La infame propuesta de la Cámara de Comercio contra la seguridad social

Desde hace ya algún tiempo la Cámara de Comercio ha venido proponiendo dividir a la Caja de Seguro Social (CSS) en dos, generando una institución que atienda exclusivamente las prestaciones de salud y otra dedicada a atender lo que ahora es el programa de Invalidez Vejez y Muerte. Se trata, a nuestro juicio, de una propuesta errónea, fraguada en los intereses de los sectores financieros dominantes del país, avalada por algunos economistas poco conocedores de la materia, que les sirven de tontos útiles.

Para comprender lo descabellado de esta propuesta vale la pena recordar dos de los principios ampliamente reconocidos sobre los que se sostiene la seguridad social como un derecho humano, tal como lo reconoce en el artículo 22 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El primero de estos principios es el que se refiere a la integralidad, que se expresa, entre otras cosas, en la necesidad de cubrir todas las contingencias que afecten la salud, la capacidad económica y en general todas las condiciones de vida de la población. El segundo principio es el de la Unidad, que en la actual Ley Orgánica de la CSS se define de la siguiente manera: "la armonización de los componentes financieros, administrativos y legislativos que protejan al asegurado y sus dependientes del conjunto de las contingencias establecidas en esta Ley."

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Con base a estos dos principios los programas de la CSS contemplan al mismo tiempo aspectos financieros, que se expresan en las prestaciones económicas, así como aspectos que tienen que ver con las prestaciones de salud. Es así, por ejemplo, que el programa de enfermedad y maternidad debe entregar a una asegurada embarazada el subsidio de maternidad (prestación económica), así como la atención médica (prestación de salud). Así mismo, un trabajador asegurado que sufra un riesgo laboral deberá recibir una prestación económica, junto a la atención de salud. Más aún, en el programa de IVM solo una junta médica puede declarar que un asegurado posee una condición de incapacidad que le dé al mismo el derecho a una pensión por discapacidad (prestación económica).

Romper con los principios de integralidad y unidad, tal como quiere la Cámara de Comercio, trae consigo varios perjuicios.

En primer lugar elevará el costo de la seguridad social, ya que se tendrían dos juntas directivas, dos directores generales, dos aparatos para el cobro de las cuotas, dos sistemas de administración, etcétera.

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Desde el punto de vista del asegurado este vería complicada sus posibilidades de recibir su atención. Nos podemos imaginar a una asegurada haciendo dos filas en dos instituciones distintas, en una para recibir su prestación de salud, en otra para tratar de lograr su prestación económica. De hecho en la propuesta de la Cámara de Comercio contenida en su Agenda País 2019 – 2024 el Programa de Riesgos Profesionales queda en el limbo (p. 16).

De lo anterior surge una pregunta: ¿cuál es el motivo oculto de una propuesta tan descabellada? La respuesta obvia es que se trata de la promoción de los intereses de los sectores económicamente dominantes.

En efecto, es fácil advertir que detrás de todo esto se está buscando construir un negocio de salud, vía la externalización de los servicios de la CSS, así como un negocio de capitalización de las reservas de esta institución. En este último caso las reservas seguirían siendo públicas, pero el manejo estaría en manos de la empresa privada. Esto último probablemente les significaría a estas un ingreso anual de más de B/. 80 millones. La captura administrativa de la nueva institución la asegurarían eliminando a los trabajadores de la nueva junta directiva.

Estamos, entonces, frente a una propuesta que todo buen ciudadano debe repudiar.