El archivo del caso HP-1430
Por más que la provisionalidad permita la reapertura del expediente en caso de que surjan nuevas evidencias en el futuro, la ciudadanía que desconfía en la Justicia - tal cual lo señalan todas las encuestas -, tendrá en la lamentable decisión un nuevo motivo para dudar de las autoridades y de su capacidad para investigar y juzgar con éxito los delitos.
Hay pruebas de sobra que el helicóptero pertenecía a la flota de la mandataria, hasta tal punto que se fingió su hundimiento accidental en momentos en que se trataba de rescatarlo por parte del Servicio Marítimo Nacional (SMN) luego de un amerizaje forzoso cuando transportaba a parte del personal al servicio de la Presidenta Moscoso.
Hay también pruebas de sobra que la aeronave fue hundida a balazos por razones desconocidas, por órdenes de autoridades del Ejecutivo que incluye al entonces ministro de Gobierno y Justicia, el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora. Hay igualmente pruebas de que había un maletín con dinero en su interior.
Se sabe también plenamente, que el helicóptero pertenecía a un ciudadano colombiano de repentina e inexplicable fortuna, sea a nombre propio o de una compañía anónima. Una hipótesis - que debió haber sido mejor investigada -, decía que el citado ciudadano era una pantalla de un funcionario de este gobierno, quien no podría haber explicado el origen legal de los fondos para semejante gasto.
El expresidente Pérez Balladares ofreció reflotar el helicóptero, pero el Ministerio Público hizo oídos sordos. Tampoco requirió ayuda internacional para hacerlo, pese a que la Fiscal Anticorrupción, Cecilia López, había manifestado su deseo de que se realizara.
La compañía aseguradora pagó la indemnización en tiempo récord, sin que nunca se explicara su prisa satisfactoriamente. Tampoco se investigó los posibles vínculos con la cartera de seguros del gobierno y los corredores oficiales de los suculentos contratos y primas. Nada.
A todo esto, la Presidenta había negado inicialmente todo vínculo con la aeronave e incluso que perteneciera a su flota. Las facturas de consumo de combustible de los depósitos del Servicio Aéreo Nacional terminaron confirmando sin embargo una versión distinta.
El Frente Nacional Contra la Corrupción, sugirió que se pidiera al quebrado Hamilton Bank de Miami, que enviara los documentos de financiamiento y compra de la aeronave para identificar sus dueños, pero no se hizo. ¿Por qué tanta diligencia y dureza en los casos contra periodistas y ciudadanos comunes y tanta laxitud con expedientes tan escandalosos como ese? Algo muy malo está pasando a nuestra justicia de investigación y juzgamiento criminal.
Hay pruebas de sobra que el helicóptero pertenecía a la flota de la mandataria, hasta tal punto que se fingió su hundimiento accidental en momentos en que se trataba de rescatarlo por parte del Servicio Marítimo Nacional (SMN) luego de un amerizaje forzoso cuando transportaba a parte del personal al servicio de la Presidenta Moscoso.
Hay también pruebas de sobra que la aeronave fue hundida a balazos por razones desconocidas, por órdenes de autoridades del Ejecutivo que incluye al entonces ministro de Gobierno y Justicia, el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora. Hay igualmente pruebas de que había un maletín con dinero en su interior.
Se sabe también plenamente, que el helicóptero pertenecía a un ciudadano colombiano de repentina e inexplicable fortuna, sea a nombre propio o de una compañía anónima. Una hipótesis - que debió haber sido mejor investigada -, decía que el citado ciudadano era una pantalla de un funcionario de este gobierno, quien no podría haber explicado el origen legal de los fondos para semejante gasto.
El expresidente Pérez Balladares ofreció reflotar el helicóptero, pero el Ministerio Público hizo oídos sordos. Tampoco requirió ayuda internacional para hacerlo, pese a que la Fiscal Anticorrupción, Cecilia López, había manifestado su deseo de que se realizara.
La compañía aseguradora pagó la indemnización en tiempo récord, sin que nunca se explicara su prisa satisfactoriamente. Tampoco se investigó los posibles vínculos con la cartera de seguros del gobierno y los corredores oficiales de los suculentos contratos y primas. Nada.
A todo esto, la Presidenta había negado inicialmente todo vínculo con la aeronave e incluso que perteneciera a su flota. Las facturas de consumo de combustible de los depósitos del Servicio Aéreo Nacional terminaron confirmando sin embargo una versión distinta.
El Frente Nacional Contra la Corrupción, sugirió que se pidiera al quebrado Hamilton Bank de Miami, que enviara los documentos de financiamiento y compra de la aeronave para identificar sus dueños, pero no se hizo. ¿Por qué tanta diligencia y dureza en los casos contra periodistas y ciudadanos comunes y tanta laxitud con expedientes tan escandalosos como ese? Algo muy malo está pasando a nuestra justicia de investigación y juzgamiento criminal.
