El camino de la extradición
VINCENZO MANZINI, en su "Tratado de Derecho Penal", manifiesta que la extradición es un particular ordenamiento político jurídico según el cual un Estado provee la entrega de un individuo, imputado o condenado, que se encuentra en su territorio, a otro Estado que quiere proceder penalmente contra el mismo individuo.
Esta sencilla definición refleja lo que se denomina interdependencia jurídica para que triunfe la justicia, especialmente en la presente época donde el delito tiene dimensiones mundiales al haberse globalizado, por lo tanto la justicia debe igualmente globalizarse, para poder neutralizar a tanto factor adverso que atenta al pleno desenvolvimiento de la colectividad.
Guillermo Colín Sánchez, en su libro "Procedimientos para la extradición", dice que la institución en referencia se enmarca en el Derecho Internacional, implementada entre los signantes de un tratado para lograr auxilio o colaboración recíproca, en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o sentenciado por una de las partes (requerida) o para que la otra parte (requirente) provea que la administración de justicia cumpla sus fines y se reprima a la delincuencia.
Por los antecedentes expuestos y como lo reconoce Franklin Barriga Bedoya en su libro "Importancia de la extradición en el Derecho Internacional", bien se puede afirmar que la extradición, que se basa en la mutua colaboración de los gobiernos, es un magnífico brazo de la justicia y una incondicional aliada de la sociedad por ser procedimiento eficaz y efectivo para sancionar debidamente, en especial a quienes cometen crímenes de lesa humanidad.
Luego de una larga batalla legal, fue extraditado desde Colombia a EU el confeso narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, el máximo cabecilla del Cartel de Cali que invadió de droga al planeta. Sólo a la gran nación del Norte envió el 80% de toda la cocaína que allí se consumió. A estas alturas, de nada valen ya las lágrimas de cocodrilo del capo que, en su prisión de Florida, pidió perdón a la juventud estadounidense por el daño que hizo. Con ello, no pueden revivir los millones de muertos, heridos, degradados, que ocasionó, tampoco cambiar el calvario que soportaron los familiares de los adictos.
En Colombia, inyectó dineros sucios en las campañas electorales, sobre todo en la que llevó a la Presidencia de Ernesto Samper donde el término narcodemocracia estuvo de moda. El mafioso compró conciencias de jueces, policías, militares, políticos, periodistas y hasta religiosos, a cambio de impunidad para sus crímenes. Debido a los abundantes y turbios dineros del narcotráfico que fomenta galopante corrupción jamás podía sancionarse como manda la Ley a un sujeto de tanto poderío e influencias.
La estrategia preferida del Cartel de Cali consistió en el soborno. En un operativo realizado por la unidad de élite de la policía colombiana, en un edificio de apartamentos de la capital del Cauca, se confiscó reveladores documentos en los que constan 2800 nombres de personas, sobre todo vinculadas a las áreas de la política y de la justicia, que recibían grandes sumas de dinero del cartel en mención, en calidad de sueldos (coimas). Se comparó la envergadura del Cartel de Cali a una línea aérea de muy amplia cobertura, con numerosos puntos de conexión, siendo los principales Australia, América del Norte, Asia, África, Europa y las naciones de la ex URSS.
La fortuna de Rodríguez Orejuela se calcula en dos millones de dólares. Tuvo el cinismo de reconocer que financió campañas electorales a lo largo de veinte años. Gracias a la ejemplar resolución suscrita por el propio presidente Álvaro Uribe y al recurso de la extradición, el capo pagará por sus atrocidades, al ser juzgado por una justicia vertical e insobornable.
Los países deben firmar o actualizar sus tratados de extradición, en razón de que es un sólido camino para sancionar singularmente a narcotraficantes, terroristas y funcionarios corruptos. Este magnífico mecanismo no vulnera la soberanía ya que se inscribe dentro de lo que estipula el Derecho Internacional; además, fortalece los valores que posibilitan el ascenso de la sociedad y la concertación de esfuerzos transnacionales para tener un mundo mejor.
Esta sencilla definición refleja lo que se denomina interdependencia jurídica para que triunfe la justicia, especialmente en la presente época donde el delito tiene dimensiones mundiales al haberse globalizado, por lo tanto la justicia debe igualmente globalizarse, para poder neutralizar a tanto factor adverso que atenta al pleno desenvolvimiento de la colectividad.
Guillermo Colín Sánchez, en su libro "Procedimientos para la extradición", dice que la institución en referencia se enmarca en el Derecho Internacional, implementada entre los signantes de un tratado para lograr auxilio o colaboración recíproca, en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o sentenciado por una de las partes (requerida) o para que la otra parte (requirente) provea que la administración de justicia cumpla sus fines y se reprima a la delincuencia.
Por los antecedentes expuestos y como lo reconoce Franklin Barriga Bedoya en su libro "Importancia de la extradición en el Derecho Internacional", bien se puede afirmar que la extradición, que se basa en la mutua colaboración de los gobiernos, es un magnífico brazo de la justicia y una incondicional aliada de la sociedad por ser procedimiento eficaz y efectivo para sancionar debidamente, en especial a quienes cometen crímenes de lesa humanidad.
Luego de una larga batalla legal, fue extraditado desde Colombia a EU el confeso narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, el máximo cabecilla del Cartel de Cali que invadió de droga al planeta. Sólo a la gran nación del Norte envió el 80% de toda la cocaína que allí se consumió. A estas alturas, de nada valen ya las lágrimas de cocodrilo del capo que, en su prisión de Florida, pidió perdón a la juventud estadounidense por el daño que hizo. Con ello, no pueden revivir los millones de muertos, heridos, degradados, que ocasionó, tampoco cambiar el calvario que soportaron los familiares de los adictos.
En Colombia, inyectó dineros sucios en las campañas electorales, sobre todo en la que llevó a la Presidencia de Ernesto Samper donde el término narcodemocracia estuvo de moda. El mafioso compró conciencias de jueces, policías, militares, políticos, periodistas y hasta religiosos, a cambio de impunidad para sus crímenes. Debido a los abundantes y turbios dineros del narcotráfico que fomenta galopante corrupción jamás podía sancionarse como manda la Ley a un sujeto de tanto poderío e influencias.
La estrategia preferida del Cartel de Cali consistió en el soborno. En un operativo realizado por la unidad de élite de la policía colombiana, en un edificio de apartamentos de la capital del Cauca, se confiscó reveladores documentos en los que constan 2800 nombres de personas, sobre todo vinculadas a las áreas de la política y de la justicia, que recibían grandes sumas de dinero del cartel en mención, en calidad de sueldos (coimas). Se comparó la envergadura del Cartel de Cali a una línea aérea de muy amplia cobertura, con numerosos puntos de conexión, siendo los principales Australia, América del Norte, Asia, África, Europa y las naciones de la ex URSS.
La fortuna de Rodríguez Orejuela se calcula en dos millones de dólares. Tuvo el cinismo de reconocer que financió campañas electorales a lo largo de veinte años. Gracias a la ejemplar resolución suscrita por el propio presidente Álvaro Uribe y al recurso de la extradición, el capo pagará por sus atrocidades, al ser juzgado por una justicia vertical e insobornable.
Los países deben firmar o actualizar sus tratados de extradición, en razón de que es un sólido camino para sancionar singularmente a narcotraficantes, terroristas y funcionarios corruptos. Este magnífico mecanismo no vulnera la soberanía ya que se inscribe dentro de lo que estipula el Derecho Internacional; además, fortalece los valores que posibilitan el ascenso de la sociedad y la concertación de esfuerzos transnacionales para tener un mundo mejor.
