El campo argentino va a la huelga
Durante tres días en abril los productores argentinos decidieron ir a la huelga. ¿Y qué significa una huelga de productores si son ellos sus propios patrones? En verdad, lo que hicieron fue realizar un paro de protesta contra su "patrón" estatal, absteniéndose de realizar ventas, de enviar granos a los puertos o ganado a los mercados. La situación por la que pasa el agro es fácil de entender. Los precios de los productos agrícolas se han desmoronado a partir de la crisis asiática y se encuentran hoy en los niveles más bajos en años. Los productores, entonces, ven reducidos sus ingresos brutos. Esto no significaría necesariamente que se redujeran sus ingresos netos ya que, si pudieran reducir sus costos podrían mantener cierto grado de rentabilidad.
Es esto lo que no pueden hacer y allí es a donde dirige y principalmente su protesta, en particular por la pesada carga impositiva que el Estado le impone. Nadie duda acerca de la existencia de una crisis internacional, la cual se agravó en este caso a partir de la devaluación de Brasil. Los productores tienen que adaptarse a las nuevas realidades, pero el Estado no lo hace. Simplemente dice que su gasto es "inflexible a la baja", es algo que no se puede modificar y mantiene el pesado volumen de impuestos sobre los productores. Sabido es que los agricultores argentinos son eficientes, pero esa eficiencia tiene un límite y ese límite parece haber sido alcanzado.
Los productores demandan la reducción de los impuestos y también una reducción en los peajes en las rutas. El primero es fácil de comprender; el segundo no solamente es un costo para la comercialización de sus productos sino que plantea además una importante cuestión de equidad: cuando se implementaron los sistemas de peajes en las principales rutas argentinas el mantenimiento de las mismas se financiaba con elevados impuestos a los combustibles. Se introdujo el peaje, pero no se eliminó el impuesto, por lo que se termina pagando por lo mismo dos veces: una vez al cargar combustible y otra al detenerse en la casilla de peaje.
Está claro que lo que se paga en peaje sí se destina al mantenimiento de las rutas y las empresas privadas las han ciertamente mejorado notablemente. Pero, ¿a qué se destina el impuesto al combustible? Pues ciertamente al pozo negro del gasto público general.
Dice el ministro de Economía que "con el campo vamos a hablar de cualquier cosa pero no vamos a revisar las reformas estructurales". Implica que los productores agropecuarios estarían proponiendo el fin de los peajes y del mantenimiento privado de las rutas, pero esto no es así, ya que el mismo efecto puede obtenerse reduciendo o eliminando el impuesto al combustible. Y nadie puede decir que mantener ese impuesto sea una "reforma estructural".
En definitiva, el ministro llama a prenderle una vela al santo y esperar que la situación internacional se componga. Nada hay que se pueda hacer, sólo cabe esperar a que los precios internacionales de los productos agrícolas vuelvan a subir y con ello los productores podrán recuperar la rentabilidad perdida. Es decir, todos tienen que realizar sacrificios menos el gobierno.
Es esto lo que no pueden hacer y allí es a donde dirige y principalmente su protesta, en particular por la pesada carga impositiva que el Estado le impone. Nadie duda acerca de la existencia de una crisis internacional, la cual se agravó en este caso a partir de la devaluación de Brasil. Los productores tienen que adaptarse a las nuevas realidades, pero el Estado no lo hace. Simplemente dice que su gasto es "inflexible a la baja", es algo que no se puede modificar y mantiene el pesado volumen de impuestos sobre los productores. Sabido es que los agricultores argentinos son eficientes, pero esa eficiencia tiene un límite y ese límite parece haber sido alcanzado.
Los productores demandan la reducción de los impuestos y también una reducción en los peajes en las rutas. El primero es fácil de comprender; el segundo no solamente es un costo para la comercialización de sus productos sino que plantea además una importante cuestión de equidad: cuando se implementaron los sistemas de peajes en las principales rutas argentinas el mantenimiento de las mismas se financiaba con elevados impuestos a los combustibles. Se introdujo el peaje, pero no se eliminó el impuesto, por lo que se termina pagando por lo mismo dos veces: una vez al cargar combustible y otra al detenerse en la casilla de peaje.
Está claro que lo que se paga en peaje sí se destina al mantenimiento de las rutas y las empresas privadas las han ciertamente mejorado notablemente. Pero, ¿a qué se destina el impuesto al combustible? Pues ciertamente al pozo negro del gasto público general.
Dice el ministro de Economía que "con el campo vamos a hablar de cualquier cosa pero no vamos a revisar las reformas estructurales". Implica que los productores agropecuarios estarían proponiendo el fin de los peajes y del mantenimiento privado de las rutas, pero esto no es así, ya que el mismo efecto puede obtenerse reduciendo o eliminando el impuesto al combustible. Y nadie puede decir que mantener ese impuesto sea una "reforma estructural".
En definitiva, el ministro llama a prenderle una vela al santo y esperar que la situación internacional se componga. Nada hay que se pueda hacer, sólo cabe esperar a que los precios internacionales de los productos agrícolas vuelvan a subir y con ello los productores podrán recuperar la rentabilidad perdida. Es decir, todos tienen que realizar sacrificios menos el gobierno.
