El Canal y la soberanía económica
Cuando en 1971 fui invitado por Omar Torrijos a participar como asesor del gobierno en las negociaciones para un nuevo Tratado del Canal con los Estados Unidos, abogué para que en los reclamos panameños se hiciera énfasis en la soberanía permanente de la República de Panamá sobre sus recursos naturales. Entre estos destacamos nuestra posición geográfica y el paso interoceánico que sólo es viable mediante la utilización de las aguas de la cuenca hidrográfica del Rió Chagres. Nuestra argumentación en los foros internacionales, para sorpresa de muchos, era hacerles entender que el Canal de Panamá, nuestro Canal, era y es un canal de agua dulce, de agua fresca de los ríos panameños, que por cada buque que hace el tránsito interoceánico derrama al mar 52 millones de galones del precioso líquido.
Proclamar como lo hacíamos, que nuestro empeño de poner fin al enclave colonial se apoyaba en la doctrina de la soberanía económica, prohijada por las Naciones Unidas, tuvo un efectivo impacto en el logro de las reivindicaciones panameñas. Transcurridas tres décadas, es legítimo que la ciudadanía tenga presente que la soberanía que invocábamos entonces no se circunscribía, como no se circunscribe ahora, a la región metropolitana de las provincias de Panamá y Colón, sino que es una soberanía compartida por todos los panameños, que alcanza del uno al otro confín de la República.
Es una soberanía económica, a la vez política y social. El postulado constitucional que consagra que el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la nación panameña, no es una manifestación retórica. Es la consagración del derecho natural que tienen los hombres, mujeres y niños en toda la extensión nacional, en cada una de las provincias, comarcas y comunidades del país a disfrutar tanto de los beneficios económicos como del derecho a opinar, a debatir y a tener voz y voto en las decisiones que a cualquier nivel corresponda adoptar sobre el destino y los proventos de nuestras riquezas y recursos naturales y, muy particularmente del Canal Interoceánico.
El sueño de perfeccionar la soberanía y la independencia de la República acariciado por muchas generaciones de panameños, se vio realizado el 31 de diciembre de 1999, cuando por virtud de los Tratados Torrijos-Carter, el Canal y su zona adyacente fueron reivindicados y transferidos a la plena soberanía y jurisdicción de Panamá. Sin embargo, prominentes panameños y panameñas de distintos sectores sociales, económicos y políticos opinan que si bien, el Canal es administrado eficientemente y funciona halagadoramente a satisfacción de las empresas navieras, de las grandes flotas marítimas, del transporte y del comercio internacional, no se ha visto, hasta ahora, que el Canal se haya acoplado, a juicio de opiniones autorizadas, al desarrollo integral del país.
En los últimos tiempos el tema de la modernización del Canal y de su posible ampliación, ha ocupado la atención de los medios de comunicación. En este escenario pareciera filtrarse que hay criterios o actitudes propias de los funcionarios responsables de la Autoridad del Canal que no ocultan su deseo de transmitir a la gente que ellos actúan con acento de hecho cumplido y de "cosa juzgada", a pesar de que es público y notorio de que hasta ahora no se cuenta con un estudio actualizado de ingeniería ni de un estudio contable de mercadeo que sirva de sustentación a un determinado curso de acción.
Muestra de la carencia de estudios apropiados, por ejemplo, en la esfera de la Ingeniería lo ofrece el hecho de que es ahora que la Autoridad del Canal, suscribió el 17 de octubre de 2001 (La Prensa, 17-10-01), un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos "para el diseño de cuatro configuraciones de esclusas post Panamax para el Atlántico y el Pacífico", conforme explicó el director de la Oficina de Proyectos de Capacidad del Canal, Agustín Arias. Este contrato, se ha sabido, que forma parte de un acuerdo de cooperación entre la Autoridad del Canal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano, entidad de reputación mundial vinculada históricamente a la construcción del Canal desde los inicios del siglo pasado.
La contratación de la Autoridad del Canal con un ente gubernamental extranjero resulta ser sui-generis, ya que la ACP asume facultades cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a la Presidenta de la República. Porque si bien la Autoridad del Canal tiene la potestad de celebrar contratos con profesionales o empresas privadas, no gubernamentales, es evidente que no tiene facultades para celebrar contratos con agencias de gobiernos extranjeros, como es el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
El proceder anotado implica una infracción constitucional. Al tenor del Ordinal 9 del Artículo 179 de la Constitución Política, es función privativa de la Presidenta de la República, con la participación del Canciller, dirigir las relaciones exteriores, celebrar contratos, convenios o tratados con Estados extranjeros y las agencias gubernamentales de los mismos. El hecho es sumamente serio. La acción no reviste transparencia. No hay razón alguna para que no se respete el ordenamiento constitucional. Para la ciudadanía es importante que se de a la publicidad el texto de las especificaciones consignadas en el contrato con el Cuerpo de Ingenieros para el diseño de las configuraciones de esclusas post Panamax.
Pocos días después de la reunión efectuada el 16 octubre de 2001, por el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta con el equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, los medios de información (El Universal, 28-10-01) dieron a conocer que el 26 de octubre el ministro de Economía, Norberto Delgado, había anunciado en Washington, la ampliación y modernización del Canal de Panamá por valor de B/.4 mil millones. Las reacciones que se producen son contradictorias. La confusión es patente.
Los directivos de la Autoridad del Canal, manifestaron con acento negativo que "habían sido sorprendidos con el programa de ampliación del Canal anunciado por Delgado, pues el proyecto está actualmente en estudio y aún falta por determinar las fuentes de financiamiento y los trabajos que se tendrán que realizar para garantizar la operación del nuevo juego de esclusas."
Nos preguntamos, hasta dónde es creíble la declaración negativa de estos directivos que, por una parte, muestran sorpresa y desconocimiento y, por la otra, aluden concretamente a "la operación del nuevo juego de esclusas." Curiosamente, en la misma fecha, otro órgano de la prensa local (El Panamá América, 28-10-01) le dio un gran despliegue, con acento positivo, a la noticia que tituló "Tercer Juego de Esclusas entre mejores opciones." Se trataba de una información muy concreta proveniente, no ya de los Directivos del Canal, sino de la esfera administrativa del Canal. Oficialmente declaró el director de Operaciones Marítimas, Jorge Quijano, funcionario subalterno del administrador Alberto Alemán Zubieta, que "el tercer juego de esclusas es la más prometedora de todas las opciones que se analizan para ampliar el Canal de Panamá."
Sin entrar en contradicción con el Ministro Delgado, pero abordando el tema a profundidad, Quijano precisó que aún los estudios se siguen realizando, porque todavía no se ha definido cuál es el precio ni el concepto en sí del proyecto de ampliación. "Estamos definiendo -dijo- la infraestructura que se va a necesitar y eso tiene que terminarse para tener algo más apegado a la realidad y entonces buscar financiamiento, pero el Gobierno sí está interesado en realizar la obra". El Director de Operaciones Marítimas del Canal detalló que aún no existe nada definido sobre el financiamiento, pero los estudios preliminares indican que el proyecto en su totalidad costará entre 4 mil o B/.4,500 millones.
Para cualquier panameño o panameña medianamente inteligente, esta declaración de un funcionario de la Administración del Canal se compagina con el monto de la partida de B/.4,000 millones que el Ministro Delgado le asignó en Washington como valor de un programa para la modernización de la vía acuática. ¿En qué se fundó el Ministro Delgado para llegar a esta suma de B/.4,000 millones? Es lógico preguntarse también, ¿en qué se basa el Director de Operaciones Marítimas del Canal para señalar que "el proyecto en su totalidad costará entre 4 mil o B/.4,500 millones"? Al menos dice que esta cifra se deriva de "estudios preliminares," y aunque no expresa cuáles son esos estudios, se lanza a señalar que "es viable realizar el proyecto por etapas y la primera costaría alrededor de B/.3,000 millones."
Frente a las declaraciones nada convincentes a que hacemos referencia, que ponen de relieve dudas, contradicciones y falta de transparencia, todo el mundo debe sentirse libre de opinar, siempre que lo haga de buena fe y anteponiendo el interés nacional a todo interés subalterno. El debate debe ser abierto, sin quebrantar el orden jurídico ni alentar la irresponsabilidad. En los temas del Canal hay que promover la aspiración de que Panamá evolucione, crezca y se fortalezca política, económica y culturalmente como un Estado moderno, integrado y democrático.
Proclamar como lo hacíamos, que nuestro empeño de poner fin al enclave colonial se apoyaba en la doctrina de la soberanía económica, prohijada por las Naciones Unidas, tuvo un efectivo impacto en el logro de las reivindicaciones panameñas. Transcurridas tres décadas, es legítimo que la ciudadanía tenga presente que la soberanía que invocábamos entonces no se circunscribía, como no se circunscribe ahora, a la región metropolitana de las provincias de Panamá y Colón, sino que es una soberanía compartida por todos los panameños, que alcanza del uno al otro confín de la República.
Es una soberanía económica, a la vez política y social. El postulado constitucional que consagra que el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la nación panameña, no es una manifestación retórica. Es la consagración del derecho natural que tienen los hombres, mujeres y niños en toda la extensión nacional, en cada una de las provincias, comarcas y comunidades del país a disfrutar tanto de los beneficios económicos como del derecho a opinar, a debatir y a tener voz y voto en las decisiones que a cualquier nivel corresponda adoptar sobre el destino y los proventos de nuestras riquezas y recursos naturales y, muy particularmente del Canal Interoceánico.
El sueño de perfeccionar la soberanía y la independencia de la República acariciado por muchas generaciones de panameños, se vio realizado el 31 de diciembre de 1999, cuando por virtud de los Tratados Torrijos-Carter, el Canal y su zona adyacente fueron reivindicados y transferidos a la plena soberanía y jurisdicción de Panamá. Sin embargo, prominentes panameños y panameñas de distintos sectores sociales, económicos y políticos opinan que si bien, el Canal es administrado eficientemente y funciona halagadoramente a satisfacción de las empresas navieras, de las grandes flotas marítimas, del transporte y del comercio internacional, no se ha visto, hasta ahora, que el Canal se haya acoplado, a juicio de opiniones autorizadas, al desarrollo integral del país.
En los últimos tiempos el tema de la modernización del Canal y de su posible ampliación, ha ocupado la atención de los medios de comunicación. En este escenario pareciera filtrarse que hay criterios o actitudes propias de los funcionarios responsables de la Autoridad del Canal que no ocultan su deseo de transmitir a la gente que ellos actúan con acento de hecho cumplido y de "cosa juzgada", a pesar de que es público y notorio de que hasta ahora no se cuenta con un estudio actualizado de ingeniería ni de un estudio contable de mercadeo que sirva de sustentación a un determinado curso de acción.
Muestra de la carencia de estudios apropiados, por ejemplo, en la esfera de la Ingeniería lo ofrece el hecho de que es ahora que la Autoridad del Canal, suscribió el 17 de octubre de 2001 (La Prensa, 17-10-01), un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos "para el diseño de cuatro configuraciones de esclusas post Panamax para el Atlántico y el Pacífico", conforme explicó el director de la Oficina de Proyectos de Capacidad del Canal, Agustín Arias. Este contrato, se ha sabido, que forma parte de un acuerdo de cooperación entre la Autoridad del Canal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano, entidad de reputación mundial vinculada históricamente a la construcción del Canal desde los inicios del siglo pasado.
La contratación de la Autoridad del Canal con un ente gubernamental extranjero resulta ser sui-generis, ya que la ACP asume facultades cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a la Presidenta de la República. Porque si bien la Autoridad del Canal tiene la potestad de celebrar contratos con profesionales o empresas privadas, no gubernamentales, es evidente que no tiene facultades para celebrar contratos con agencias de gobiernos extranjeros, como es el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
El proceder anotado implica una infracción constitucional. Al tenor del Ordinal 9 del Artículo 179 de la Constitución Política, es función privativa de la Presidenta de la República, con la participación del Canciller, dirigir las relaciones exteriores, celebrar contratos, convenios o tratados con Estados extranjeros y las agencias gubernamentales de los mismos. El hecho es sumamente serio. La acción no reviste transparencia. No hay razón alguna para que no se respete el ordenamiento constitucional. Para la ciudadanía es importante que se de a la publicidad el texto de las especificaciones consignadas en el contrato con el Cuerpo de Ingenieros para el diseño de las configuraciones de esclusas post Panamax.
Pocos días después de la reunión efectuada el 16 octubre de 2001, por el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta con el equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, los medios de información (El Universal, 28-10-01) dieron a conocer que el 26 de octubre el ministro de Economía, Norberto Delgado, había anunciado en Washington, la ampliación y modernización del Canal de Panamá por valor de B/.4 mil millones. Las reacciones que se producen son contradictorias. La confusión es patente.
Los directivos de la Autoridad del Canal, manifestaron con acento negativo que "habían sido sorprendidos con el programa de ampliación del Canal anunciado por Delgado, pues el proyecto está actualmente en estudio y aún falta por determinar las fuentes de financiamiento y los trabajos que se tendrán que realizar para garantizar la operación del nuevo juego de esclusas."
Nos preguntamos, hasta dónde es creíble la declaración negativa de estos directivos que, por una parte, muestran sorpresa y desconocimiento y, por la otra, aluden concretamente a "la operación del nuevo juego de esclusas." Curiosamente, en la misma fecha, otro órgano de la prensa local (El Panamá América, 28-10-01) le dio un gran despliegue, con acento positivo, a la noticia que tituló "Tercer Juego de Esclusas entre mejores opciones." Se trataba de una información muy concreta proveniente, no ya de los Directivos del Canal, sino de la esfera administrativa del Canal. Oficialmente declaró el director de Operaciones Marítimas, Jorge Quijano, funcionario subalterno del administrador Alberto Alemán Zubieta, que "el tercer juego de esclusas es la más prometedora de todas las opciones que se analizan para ampliar el Canal de Panamá."
Sin entrar en contradicción con el Ministro Delgado, pero abordando el tema a profundidad, Quijano precisó que aún los estudios se siguen realizando, porque todavía no se ha definido cuál es el precio ni el concepto en sí del proyecto de ampliación. "Estamos definiendo -dijo- la infraestructura que se va a necesitar y eso tiene que terminarse para tener algo más apegado a la realidad y entonces buscar financiamiento, pero el Gobierno sí está interesado en realizar la obra". El Director de Operaciones Marítimas del Canal detalló que aún no existe nada definido sobre el financiamiento, pero los estudios preliminares indican que el proyecto en su totalidad costará entre 4 mil o B/.4,500 millones.
Para cualquier panameño o panameña medianamente inteligente, esta declaración de un funcionario de la Administración del Canal se compagina con el monto de la partida de B/.4,000 millones que el Ministro Delgado le asignó en Washington como valor de un programa para la modernización de la vía acuática. ¿En qué se fundó el Ministro Delgado para llegar a esta suma de B/.4,000 millones? Es lógico preguntarse también, ¿en qué se basa el Director de Operaciones Marítimas del Canal para señalar que "el proyecto en su totalidad costará entre 4 mil o B/.4,500 millones"? Al menos dice que esta cifra se deriva de "estudios preliminares," y aunque no expresa cuáles son esos estudios, se lanza a señalar que "es viable realizar el proyecto por etapas y la primera costaría alrededor de B/.3,000 millones."
Frente a las declaraciones nada convincentes a que hacemos referencia, que ponen de relieve dudas, contradicciones y falta de transparencia, todo el mundo debe sentirse libre de opinar, siempre que lo haga de buena fe y anteponiendo el interés nacional a todo interés subalterno. El debate debe ser abierto, sin quebrantar el orden jurídico ni alentar la irresponsabilidad. En los temas del Canal hay que promover la aspiración de que Panamá evolucione, crezca y se fortalezca política, económica y culturalmente como un Estado moderno, integrado y democrático.
