¿El cambio llegará a la justicia?
El 22 de septiembre de 1998, las fuerzas de seguridad de las tropas dictatoriales que gobernaban Panamá, me apresaron por tercera vez, como parte de la confrontación que sufrimos durante la lucha que enfrentó el pueblo a través de la Cruzada Civilista Nacional. A diferencia con las otras dos veces anteriores, esta vez, con una seña que nadie pudo explicarse, procedieron, no sólo a aplicarme los procesos de tortura física y mental que conocía por referencias de relatos de anteriores prisioneros, sino a destruir, arrasar y robar todas las pertenencias de mis cinco empresas. Luego de hacerse conocer los rigores de Coiba y los sórdidos calabozos de la Modelo, previo el anuncio: "OK, te hemos arruinado", fui enviado al exilio donde debí sobrevivir y luchar para ver la democracia del tirano.
Tras la invasión norteamericana, al día siguiente del nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación, envié denuncia contra todo los responsables de mi persecución, procediendo a la elaboración de las listas de bienes robados y una descripción de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales ocasionados. Y ahí empezó mi vía crucis legal.
Once años después de haber recorrido todas las instancias judiciales y haber llenado todos los procedimientos reales o caprichos de los togados, me encuentro aún a la espera de una apelación elevada por el actual Ministerio Público contra un fallo a mi favor dictado por el tribunal de justicia, su supuesto cumplimiento de su función de defensor de los intereses del Estado, como si yo no fuera parte de El o fuera su enemigo.
Durante este largo período de tiempo vi desfilar los años del gobierno "civilista" del señor Endara que nunca presentó moción alguna a mi favor sobre la misma Asamblea que, por ley, devolvió los equipos, edificaciones y demás pertenencias de la Editora Panamá América, entre otros merecidos resarcimientos a personas y empresas. He pasado por distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia. Fui humillantemente juzgado y absuelto del delito de "atentar contra la personalidad del Estado" por acusación de la dictadura. Pasé la triste experiencia de haber sido negada mi propia existencia en un informe de un Fiscal. Debí demandar medidas abusivas cometidas por jueces superiores; tuve que esperar años para conocer la posición cambiante de algún magistrado, debí enfrentarme a todas las instancias que existieran o quisieran inventar. Llegué a acogerme a una disposición constitucional, utilizada en decenas de casos, para lograr una transacción y evitar o poner fin al pleito, fórmula aceptada por el presidente Pérez Balladares y que, por cuatro años, paseó entre los despachos de sus ministros, asesores legales y la Procuraduría de la Nación siendo llevada, finalmente, en el orden del día de una de las sesiones del Consejo de Gabinete realizadas en el mes de junio de 1999 y que fuera eliminada porque no contaba con la opinión favorable del Procurador Sossa, quien poco después la daba para lograr una criticada transacción de COFINA, objetada por muchos, pero aceptada por ellos.
Durante estos años de injusticias, he visto indultar a quienes me causaron todo el daño denunciado y que purgaban sentencias y a otros que, escondidos en lujosa sala de un hospital, sin que la ley comprobara su enfermedad, pasaron agachados la pena de cárcel que les dieron. He visto indultar a asesinos y he visto crear una Quinta Sala para supuestamente acelerar la demorada justicia, pero no he visto que se haya movido de la sala de lectura de una magistrada de la Corte Suprema, el fallo de la apelación presentada por el Ministerio Público hace casi dos años, contra el fallo favorable a mi caso. He visto la creación de una Procuraduría de Derechos Humanos y su lucha contra medidas que restan posibilidades de hacer su trabajo. He visto juzgar casos mucho más recientes que el mío y rápidamente liquidarlos por razones más políticas que judiciales.
En fin, durante estos largos once años, he sufrido el desencanto y la desilusión que ha experimentado el resto del pueblo panameño en torno a la justicia. Todos creíamos que llegada la democracia al enorme costo económico, social y político que pagó la Nación reinaría, en toda su geografía y a todos los niveles sociales, la tan esperada justicia como muestra de la libertad alcanzada.
Ante la promesa del nuevo gobierno de ser los gestores del "Cambio" que necesita el país para confianza de sus habitantes, espero que el mismo alcance a la administración de justicia para que podamos creer, finalmente, que algo tan sagrado como la ecuanimidad, servirá honestamente al derecho del ciudadano como parte del Estado que él es, y no como un subordinado de los gobiernos que circunstancialmente rigen a la Nación, sea o no un militante político.
Espero que los gobernantes que hoy usufructúan de una libertad duramente obtenida, no olviden jamás le imagen de millares de panameños que tras el sencillo escudo de un pañuelo blanco, elevaron sus voces por encima de la tropelía militar exigiendo: Justicia, Justicia, Justicia.
Tras la invasión norteamericana, al día siguiente del nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación, envié denuncia contra todo los responsables de mi persecución, procediendo a la elaboración de las listas de bienes robados y una descripción de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales ocasionados. Y ahí empezó mi vía crucis legal.
Once años después de haber recorrido todas las instancias judiciales y haber llenado todos los procedimientos reales o caprichos de los togados, me encuentro aún a la espera de una apelación elevada por el actual Ministerio Público contra un fallo a mi favor dictado por el tribunal de justicia, su supuesto cumplimiento de su función de defensor de los intereses del Estado, como si yo no fuera parte de El o fuera su enemigo.
Durante este largo período de tiempo vi desfilar los años del gobierno "civilista" del señor Endara que nunca presentó moción alguna a mi favor sobre la misma Asamblea que, por ley, devolvió los equipos, edificaciones y demás pertenencias de la Editora Panamá América, entre otros merecidos resarcimientos a personas y empresas. He pasado por distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia. Fui humillantemente juzgado y absuelto del delito de "atentar contra la personalidad del Estado" por acusación de la dictadura. Pasé la triste experiencia de haber sido negada mi propia existencia en un informe de un Fiscal. Debí demandar medidas abusivas cometidas por jueces superiores; tuve que esperar años para conocer la posición cambiante de algún magistrado, debí enfrentarme a todas las instancias que existieran o quisieran inventar. Llegué a acogerme a una disposición constitucional, utilizada en decenas de casos, para lograr una transacción y evitar o poner fin al pleito, fórmula aceptada por el presidente Pérez Balladares y que, por cuatro años, paseó entre los despachos de sus ministros, asesores legales y la Procuraduría de la Nación siendo llevada, finalmente, en el orden del día de una de las sesiones del Consejo de Gabinete realizadas en el mes de junio de 1999 y que fuera eliminada porque no contaba con la opinión favorable del Procurador Sossa, quien poco después la daba para lograr una criticada transacción de COFINA, objetada por muchos, pero aceptada por ellos.
Durante estos años de injusticias, he visto indultar a quienes me causaron todo el daño denunciado y que purgaban sentencias y a otros que, escondidos en lujosa sala de un hospital, sin que la ley comprobara su enfermedad, pasaron agachados la pena de cárcel que les dieron. He visto indultar a asesinos y he visto crear una Quinta Sala para supuestamente acelerar la demorada justicia, pero no he visto que se haya movido de la sala de lectura de una magistrada de la Corte Suprema, el fallo de la apelación presentada por el Ministerio Público hace casi dos años, contra el fallo favorable a mi caso. He visto la creación de una Procuraduría de Derechos Humanos y su lucha contra medidas que restan posibilidades de hacer su trabajo. He visto juzgar casos mucho más recientes que el mío y rápidamente liquidarlos por razones más políticas que judiciales.
En fin, durante estos largos once años, he sufrido el desencanto y la desilusión que ha experimentado el resto del pueblo panameño en torno a la justicia. Todos creíamos que llegada la democracia al enorme costo económico, social y político que pagó la Nación reinaría, en toda su geografía y a todos los niveles sociales, la tan esperada justicia como muestra de la libertad alcanzada.
Ante la promesa del nuevo gobierno de ser los gestores del "Cambio" que necesita el país para confianza de sus habitantes, espero que el mismo alcance a la administración de justicia para que podamos creer, finalmente, que algo tan sagrado como la ecuanimidad, servirá honestamente al derecho del ciudadano como parte del Estado que él es, y no como un subordinado de los gobiernos que circunstancialmente rigen a la Nación, sea o no un militante político.
Espero que los gobernantes que hoy usufructúan de una libertad duramente obtenida, no olviden jamás le imagen de millares de panameños que tras el sencillo escudo de un pañuelo blanco, elevaron sus voces por encima de la tropelía militar exigiendo: Justicia, Justicia, Justicia.
