El atraco del Ente
El pasado Gobierno promovió un falso ilusionismo que intentó hacerle creer al común de los panameños que el reino de la prosperidad estaba a nuestras puertas. El actual gobierno ha heredado y practica -con suma complacencia- la misma actitud, sólo que el ilusionismo del arnulfismo es cada vez más un vulgar espejismo. Las formas postmodernistas del autoritarismo civilista se reflejan en el Panamá de hoy en las tarifas de los servicios públicos, las cuales se han convertido en un fuerte dolor de cabeza, un verdadero atraco, disfrazado de toda clase de tecnicismos neoliberales y, especialmente, amparado por una “legalidad’ cada día más rapaz, todo ello gracias a la dedicada labor de los directivos del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Los hogares panameños han visto subir las tarifas de todos los servicios públicos de una u otra manera, recurriendo sus autores y cómplices a uno u otro pretexto. Sin olvidar el costo de la energía, el transporte, el problema del agua y también el costo de la recolección de basuras, el caso de las telecomunicaciones ilustra claramente los extremos y abusos a que somos sometidos los panameños. En efecto, la acelerada y desventajosa “privatización” del INTEL mediante una serie de actos jurídicos de dudosa legalidad y legitimidad, a la cual hay que sumarles las “adendas”, desventajosas también para el ciudadano común, entregaron a la empresa británica Cables & Wireless, entre otras tantas cosas, el monopolio que les permite ser -para los efectos prácticos- los verdaderos dueños y señores de los servicios de comunicación electrónica en nuestro país. ¡Ya hubiesen queridos los corsarios y piratas en los siglos pasados disponer de las ventajosas concesiones de sus epígonos!
Los panameños, se nos dice, tenemos que esperar hasta el año 2003 para que puedan “entrar a competir” nuevas empresas de telecomunicaciones en Panamá. Y digo se nos dice, dado que no han faltado las diligencias y cabildeos con el propósito de lograr que, aunque usted no lo crea, se postergue dicha fecha. Hoy por hoy, las tarifas que pagamos en materia de telecomunicaciones, se encuentran entre las más elevadas del mundo. Esta situación viene afectando enormemente a los hogares panameños de múltiples maneras, dado que se ha restringido la posibilidad real de comunicarse en un mundo en el que la comunicación y la información son factores vitales de la vida cotidiana del ser humano. Baste mencionar el daño irreparable que significa para la educación nacional las tarifas telefónicas. El día que lo cuantifiquemos nuestras lágrimas ahogarán nuestras lamentaciones. Sin embargo, los directivos del Ente Regulador en una descarada colusión con los neopiratas, mantienen a la población panameña en una absoluta desinformación sobre los beneficios que obtendríamos si se acaba de una vez por todas con el monopolio existente y si se agilizara el denominado y demorado “proceso de apertura”. Esta premeditada desinformación es la que permite hacerle creer a los ciudadanos-consumidores que se nos está bridando un “mejor servicio telefónico”, cuando en realidad las tarifas, la calidad y las ventajas del mismo son, a todas luces, un abuso.
Siempre con la complicidad del Ente Regulador, por ejemplo, los neopiratas han mantenido ocultas las características técnicas que rigen sus operaciones de telefonía, de tal manera que las nuevas empresas que quieran entrar a competir se vean obligadas a demorar su inicio de operaciones. Esta desventajosa ventaja, forma parte del atraco del Ente Regulador a los ciudadanos-consumidores quienes, como el eslabón más débil de la cadena, deberán recargar su bolsillo para seguir pagando costosísimas tarifas por el uso del teléfono residencial, los servicios de fax, Internet, pero sobre todo las denominadas “llamadas de larga distancia”, que es donde el monopolio ha encontrado su mina de oro. Así tenemos que centenares de miles de familias se ven obligadas a comunicarse menos, a hablarse menos, a enterarse menos de lo que sucede con sus parientes o amistades radicadas en otro punto de nuestra pequeña geografía nacional, simplemente porque lo directivos de Ente Regulador se han asociado con el monopolio para atracar a los ciudadanos-consumidores. ¡Sale más barato llamar de Nueva York a República Dominicana que de Panamá a Arraiján!
¿Hasta cuándo estaremos los panameños en tan desventajosa situación? ¿Hasta dónde piensan llevarnos? Es necesario recalcar una vez más, que ningún cambio se producirá en beneficio de los consumidores hasta tanto los panameños no tomemos la firme decisión de convertirnos en ciudadanos de nuestro propio país. Sólo así se podrá ponerle coto al atraco y a los atracadores.
(mabernal@sinfo.net)
Creo que hay que ver con claridad las cosas y saber reconocer qué es libertad de expresión, derecho a la información y estar informado, y qué es ejercer una profesión.
Quiero traer un ejemplo, Venezuela, país que también forma parte de todos estos convenios internacionales, tiene una ley que regula el ejercicio del periodismo, una ley que sí le da respeto a los periodistas y la prueba está en estos artículos que transcribo textualmente:
“Artículo 2°. Para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer título de Licenciado en Periodismo, Licenciado por una universidad o título revalidado legalmente”.
“Artículo 3°. Son funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como su coordinación en los medios de comunicación social, impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas”.
¿Podría estar más claro? ¿Se viola con esto la libertad de expresión o el derecho a estar informado? Por el contrario, Venezuela parece ser un país que sí tiene claro lo que es una profesión.
Ahora sólo espero que la Presidenta de la República tome con cautela esta ley que se le ha enviado, que no es más que la voluntad de los dueños de medios de seguir dirigiendo a su antojo al periodismo, colocando como “periodistas” o “papas fritas” en las salas de redacción, y de esa manera evitar la responsabilidad de remunerar como debe ser a un verdadero profesional.
El Colegio Nacional de Periodistas ya ha enviado el mensaje, y cientos de estudiantes están preocupados, pues ¿para qué terminar una carrera que no le garantiza nada al final? El tiempo nos dará la razón, si el hombre no nos la da.
*Miembro Junta Directiva CONAPE
Los hogares panameños han visto subir las tarifas de todos los servicios públicos de una u otra manera, recurriendo sus autores y cómplices a uno u otro pretexto. Sin olvidar el costo de la energía, el transporte, el problema del agua y también el costo de la recolección de basuras, el caso de las telecomunicaciones ilustra claramente los extremos y abusos a que somos sometidos los panameños. En efecto, la acelerada y desventajosa “privatización” del INTEL mediante una serie de actos jurídicos de dudosa legalidad y legitimidad, a la cual hay que sumarles las “adendas”, desventajosas también para el ciudadano común, entregaron a la empresa británica Cables & Wireless, entre otras tantas cosas, el monopolio que les permite ser -para los efectos prácticos- los verdaderos dueños y señores de los servicios de comunicación electrónica en nuestro país. ¡Ya hubiesen queridos los corsarios y piratas en los siglos pasados disponer de las ventajosas concesiones de sus epígonos!
Los panameños, se nos dice, tenemos que esperar hasta el año 2003 para que puedan “entrar a competir” nuevas empresas de telecomunicaciones en Panamá. Y digo se nos dice, dado que no han faltado las diligencias y cabildeos con el propósito de lograr que, aunque usted no lo crea, se postergue dicha fecha. Hoy por hoy, las tarifas que pagamos en materia de telecomunicaciones, se encuentran entre las más elevadas del mundo. Esta situación viene afectando enormemente a los hogares panameños de múltiples maneras, dado que se ha restringido la posibilidad real de comunicarse en un mundo en el que la comunicación y la información son factores vitales de la vida cotidiana del ser humano. Baste mencionar el daño irreparable que significa para la educación nacional las tarifas telefónicas. El día que lo cuantifiquemos nuestras lágrimas ahogarán nuestras lamentaciones. Sin embargo, los directivos del Ente Regulador en una descarada colusión con los neopiratas, mantienen a la población panameña en una absoluta desinformación sobre los beneficios que obtendríamos si se acaba de una vez por todas con el monopolio existente y si se agilizara el denominado y demorado “proceso de apertura”. Esta premeditada desinformación es la que permite hacerle creer a los ciudadanos-consumidores que se nos está bridando un “mejor servicio telefónico”, cuando en realidad las tarifas, la calidad y las ventajas del mismo son, a todas luces, un abuso.
Siempre con la complicidad del Ente Regulador, por ejemplo, los neopiratas han mantenido ocultas las características técnicas que rigen sus operaciones de telefonía, de tal manera que las nuevas empresas que quieran entrar a competir se vean obligadas a demorar su inicio de operaciones. Esta desventajosa ventaja, forma parte del atraco del Ente Regulador a los ciudadanos-consumidores quienes, como el eslabón más débil de la cadena, deberán recargar su bolsillo para seguir pagando costosísimas tarifas por el uso del teléfono residencial, los servicios de fax, Internet, pero sobre todo las denominadas “llamadas de larga distancia”, que es donde el monopolio ha encontrado su mina de oro. Así tenemos que centenares de miles de familias se ven obligadas a comunicarse menos, a hablarse menos, a enterarse menos de lo que sucede con sus parientes o amistades radicadas en otro punto de nuestra pequeña geografía nacional, simplemente porque lo directivos de Ente Regulador se han asociado con el monopolio para atracar a los ciudadanos-consumidores. ¡Sale más barato llamar de Nueva York a República Dominicana que de Panamá a Arraiján!
¿Hasta cuándo estaremos los panameños en tan desventajosa situación? ¿Hasta dónde piensan llevarnos? Es necesario recalcar una vez más, que ningún cambio se producirá en beneficio de los consumidores hasta tanto los panameños no tomemos la firme decisión de convertirnos en ciudadanos de nuestro propio país. Sólo así se podrá ponerle coto al atraco y a los atracadores.
(mabernal@sinfo.net)
Creo que hay que ver con claridad las cosas y saber reconocer qué es libertad de expresión, derecho a la información y estar informado, y qué es ejercer una profesión.
Quiero traer un ejemplo, Venezuela, país que también forma parte de todos estos convenios internacionales, tiene una ley que regula el ejercicio del periodismo, una ley que sí le da respeto a los periodistas y la prueba está en estos artículos que transcribo textualmente:
“Artículo 2°. Para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer título de Licenciado en Periodismo, Licenciado por una universidad o título revalidado legalmente”.
“Artículo 3°. Son funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como su coordinación en los medios de comunicación social, impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas”.
¿Podría estar más claro? ¿Se viola con esto la libertad de expresión o el derecho a estar informado? Por el contrario, Venezuela parece ser un país que sí tiene claro lo que es una profesión.
Ahora sólo espero que la Presidenta de la República tome con cautela esta ley que se le ha enviado, que no es más que la voluntad de los dueños de medios de seguir dirigiendo a su antojo al periodismo, colocando como “periodistas” o “papas fritas” en las salas de redacción, y de esa manera evitar la responsabilidad de remunerar como debe ser a un verdadero profesional.
El Colegio Nacional de Periodistas ya ha enviado el mensaje, y cientos de estudiantes están preocupados, pues ¿para qué terminar una carrera que no le garantiza nada al final? El tiempo nos dará la razón, si el hombre no nos la da.
*Miembro Junta Directiva CONAPE
