Se trata de años de desidia y de chantaje en el transporte público en general. Los problemas no se solucionan con que los taxistas se suban en la ola de la modernidad y se digitalicen.
El presidente Laurentino Cortizo optó por la sensatez al anunciar que el Ejecutivo no pretende desafiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara legal el cobro en efectivo de las plataformas digitales que prestan el servicio de transporte selectivo en el país. Eso disipa muchos temores que había en el ambiente de que el Ejecutivo atentaría directamente contra la institucionalidad, si pasaba por encima del Órgano Judicial.
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Sin embargo, aún falta que Cortizo acate el mandato del soberano, el pueblo, que exige que, de una vez por todas, se ponga orden en el transporte público panameño. La coyuntura es propicia para ello. El Gobierno no debe seguir el diálogo que montó con el sector transportista sin la presencia de los usuarios, que son el objeto y el sujeto del servicio. Las personas que se ven obligadas a usar taxis son sometidas a toda clase de vejámenes y es hora ya de que su voz sea escuchada.
Se trata de años de desidia y de chantaje en el transporte público en general. Los problemas no se solucionan con que los taxistas se suban en la ola de la modernidad y se digitalicen. Hay que acabar con el "no voy", con el cobro arbitrario de tarifas, con las groserías y con los asaltos y violaciones sexuales. Nada tiene sentido si el Gobierno insiste en complacer a gremios que han fallado durante años.
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