El año de la opinión pública
EL HECHO DE que la opinión pública haya probado ser un fenómeno central en la experiencia de la democracia, no mejora su terrible ambigüedad.
La opinión pública es por definición una expresión de la vida pública, lo que significa que una vida pública en la que los individuos se comportan libremente y de acuerdo a valores humanísticos produce una riqueza de reflexiones y puntos de vista que se comparten con una amplia masa de individuos motivados que llamamos "el público", heredero finisecular del término "pueblo" del siglo XVIII. En ese sentido, la discusión y el desacuerdo sobre los asuntos públicos no son sino momentos de un consenso más general sobre lo que es la vida civilizada.
La demanda del público por ciertas ideas, la manera en que la gente las utiliza y las acota, es lo que llamamos la fuerza de las ideas, los propósitos que se convierten en guías y metas de una sociedad. Hasta allí la versión rosa de la opinión pública. ¿Pero qué ocurre? Que no todas las personas tienen el mismo acceso a colocar sus pensamientos en el mercado público de las ideas, y las que lo hacen eficazmente tienen un poder sobre las demás personas. La conciencia de ese poder junto a una actitud instrumental del impacto de la opinión pública lleva fácilmente a convertir el ámbito público en un espacio de manipulación de las opiniones, lo que tiende a menoscabar el diálogo de la razón que proponían los pensadores de la Ilustración.
Así, siempre estará latente en el concepto de opinión pública, no sólo la libre expresión y acuerdo de las ideas, sino también la operación mediante la cual un grupo de poder logra imponer su punto de vista, lo que le ofrece beneficios y ventajas, en detrimento de los pareceres de otros, que podrían ser tanto o más razonables, tanto o más beneficiosos para la colectividad, pero que sufren de la desigualdad social.
Uno de los aspectos más salientes del "socialismo real" del siglo XX fue precisamente su fracasado intento de manipulación de la opinión pública. Como denunció Vaclav Havel, mucho antes de que se fuese probable la "revolución de terciopelo" en Checoeslovaquia, el Estado vivía en una permanente mentira. Se mentía compulsivamente por radio, prensa y televisión, a toda hora y en relación con el detalle más banal de las acciones de gobierno. La misma característica compartieron las dictaduras en América Latina, progresistas o de derecha. Hay que entender que es en ese contexto histórico -el del Estado manipulador y mentiroso- que se afirmó una peculiar cultura de la opinión pública a finales del siglo XX.
La caída del muro de Berlín puede ser analizada desde muchos ángulos, pero uno poco utilizado es que también fue un espectáculo público televisado por cable alrededor del mundo, en el que quien aparecía como sujeto era la gente, esa gente anónima que siempre está allí pero que no figura, esa gente que pone lo muertos cuando hay conflictos violentos, pero que nunca llega a disfrutar de los puestos del poder.
Además de ser un espectáculo público televisado y repetido miles de veces desde entonces, con el público como actor principal, validado en sus acciones y propósitos, vestido con las galas de las acciones heroicas, la caída del muro de Berlín marcó el definitivo comienzo de una era en la que la política se legitima en el espacio abierto a la gente, que ya no es un mero destinatario-receptor de las acciones de gobierno, sino un actor-productor de la política misma.
No es que la política ahora -para que sea buena- deba estar dirigida a beneficiar al pueblo-público. Esa es una idea muy vieja. Lo que ocurre es la política se hace de cara al público, y en el siglo XXI no puede haber alguien tan ingenuo como para pensar que el público se refiere a los que están presentes cuando posas ante ellos. El público hoy es un resultado de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Ambos aspectos han contribuido a que haya recrudecido la versión manipulativa de la opinión pública, pero debemos tener presente su doble dimensión, pues con todos sus riesgos y limitaciones la opinión pública seguirá siendo un mecanismo de legitimación, o deslegitimación, de las autoridades políticas por el futuro previsible.
En el 2006, la opinión pública será el espacio en el que se librará la más cruenta de las batallas de la política panameña. El que cree que esto no es deseable, que recuerde los disturbios en las calles que se escenificaron a propósito de la aprobación de la ley 17. Los gobernantes no sólo tendrán que hacer las cosas bien, sino que tendrán que convencer al público de que las están haciendo bien. Intentar lo primero sin mirar a lo segundo es una torpeza. Dedicarse a lo segundo sin hacer lo primero es suicida, pues la sociedad "no gubernamental" ha mostrado que tiene los recursos para distanciarse de las posiciones oficialistas y generar una crisis de credibilidad que podría ser muy dañina para los proyectos de gobierno, que lógicamente se solapan con los del país.
La firma del TLC con Estados Unidos y la ampliación del Canal son proyectos económicos cruciales para el país; pero para que sean viables, dependen de que el Gobierno tenga una imagen pública robusta. Otra equivocación como la de la Ley 17, en la que se reemplazó la búsqueda del consenso por la propaganda, sería demasiado costosa. Si tomamos en cuenta que todo gobierno tiene su curva de aprendizaje, el de Torrijos podría estar en mejores condiciones que antes para enfrentar estos retos.
La opinión pública es por definición una expresión de la vida pública, lo que significa que una vida pública en la que los individuos se comportan libremente y de acuerdo a valores humanísticos produce una riqueza de reflexiones y puntos de vista que se comparten con una amplia masa de individuos motivados que llamamos "el público", heredero finisecular del término "pueblo" del siglo XVIII. En ese sentido, la discusión y el desacuerdo sobre los asuntos públicos no son sino momentos de un consenso más general sobre lo que es la vida civilizada.
La demanda del público por ciertas ideas, la manera en que la gente las utiliza y las acota, es lo que llamamos la fuerza de las ideas, los propósitos que se convierten en guías y metas de una sociedad. Hasta allí la versión rosa de la opinión pública. ¿Pero qué ocurre? Que no todas las personas tienen el mismo acceso a colocar sus pensamientos en el mercado público de las ideas, y las que lo hacen eficazmente tienen un poder sobre las demás personas. La conciencia de ese poder junto a una actitud instrumental del impacto de la opinión pública lleva fácilmente a convertir el ámbito público en un espacio de manipulación de las opiniones, lo que tiende a menoscabar el diálogo de la razón que proponían los pensadores de la Ilustración.
Así, siempre estará latente en el concepto de opinión pública, no sólo la libre expresión y acuerdo de las ideas, sino también la operación mediante la cual un grupo de poder logra imponer su punto de vista, lo que le ofrece beneficios y ventajas, en detrimento de los pareceres de otros, que podrían ser tanto o más razonables, tanto o más beneficiosos para la colectividad, pero que sufren de la desigualdad social.
Uno de los aspectos más salientes del "socialismo real" del siglo XX fue precisamente su fracasado intento de manipulación de la opinión pública. Como denunció Vaclav Havel, mucho antes de que se fuese probable la "revolución de terciopelo" en Checoeslovaquia, el Estado vivía en una permanente mentira. Se mentía compulsivamente por radio, prensa y televisión, a toda hora y en relación con el detalle más banal de las acciones de gobierno. La misma característica compartieron las dictaduras en América Latina, progresistas o de derecha. Hay que entender que es en ese contexto histórico -el del Estado manipulador y mentiroso- que se afirmó una peculiar cultura de la opinión pública a finales del siglo XX.
La caída del muro de Berlín puede ser analizada desde muchos ángulos, pero uno poco utilizado es que también fue un espectáculo público televisado por cable alrededor del mundo, en el que quien aparecía como sujeto era la gente, esa gente anónima que siempre está allí pero que no figura, esa gente que pone lo muertos cuando hay conflictos violentos, pero que nunca llega a disfrutar de los puestos del poder.
Además de ser un espectáculo público televisado y repetido miles de veces desde entonces, con el público como actor principal, validado en sus acciones y propósitos, vestido con las galas de las acciones heroicas, la caída del muro de Berlín marcó el definitivo comienzo de una era en la que la política se legitima en el espacio abierto a la gente, que ya no es un mero destinatario-receptor de las acciones de gobierno, sino un actor-productor de la política misma.
No es que la política ahora -para que sea buena- deba estar dirigida a beneficiar al pueblo-público. Esa es una idea muy vieja. Lo que ocurre es la política se hace de cara al público, y en el siglo XXI no puede haber alguien tan ingenuo como para pensar que el público se refiere a los que están presentes cuando posas ante ellos. El público hoy es un resultado de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Ambos aspectos han contribuido a que haya recrudecido la versión manipulativa de la opinión pública, pero debemos tener presente su doble dimensión, pues con todos sus riesgos y limitaciones la opinión pública seguirá siendo un mecanismo de legitimación, o deslegitimación, de las autoridades políticas por el futuro previsible.
En el 2006, la opinión pública será el espacio en el que se librará la más cruenta de las batallas de la política panameña. El que cree que esto no es deseable, que recuerde los disturbios en las calles que se escenificaron a propósito de la aprobación de la ley 17. Los gobernantes no sólo tendrán que hacer las cosas bien, sino que tendrán que convencer al público de que las están haciendo bien. Intentar lo primero sin mirar a lo segundo es una torpeza. Dedicarse a lo segundo sin hacer lo primero es suicida, pues la sociedad "no gubernamental" ha mostrado que tiene los recursos para distanciarse de las posiciones oficialistas y generar una crisis de credibilidad que podría ser muy dañina para los proyectos de gobierno, que lógicamente se solapan con los del país.
La firma del TLC con Estados Unidos y la ampliación del Canal son proyectos económicos cruciales para el país; pero para que sean viables, dependen de que el Gobierno tenga una imagen pública robusta. Otra equivocación como la de la Ley 17, en la que se reemplazó la búsqueda del consenso por la propaganda, sería demasiado costosa. Si tomamos en cuenta que todo gobierno tiene su curva de aprendizaje, el de Torrijos podría estar en mejores condiciones que antes para enfrentar estos retos.
