible del mercado imponiendo control de alquileres. La explicación es muy sencilla: la gente actúa racionalmente. Cuando los hijos se van, los padres generalmente buscan una vivienda más pequeña. Pero si gozan desde hace años de un alquiler fijado por las autoridades, se quedarán allí por el resto de sus vidas. Y toda nueva construcción será de viviendas de lujo, no reguladas. Eso destruyó a barrios inmensos como el Bronx, donde a lo largo de décadas los propietarios abandonaban sus edificios porque sus ingresos no cubrían el costo del mantenimiento.
222...la burocracia gubernamental -mucho más que la avaricia de terratenientes y constructores- es la gran enemiga de que la gente pobre tenga techo propio.
Aquí en la Florida, la explosión de requisitos y permisos para la construcción de vivienda ha disparado su costo. Latinoamericanos amigos que tenían empresas de construcción en sus países de origen me cuentan que en Miami sufren los mismos males y que la "permisología" es aquí tan absurda, lenta y costosa como la que antes confrontaban en su patria.
Los políticos suelen creer que cada nueva regulación o licencia que inventan va a beneficiar al público. Lo que invariablemente sucede es que aumenta el precio que el consumidor tiene que pagar por el mismo producto o servicio. Donde aumenta la intervención estatal aumentan más los precios. La vivienda y la medicina son los sectores donde más han metido la mano los políticos y donde los precios aumentan considerablemente por encima de la inflación.
En la vivienda, como en casi todo lo que nos rodea, cuando la libre oferta y demanda es intervenida por la fuerza estatal, salimos perjudicados. La oferta de terrenos en el sur de la Florida ha sido drásticamente restringida por zonificaciones y la designación de inmensas áreas en beneficio de caimanes, culebras y demás alimañas que viven en los pantanos. Pero esa es otra historia.
* Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c) www.aipenet.com
Cada recinto va a gozar de una exclusividad que estará determinada por la condición del privado de libertad, buscando evitar el hacinamiento que en la actualidad existe.
En cada centro penitenciario existirán los sistemas de máxima, mediana, mínima seguridad y de confianza. Se entenderá como sistema de alta seguridad, el destinado a privados de libertad de alto grado de peligrosidad. De mediana seguridad para los que presenten un grado medio de peligrosidad e inadaptación. De mínima seguridad para los que hayan demostrado no ser peligrosos y no presenten problemas de desajustes.
El régimen de confianza está dirigido a los privados de libertad que hayan demostrado un alto grado de responsabilidad y adaptabilidad.
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honorem.
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual servirá como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en materias legal, criminológica y penitenciaria, organizará y orientará la admisión, clasificación y ubicación de los privados de la libertad.
Este ente colegiado velará por el cumplimiento a cabalidad del tratamiento integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social, evitando y superando la prisionalización del privado de libertad.
Se crea la Carrera Penitenciaria, que estará bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Gobierno y Justicia. En este sentido se instituirá una clasificación de cargos penitenciarios, la cual servirá de base para todo lo concerniente a la selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de carrera. Esta clasificación se hará tomando en consideración las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.
La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá organizar programas de capacitación Ciencias Sociales y penitenciarios para todos los funcionarios del Sistema Penitenciario, antes de iniciar sus servicios y, periódicamente, para el personal ya nombrado o contratado, que se desarrollarán a través de la Escuela de Formación Penitenciaria. Estos programas deben dirigirse, con mayor énfasis, al personal de vigilancia, de custodia y de tratamiento.
Aunque Tsimogianis reconoce la difícil situación económica del país, considera que el problema penitenciario puede resolverse con mucha creatividad y capacidad de hacer cosas nuevas en lugares viejos, contrario a lo que ha funcionado hasta ahora, donde se han hecho las mismas cosas viejas en lugares nuevos.
A su juicio en nada resolvería tener los 65 millones de balboas, si el Sistema continúa con una ley que data del año 1941, que tiene 60 años de atraso, y con una administración penitenciaria sin supervisión ni vigilancia, inmune e impune ante todo tipo de acciones.
Por ello consideró que su sanción, aun sin definirse con qué presupuesto se va a ejecutar, es necesaria y de lograrse sería positivo para el país, pues el cambio hay que empezarlo de algún modo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
Contrario a la creencia popular, la burocracia gubernamental -mucho más que la avaricia de terratenientes y constructores- es la gran enemiga de que la gente pobre tenga techo propio. En América Latina, los pobres viven en villas miserias, en terrenos pertenecientes a la nación, mientras que varias generaciones de gobernantes no han hecho nada por traspasar esas propiedades a los ocupantes, lo que bien podría hacerse a precios nominales, extendiendo créditos a largo plazo. Así, de un plumazo, decenas de millones de ciudadanos se convertirían de la noche a la mañana en propietarios de su ranchito o "favela". Al nuevo propietario se le abren entonces infinitas posibilidades: puede mejorar la calidad de su vivienda -sabiendo que las mejoras las gozará su familia- y hasta puede pedir prestado, con la garantía de su nueva propiedad, para comenzar algún negocio propio.
Pocos gobernantes han hecho más por los pobres de su país que la Sra. Thatcher y quizás por eso mismo es tan odiada por los socialistas. Al comienzo de su mandato confrontó el problema que los alquileres que la gente pagaba en las viviendas gubernamentales no cubrían ni siquiera los gastos de mantenimiento. Como sucede en todas partes, esas viviendas comunales se deterioran rápidamente, atraen a delincuentes y los inquilinos viven eternamente descontentos. La Sra. Thatcher tuvo la brillante idea de venderlas a los inquilinos a precios módicos. Eso resultó en un ahorro considerable para el gobierno y la mejora automática de la calidad de vida y del ambiente en los barrios pobres de Gran Bretaña. Gente que jamás había tenido incentivo alguno para cuidar el edificio donde vivía, se convirtió de la noche a la mañana en severos guardianes de su propiedad.
Las ciudades de Estados Unidos donde la vivienda es más cara y escasa son aquellas como Nueva York y San Francisco donde la mano peluda del gobierno ha desplazado a la mano invisible del mercado imponiendo control de alquileres. La explicación es muy sencilla: la gente actúa racionalmente. Cuando los hijos se van, los padres generalmente buscan una vivienda más pequeña. Pero si gozan desde hace años de un alquiler fijado por las autoridades, se quedarán allí por el resto de sus vidas. Y toda nueva construcción será de viviendas de lujo, no reguladas. Eso destruyó a barrios inmensos como el Bronx, donde a lo largo de décadas los propietarios abandonaban sus edificios porque sus ingresos no cubrían el costo del mantenimiento.
222...la burocracia gubernamental -mucho más que la avaricia de terratenientes y constructores- es la gran enemiga de que la gente pobre tenga techo propio.
Aquí en la Florida, la explosión de requisitos y permisos para la construcción de vivienda ha disparado su costo. Latinoamericanos amigos que tenían empresas de construcción en sus países de origen me cuentan que en Miami sufren los mismos males y que la "permisología" es aquí tan absurda, lenta y costosa como la que antes confrontaban en su patria.
Los políticos suelen creer que cada nueva regulación o licencia que inventan va a beneficiar al público. Lo que invariablemente sucede es que aumenta el precio que el consumidor tiene que pagar por el mismo producto o servicio. Donde aumenta la intervención estatal aumentan más los precios. La vivienda y la medicina son los sectores donde más han metido la mano los políticos y donde los precios aumentan considerablemente por encima de la inflación.
En la vivienda, como en casi todo lo que nos rodea, cuando la libre oferta y demanda es intervenida por la fuerza estatal, salimos perjudicados. La oferta de terrenos en el sur de la Florida ha sido drásticamente restringida por zonificaciones y la designación de inmensas áreas en beneficio de caimanes, culebras y demás alimañas que viven en los pantanos. Pero esa es otra historia.
* Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c) www.aipenet.com
Centro de detención preventiva: es una custodia provisional para los sujetos sometidos a esta medida. Esta no puede exceder de seis meses.
Centros especializados: se establecerán para faltas administrativas, que será para los sancionados por las autoridades de corrección: jueces de policía, nocturnos y corregidores.
Centros de tratamientos: allí se destinan los sancionados con penas privativas de libertad.
Centros de reinserción social: cuyo objetivo es darle seguimiento y asistencia a los privados de libertad, que son favorecidos con permisos de salida especial.
Cada recinto va a gozar de una exclusividad que estará determinada por la condición del privado de libertad, buscando evitar el hacinamiento que en la actualidad existe.
En cada centro penitenciario existirán los sistemas de máxima, mediana, mínima seguridad y de confianza. Se entenderá como sistema de alta seguridad, el destinado a privados de libertad de alto grado de peligrosidad. De mediana seguridad para los que presenten un grado medio de peligrosidad e inadaptación. De mínima seguridad para los que hayan demostrado no ser peligrosos y no presenten problemas de desajustes.
El régimen de confianza está dirigido a los privados de libertad que hayan demostrado un alto grado de responsabilidad y adaptabilidad.
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honorem.
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual servirá como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en materias legal, criminológica y penitenciaria, organizará y orientará la admisión, clasificación y ubicación de los privados de la libertad.
Este ente colegiado velará por el cumplimiento a cabalidad del tratamiento integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social, evitando y superando la prisionalización del privado de libertad.
Se crea la Carrera Penitenciaria, que estará bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Gobierno y Justicia. En este sentido se instituirá una clasificación de cargos penitenciarios, la cual servirá de base para todo lo concerniente a la selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de carrera. Esta clasificación se hará tomando en consideración las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.
La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá organizar programas de capacitación Ciencias Sociales y penitenciarios para todos los funcionarios del Sistema Penitenciario, antes de iniciar sus servicios y, periódicamente, para el personal ya nombrado o contratado, que se desarrollarán a través de la Escuela de Formación Penitenciaria. Estos programas deben dirigirse, con mayor énfasis, al personal de vigilancia, de custodia y de tratamiento.
Aunque Tsimogianis reconoce la difícil situación económica del país, considera que el problema penitenciario puede resolverse con mucha creatividad y capacidad de hacer cosas nuevas en lugares viejos, contrario a lo que ha funcionado hasta ahora, donde se han hecho las mismas cosas viejas en lugares nuevos.
A su juicio en nada resolvería tener los 65 millones de balboas, si el Sistema continúa con una ley que data del año 1941, que tiene 60 años de atraso, y con una administración penitenciaria sin supervisión ni vigilancia, inmune e impune ante todo tipo de acciones.
Por ello consideró que su sanción, aun sin definirse con qué presupuesto se va a ejecutar, es necesaria y de lograrse sería positivo para el país, pues el cambio hay que empezarlo de algún modo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
