El cambio prometido

Mañana, uno de julio, Ricardo Martinelli comenzará su andadura como nuevo presidente de Panamá, y tendrá la oportunidad de comenzar a cumplir su promesa de hacer “un cambio”, para el bien del país. En la campaña no se abundó en explicaciones sobre cómo se hará el cambio. Las propuestas electorales, que fue lo que escuchamos durante la campaña tampoco lo precisaron. De hecho, no tenían porqué hacerlo. Las propuestas electorales no son mas que eso, aunque erróneamente se insista, indebidamente, en llamarlas “programas de gobierno”.

El equipo que acompañará al presidente Martinelli, ya es conocido, pues los nombres de sus integrantes se anunciaron apenas se produjo su proclamación. De acuerdo a nuestro sistema de gobierno, el presidente o presidenta es libre de “escoger y remover” a los ministros de Estado. Por consiguiente, al recibir el mandato de la mayoría de los electores, es su derecho decidir a quienes nombra como sus colaboradores; pero dado que muchos de ellos son neófitos en la función pública, por allí tampoco se aclaró el rumbo.

En las últimas fechas, acciones del gobierno saliente han puesto en evidencia problemas que pondrán a prueba al nuevo gobierno, desde el inicio mismo de su gestión. Será crucial, por ejemplo, ver como la nueva administración supera el escollo de la denominada Ley de Descentralización, especialmente cuando muchos de los alcaldes y representantes de la Alianza por el Cambio se resistirán a renunciar las ventajas económicas que les concede esa ley.

Y si la derogación de la Ley de Descentralización es un reto para el nuevo gobierno, también será importante que se aclaren sus motivaciones para copatrocinar la modificación de la mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que sanciona la existencia y el aumento del déficit fiscal. El déficit fiscal no está autorizado por la Constitución. Más bien es lo contrario. Las normas constitucionales, bien entendidas y aplicadas, lo desaprueban.

El déficit fiscal se produce cuando en un año el Estado gasta más de lo que recibe. La Constitución exige que haya balance entre los egresos y los ingresos. Y manda, en el Artículo 275, que cuando los ingresos sean inferiores a lo presupuestado, se “ajuste el gasto”, para restablecer el equilibrio.

Antes que patrocinar una medida fiscal que contribuirá al aumento de la deuda pública, pues todo déficit es endeudamiento que habrá que pagar, hubiera sido más prudente que el nuevo gobierno comience su gestión presentándole al país el “estado real de las finanzas públicas” y si, como ya está comprobado, existe un déficit creado por el gobierno saliente, que se adopte un “plan de ajuste del gasto”, mediante un “programa de austeridad”. En ese sentido, nada hemos escuchado o visto publicado.

La pronta derogación de la llamada Ley de Descentralización, así como la revisión de la decisión de aumentar el déficit, ayudarían a la nueva administración a comenzar con buen pie. Igualmente la ayudaría que no se dilatara la derogación de los decretos-leyes sobre seguridad, que escuchemos pronto el ruido de la anunciada quebrazón de las botellas de la Asamblea y la eliminación de sus excesivos privilegios.

Ojalá, el nuevo presidente, en su discurso inaugural nos traiga detalles concretos sobres su Plan de Gobierno, con metas y cronogramas precisos, que refuercen nuestra esperanza en el cambio prometido.