El caso Arrocha
Las garantías procesales no se crearon para proteger a los delincuentes sino a los inocentes. El debido proceso busca evitar que el apuro y las meras percepciones produzcan la condena de una persona que no ha violado la Ley o que, habiéndola violado en una forma, no lo haya hecho en otras de las que se le acusa.
Para tal efecto, se establecen una serie de tiempos y oportunidades en el proceso para que el acusado pueda defenderse adecuadamente. Es más, todos los sistemas garantistas prefieren a tener cien culpables libres que un inocente preso, por lo que si hay una ventaja, normalmente es para el acusado.
Para los que nos desempeñamos en la comunicación social, es muy difícil comprender la parsimonia con la que se desempeña la justicia, sobre todo en casos de confesión pública, y, por deformación profesional, debemos dudar de todo lo que vemos y oímos para poder encontrar la verdad a comunicar. Pero, por ese mismo compromiso con la verdad, no podemos desbocarnos en linchamientos mediáticos ni en adosarle a un delincuente delitos adicionales que no cometió. Es muy difícil encontrar el balance entre la importante y saludable función de exigir justicia expedita y las llamadas "expediciones de pesca".
Un caso muy sonado recientemente es el del ex magistrado Dulio Arrocha. Si bien las evidencias que hemos conocido indican que su diploma de abogado habría sido falsificado, todo indica que el diploma de postgrado no lo fue. También hay que precisar que, si bien su nombramiento fue realizado tomando como bueno un diploma que se ha tachado de falsificado, el mismo y sus posteriores promociones, se realizaron dentro de los procedimientos ordinarios.
Acusar al ex magistrado Arrocha de falsificación de documentos y de otros delitos contra la fe pública puede estar justificado, pero agregar el de usurpación de funciones y el de peculado no corresponde con la situación del imputado. La Corte Suprema ha actuado bien, separando una cosa de la otra. Así se sirve mejor a la justicia, aunque mediáticamente no siempre sea comprendido.
Para tal efecto, se establecen una serie de tiempos y oportunidades en el proceso para que el acusado pueda defenderse adecuadamente. Es más, todos los sistemas garantistas prefieren a tener cien culpables libres que un inocente preso, por lo que si hay una ventaja, normalmente es para el acusado.
Para los que nos desempeñamos en la comunicación social, es muy difícil comprender la parsimonia con la que se desempeña la justicia, sobre todo en casos de confesión pública, y, por deformación profesional, debemos dudar de todo lo que vemos y oímos para poder encontrar la verdad a comunicar. Pero, por ese mismo compromiso con la verdad, no podemos desbocarnos en linchamientos mediáticos ni en adosarle a un delincuente delitos adicionales que no cometió. Es muy difícil encontrar el balance entre la importante y saludable función de exigir justicia expedita y las llamadas "expediciones de pesca".
Un caso muy sonado recientemente es el del ex magistrado Dulio Arrocha. Si bien las evidencias que hemos conocido indican que su diploma de abogado habría sido falsificado, todo indica que el diploma de postgrado no lo fue. También hay que precisar que, si bien su nombramiento fue realizado tomando como bueno un diploma que se ha tachado de falsificado, el mismo y sus posteriores promociones, se realizaron dentro de los procedimientos ordinarios.
Acusar al ex magistrado Arrocha de falsificación de documentos y de otros delitos contra la fe pública puede estar justificado, pero agregar el de usurpación de funciones y el de peculado no corresponde con la situación del imputado. La Corte Suprema ha actuado bien, separando una cosa de la otra. Así se sirve mejor a la justicia, aunque mediáticamente no siempre sea comprendido.
