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El Canal y la Iglesia


Mucha sabiduría hubo en las palabras pronunciadas por el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, durante la celebración de la XXIX Cita Eucarística que tuvo lugar el sábado pasado.
Dijo el alto prelado, que si el Canal no es manejado con equidad y beneficio para todos los panameños, podría convertirse en una fuente de frustración. "El Canal no es patrimonio de un partido político ni de un gobierno en particular", declaró.
Y mientras eso decía, no fue difícil asociar sus palabras con la situación actual, en la que cobra mayor dimensión el hecho de que la primera directiva panameña de la vía, esté controlada por una mayoría de ciudadanos allegados al régimen de turno.
La situación es incluso contraria a los mejores intereses nacionales, porque en estos precisos momentos, arrecian las publicaciones que, en Estados Unidos, cuestionan nuestra capacidad para mantener el Canal alejado de la política. El reciente caso, por ejemplo, de la remoción del inspector del Canal, -un antiguo funcionario de carrera-, arrojó hacia el mundo un mensaje lamentable e inoportuno.
Monseñor Cedeño aludió evidentemente a ese problema, cuando dijo que el manejo de la vía "requiere de una participación de todos los sectores nacionales" -porque el Canal es de todos, no de un determinado sector político-, añadiríamos.
Abogó asimismo el arzobispo por una administración que logre un "uso colectivo de sus beneficios"; lo cual agregamos difícilmente será posible si sus ganancias entran a la caja común para pagar deudas y adquirir otras.
Y por último, aventuró monseñor Cedeño, lo que podría ser su visión de una administración social del Canal de Panamá, cuando dijo que debía promoverse en sus riberas "grandes inversiones", -diríamos que adicionales al Canal mismo, tales como astilleros, instalaciones de servicio marítimo, etc.-que sean un punto de partida para disminuir el desempleo y la pobreza y que no se constituyan en un método sólo para lograr grandes ganancias.
Obsérvese que monseñor no criticó el ánimo de lucro, sino que incluso lo aprueba, en la medida que brinde oportunidad a otros para conseguir empleos y salir de la pobreza, lo cual constituye un claro pronunciamiento sobre la función social del mercado, el cual debe ser seriamente ponderado y atendido por las futuras administraciones del país.




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